Tras ese anuncio, en IU deberían revisar su último programa electoral (pincha) en lo relativo a quienes denuncian interferencias parentales
(es una advertencia...). Hay ahí difamaciones evidentes, que podrían constituir un presunto delito de injurias y calumnias...Lo mismo cabe advertir a las asociaciones feministas acostumbradas a difamar con absoluta impunidad. Como personas jurídicas podrán ser condenadas igualmente.
Sin embargo, y respecto a que los imputados por delitos no puedan ir en las listas electorales, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad"... Pese a todo, dice que estudiará la propuesta de UPyD y una opción sería, ha dicho, "la apertura de juicio oral, que supondría que ya hay un indicio racional de criminalidad y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios". Tomamos nota, pues eso valdrá para todos los ciudadanos y no sólo para políticos, ¿verdad? Así que una simple denuncia no podrá ser tomada como indicio de delito para que un juez tome decisiones sobre la custodia de los hijos en un proceso de divorcio, por ejemplo, y al menos habría que esperar a la apertura de un juicio oral (lo que dejaría fuera las miles de denuncias finalmente archivadas...). Ok. ¿O lo que son derechos de los políticos no lo son de los demás ciudadanos, señor Gallardón?...
Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado. "Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde".
Justicia anuncia que partidos y sindicatos podrán ser condenados penalmente
Gallardón anuncia una nueva reforma del Código Penal para que los organismos políticos sean tratados igual que las personas jurídicas en caso de cometer delito
El País Madrid 31 OCT 2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy que
los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de
responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas
jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de
enjuiciamiento criminal.
Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de
la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene
sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y
deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto
de personas jurídicas. De este modo, según fuentes del Ministerio de
Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las
direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado
decisiones que son constitutivas de delito.
Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de
impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha
mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de
enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa
prohibición. Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que
supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto
debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.
La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá
no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para
cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes
del Ministerio de Justicia. En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha
explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar
"garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un
"prejuicio de culpabilidad".
Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por
el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como
imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un
letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados. Sin
embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en
"una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos
se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo
que hay que cambiar en la reforma.
Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de
representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de
particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma
"torticera". "No puede ser que vivamos en un país en el que el
reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta
el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha
añadido el ministro.
Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a
la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites
que marca en este sentido. Además ha recordado que en la ley de
Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley
electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando
hay sanciones penales, sino también administrativas.
Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante
lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y
aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de
las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la
alternativa que le ha planteado. "Se lo compro", le ha dicho al ministro
la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha
"alegrado la tarde".
Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar
la lacra" de la corrupción, Aunque ha subrayado que la mayoría de los
políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha
reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para
separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida
estropee el resto".
