"Quien tal vez ha cometido algún delito es quien haya realizado falso testimonio", dice
Álvarez Raja ha publicado un artículo en el periódico regional asturiano El Comercio, en el que relata detalladamente su versión de todo lo ocurrido, incluidas las "coacciones y amenazas" que recibió cuando estaba negociando su divorcio, tras un matrimonio que "se acaba de extinguir cuando ella comienza, el día 9 de agosto de 2010, una nueva relación de pareja con un compañero de trabajo".
Afirma que cuando el juez estimó posible un régimen de custodia compartida de la hija, se "materializa la amenaza" y el día 5 de enero la mujer alegó violencia de género, maltrato psicológico y un hematoma en la zona sacra. "El mas rápido de la historia y eso en una zona de baja capilaridad. Es mentira", sostiene Raja. No obstante, narra que fue detenido cuando estaba en casa de sus padres y que durmió en un calabozo, "en una colchoneta sobre una cama de cemento", comenta, insistiendo en que nunca olvidará esa noche de Reyes.
"Yo tengo la conciencia muy tranquila, la mirada limpia y espero que dentro de 40 días se sepa la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", dice Raja, que afirma que es inocente. "Tengo mi palabra, los testimonios, las pruebas e informes periciales suficientes que lo avalan. Quien tal vez ha cometido algún delito es quien haya realizado falso testimonio", finaliza.
En la primavera de 2010, mi relación matrimonial entra en una crisis por causas desconocidas y que hoy ya no merece la pena ni analizar. Agua pasada no mueve molinos. Dicho matrimonio, ya casi roto, se acaba de extinguir cuando ella comienza, el día 9 de agosto de 2010, una nueva relación de pareja con un compañero de trabajo. Sin embargo, en el mes de septiembre se hacen varios intentos para reconducir la situación, arreglar las cosas, cuando aún no habíamos cumplido cuatro años de casados y teníamos una niña a punto de llegar a los tres años.
En octubre se da definitivamente por finalizada la relación. Se comienza a negociar un convenio regulador de divorcio, pero las posiciones de las partes están tan alejadas que se hace imposible, teniendo que ir a un contencioso. Yo pedía una condición 'sine qua non' relativa a la custodia compartida de la niña, a lo que mi excónyuge y su familia, muy especialmente su madre y su hermana, se negaban rotundamente.
En el mes de noviembre, tras múltiples coacciones y amenazas, decido salir del domicilio conyugal para evitar lo que, a la postre, sucedió. Ese mismo mes, mi ex cónyuge (Irene Gabriela Mier Rodríguez) y su abogada (María García Freile, esposa del que fuera concejal y compañero mío de Corporación en Gijón, Álvaro Díaz Huici), con la aquiescencia, apoyo y colaboración de madre (Victoria Rodríguez) y hermana (Alejandra Mier) presentan una demanda de divorcio contencioso. Las cuatro mujeres referidas son militantes del PSOE de Gijón. El resumen de la demanda de divorcio es el siguiente:
-Guardia y custodia para la madre, pese a trabajar en Oviedo, mañana y tarde, y tener disponibilidad de horarios y viajes relacionados con su trabajo en Madrid y en Bruselas.
-Pensión de alimentos para la niña de 3 años de 1.000 euros al mes.
-Pensión compensatoria para ella de 800 euros al mes (y eso que mi excónyuge trabaja y gana netos mensuales, en 14 pagas, más de 1.500 euros).
-Uso y disfrute del chalé de Vega para ella, pero que debería ser abonado por el esposo. Actualmente la letra hipotecaria es de más de 1.200 euros mensuales.
-Gastos extraordinarios, el 70% para el padre.
-Régimen de visitas: fines de semana alternos, de viernes, a las 16 horas, a domingo, a las 20 horas, más una tarde a la semana. Las entregas y recogidas se harán en el domicilio familiar (y eso con el miedo que me tenía).
-Condena a costas si me opusiera a la demanda.
-Para levantamiento de cargas familiares, mientras se dicte sentencia, 1.500 euros al mes.
Tengo que reseñar que mi última nómina, neta de impuestos y deducciones, es de menos de 2.400 euros y que en el IRPF individual de este año me salió a pagar 1.400 euros. Si a esos ingresos le restamos unos gastos dimanantes de la demanda de divorcio serían 1.000+800+1.200=3.000, menos 2.400 de ingresos, el resultado sería negativo en 600 euros al mes.
Se señala juicio civil en el Juzgado de Familia número 8 para el 21 de diciembre, del que es titular el juez Campo Izquierdo. Oídas las partes, sus alegaciones y pruebas, el juez estima posible el régimen de custodia compartida, para lo que acuerda que se realice informe del equipo psicosocial del juzgado a celebrar en febrero, al que sólo acudo yo.
El día 5 de enero de 2011, se materializa la amenaza, alegando violencia de género, maltrato sicológico y un hematoma en la zona sacra (parte baja de la espalda), el más rápido de la historia y eso en una zona de baja capilaridad. Es mentira. De todas formas, esa misma noche soy detenido por dos agentes de la Guardia Civil en el domicilio de mis padres, de más de 70 años y con 50 primaveras a la espalda de casados, 3 hijos y 3 nietas. Soy conducido al cuartel de Contrueces, me toman declaración, me hacen fotos, registran mis huellas dactilares y mi ADN. Duermo en un calabozo de menos de 2x2 metros, en una colchoneta sobre una cama de cemento. Es el protocolo, aunque no lo que estipula taxativamente la ley, que dice que tendrán que valorar el riesgo. Nunca olvidaré esa noche de Reyes, para mí muy importante y simbólica.
El día 6 de enero de 2011, por la mañana, paso a disposición del Juzgado de Guardia, a cargo ese día del magistrado Juan Laborda Cobo. Me trasladan en coche policial a los juzgados de Poniente. Estoy detenido, y espero durante más de tres horas en una celda de 3x4 metros, blanca, aislada, solo, sin agua ni comunicación alguna. Parecía un manicomio. Pasado el mediodía, el juez me toma declaración y decreta mi libertad provisional, sin fianza, ni orden de alejamiento, ni protección de la supuesta víctima, «puesto que no se aprecia que existan indicios fundados de haberse perpetrado el hecho punible que se relata en la denuncia». Recojo mis pertenencias, firmo diversos actas y papeles, y salgo a pie hacia la libertad, donde me esperan mis familiares y amigos, mientras en los pasillos de los juzgados se escucha por parte de mi excónyuge, su abogada y su hermana frases como: «Este juez es un prevaricador», «quieren matarla», etcétera. De todo ello, hay testigos presenciales. Esa tarde, día de Reyes, mi excónyuge, su hermana y su abogada acuden a la mayor parte de los medios de comunicación de la ciudad (actitud muy propia de una maltratada), para poner en su conocimiento su versión de lo sucedido, mientras la madre dirige la operación desde casa, por teléfono (sé a quién llamó, qué dijo, etcétera. Entre otros a Paz Fernández Felgueroso, a Javier Fernández y a José Manuel Sariego).
El día siguiente, 7 de enero, mi excónyuge y su abogada apelan el auto del juez en unos términos que califican por sí solos su actuación. Cabe mencionar que la custodia compartida no está permitida en caso de una causa penal abierta, que con la nueva legislación los divorcios contenciosos penales pasan al juzgado especial de violencia de género y que, de hecho, se produce una disputa de competencias sobre la resolución del divorcio que no se aclararía hasta el mes de mayo mediante fallo de la Audiencia Provincial. Dicho «recurso de apelación por la representación procesal de Irene G. M. R. y adhesión del Ministerio Fiscal» es desestimado por la Audiencia Provincial el día 25 de marzo, «confirmando íntegramente el auto de fecha 6/1/2011».
Llega febrero y acudo, como así había acordado el juez de Familia al equipo psicosocial, para la valoración sobre la custodia compartida. Ella, ni se disculpa ni se presenta, desoyendo y contraviniendo manifiestamente la orden del juez.
El día 31 de marzo. El fiscal, despachando el trámite previsto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicita juicio oral, formula escrito de acusación y propone entre otras penas: prisión de once meses con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, es decir, que no me hubiera podido presentar a las elecciones.
El día 27 de abril, mi ex cónyuge y su abogada presentan el escrito de acusación particular y solicitan, entre otras penas, treinta meses e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo. El día 13 de mayo, la Audiencia Provincial acuerda resolver la cuestión de competencia sobre el divorcio contencioso y devuelve el juicio al número 8 de Familia, por haberse iniciado el procedimiento en el mismo. En el mes de junio, el Juzgado número 8, del juez Campo Izquierdo, retoma el divorcio y ordena la comparecencia inmediata de la madre y la hija del matrimonio en el equipo psicosocial, y nos cita para el 21 de junio. El 24 de junio nos notifican la sentencia definitiva de divorcio y la extinción de la sociedad de gananciales, previa a la liquidación de la misma, con las siguientes estipulaciones:
-«No se presentarán en este Juzgado casos más claros para otorgar una custodia compartida, pero la ley no lo permite en tanto en cuanto haya una causa penal abierta». «No obstante, sí permite un régimen amplio de visitas».
-El informe del equipo psicosocial es contundente y explícito: recomiendan la custodia compartida en el interés de la menor.
-Se fija un régimen de visitas de fines de semana alternos desde el jueves hasta el lunes, a la salida y entrada del colegio, más todas las tardes de los martes y jueves, desde la salida del colegio hasta las 20.30 horas.
-No ha lugar pensión compensatoria alguna.
-Se fija una pensión de alimentos de 350 euros mensuales, teniendo en cuenta que en la misma va un 15% del 50% de la hipoteca que le corresponde pagar a la madre en concepto de derecho de habitación y que, de seguir continuando poniendo trabas a la venta de la vivienda, se descontará de la pensión de alimentos. El uso y disfrute de la vivienda se le otorga a la madre con la hija.
-Los gastos extraordinarios serán al 50%.
-Finalmente, hay fijado juicio oral para el próximo mes de septiembre en el Juzgado Penal número 3, de Gijón.
Ante lo sucedido y publicado, manifiesto:
Yo tengo la conciencia muy tranquila, la mirada limpia y espero que dentro de 40 días se sepa la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
No le deseo ningún mal a mi excónyuge, más bien todo lo contrario, que le vaya bonito, aunque no entiendo el rencor y el odio que ella y su familia acumulan hacia mi persona, ni el asesoramiento jurídico realizado por su abogada.
Simplemente, soy inocente y tengo mi palabra, los testimonios, las pruebas e informes periciales suficientes que lo avalan. Quien tal vez ha cometido algún delito es quien haya realizado falso testimonio.
Iván Álvarez Raja, secretario de Organización del PSOE de Gijón, fue puesto en la mañana de ayer en libertad tras prestar declaración ante el juez por un supuesto delito de maltrato hacia su esposa, con la que está en trámites de divorcio. Irene Mier denunció ante el Cuerpo Nacional de Policía (que más tarde remitió la instrucción a la Guardia Civil) haber sido víctima de una agresión cuando su todavía marido acudió al domicilio familiar, ubicado en Vega-La Camocha, a recoger a la hija de ambos, de 3 años.
«Comprobó que la cerradura de la puerta de entrada estaba cambiada y se enfureció. Me exigió un juego de las llaves nuevas y como me negué me empujó con fuerza y como consecuencia (del mismo) me golpeé la parte sacra de la espalda», reseñó en el testimonio realizado en la Comisaría. La mujer sufrió un hematoma, tal y como consta en el parte médico realizado por la médica de La Camocha.
Iván Álvarez Raja, ex concejal del Ayuntamiento de Gijón, permaneció detenido durante la madrugada de ayer en la comandancia de la Guardia Civil de Contrueces, mientras que varios efectivos acudían al domicilio conyugal para tomar fotografías de unas «pintadas coercitivas» presuntamente realizadas por el imputado y dirigidas hacia su esposa. Además, la hermana de la denunciante y un amigo de Álvarez Raja que le acompañó a recoger a su hija prestaron declaración.
A primera hora de la mañana el detenido pasó a disposición judicial. Prestó declaración ante Juan Laborda, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Gijón. En compañía de su abogada, relató los hechos y negó en todo momento haber agredido a Irene Mier. La denunciante aseguró a EL COMERCIO que «no pude entrar a la declaración para dar mi versión, ni yo ni tampoco mi abogada».
La supuesta perjudicada solicitaba una orden de alejamiento, que le fue denegada por el juez. «No se aprecia que existan indicios fundados de haberse perpetrado el hecho punible que se relata en la denuncia, teniendo consideración precedentes por hechos similares y las declaraciones prestadas por los testigos presenciales son contradictorias en punto relativo a la realización por el imputado del acto de acometimiento físico que describe la perjudicada», señala el fallo judicial.
En el auto se detalla además que «no existen razones que autoricen a dar preferencia a una sobre la otra (las versiones), ponderando también como circunstancia singular el hecho de que horas después las partes intercambiaran diversos mensajes telefónicos donde ninguna manifestación efectúa la perjudicada acerca de que hubiere sido agredida y formulara denuncia por tal agresión, ni siendo tampoco la situación objetiva de riesgo». Irene Mier ya ha manifestado su intención de recurrir el auto del juzgado de Instrucción 1 y solicitar una copia del atestado.
