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| Consejo de Participación de las Mujeres |
Desde hace ya varios años asistimos en España a un fenómeno político anómalo en una democracia. Determinadas asociaciones de ciudadanas (con 'a', pues es condición necesaria que se trate de asociaciones de mujeres) se han constituido en un lobby que ya no se limita a influir desde la sombra en las decisiones de los poderes del Estado por la vía de la presión social, de las relaciones de sus militantes con determinados partidos políticos o mediante campañas mediáticas desde los medios de comunicación afines. En España se ha legislado no sólo desde la influencia de este lobby, sino que se ha legislado para que este lobby tenga el control político de los temas en los que tiene interés (pincha).
El 3 de marzo de 2011 se constituyó el Consejo de Participación de las Mujeres, un "nuevo" organismo, presidido entonces por Leire Pajín,
en el que las asociaciones del feminismo radical que venían diseñando y
dictando a la Administración española las políticas familiares y de
género desde hacía ya varios años (el PSOE es su "rehén", como declaraba Gregorio Peces Barba en 2009 -pincha-) lo harían ya de forma oficial y sin disimulo de ninguna clase.
Paralelamente, se han ido constituyendo consejos de participación de las
mujeres como éste en distintas localidades y en las diferentes
Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (pincha).
Tenemos, pues, a un lobby o grupo de presión (con una ideología y unos intereses determinados) que tiene no sólo reguladas sus relaciones con los poderes del Estado (lo cual siempre sería más positivo que una influencia oscurantista), sino que tiene esas relaciones perfectamente institucionalizadas. Y ello sin que nadie haya explicado nunca cuál es la legitimidad de la representación ciudadana de esas asociaciones en las instituciones... Se diría que alguien ha soñado que la ideología de estas asociaciones es ciencia infusa o verdad de la buena por alguna extraña razón. Y que los intereses de esas asociaciones son siempre legítimos y nunca espurios... O lo que es lo mismo: se diría que alguien ha soñado que cualquiera que tenga un relato de las cosas distinto al de esas asociaciones, o que tenga intereses distintos a los de las mismas, ha de ser simplemente un ignorante machista con intereses ilegítimos. Es obvio que esos sueños son los que estas asociaciones se dedican a introducir en las cabezas de los ciudadanos, como si estuviéramos en Matrix... Pero es igualmente obvio que su ideología es una forma de pensamiento acrítico (cada día más acrítico, precisamente a causa del monopolio que detentan en el discurso) y que sus intereses legítimos van de la mano de otros que no son legítimos ni de lejos. Pero claro, para que esto sea posible razonarlo hace falta poder hablar... Y eso es lo que hoy es sencillamente imposible.
El lobby feminista debe ser expulsado de unas instituciones de las que jamás debió formar parte. Su ideología y sus intereses deben ser escuchados por los poderes del Estado lo mismo que deben ser escuchados otros discursos y otros intereses igualmente legítimos. Quien quiera tener una ideología o unos intereses representados directamente en el Parlamento o en el Gobierno debe presentarse a unas elecciones para ello. Los lobbies no deben saltarse ese paso llegando al poder por un atajo antidemocrático. Debe superarse el oscurantismo en las relaciones de los lobbies con el poder político, pero en ningún caso ello justifica la institucionalización de la influencia de un lobby. Las relaciones de los lobbies (de cualquiera de ellos) con el poder deben estar reguladas.
Seis razones para una regulación del 'lobby' en España
Los grupos de presión deben salir de la oscuridad y actuar bajo reglas transparentes
Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la
regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los
llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden
ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Con estas palabras,
y de forma inesperada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció el pasado 20 de febrero, en la tribuna del Congreso y durante el
debate sobre el estado de la nación, una próxima regulación de la
actividad de los lobbies en España.
Ocultada por la presión agobiante de los escándalos y la crisis
económica y social, la noticia puede haber pasado inadvertida para
muchos. Y, sin embargo, es una cuestión muy relevante, por cuanto una
medida de ese tipo puede suponer un gran avance en la lucha contra la
opacidad y una apuesta por la transparencia en la vida política
española. ¿Por qué? Por varias razones:
Las cucarachas proliferan en la oscuridad. Es
indudable que en las relaciones entre los grupos de interés y los
distintos poderes públicos se pueden cometer excesos y abusos. Pero como
no existe una regulación que permita aportar luz y taquígrafos al
proceso decisorio, nos tenemos que mover en el terreno de las
especulaciones, en el piensa mal y acertarás. Una regulación que
aportara transparencia a esa relación entre lobistas y
políticos permitiría separar el grano de la paja, de forma que los
ciudadanos pudieran identificar aquellas conductas que son legítimas de
las que no lo son y deben ser erradicadas de nuestro uso político
diario.
Los lobistas son los primeros interesados en regular su actividad. Por fortuna, hoy en día la mayor parte del lobby
que se practica en nuestro país es profesional y legítimo. Gente que se
dedica a exponer de forma elaborada sus argumentos ante la
Administración o el diputado de turno, explicando sus problemas y
presentando soluciones alternativas. En la última década hemos ido
dejando atrás el lobby chapucero que se practicaba en nuestro
país hasta hace poco, a cargo de conseguidores que bordeaban el tráfico
de influencias en sus conductas. Pero aún quedan resabios, que manchan
la imagen del colectivo y provocan que esta actividad siga estando mal
vista por los ciudadanos. Por eso, los lobistas son los
primeros que saldrían beneficiados si se establecieran unas reglas de
juego, cuyo incumplimiento incapacitara para el ejercicio de la
profesión.
Hemos ido dejando atrás el 'lobby' chapucero que se hacía en España, a base de conseguidores
No regular los lobbies no va a limitar su capacidad de influencia. Uno de los argumentos que más echan para atrás a muchos es aquel que establece que si regulamos los lobbies,
estaremos abriendo las puertas del templo a los mercaderes, permitiendo
que las grandes corporaciones y los más poderosos grupos de presión
tengan el camino expedito para medrar con los poderes públicos en su
propio beneficio. Pero es un argumento cínico y falso. Porque en
ausencia de esa regulación, sucede que esos grupos de presión y grandes
empresas ya son capaces de ejercer su influencia ante los poderes
públicos. Simplemente ocurre que como no hay regulación, no tenemos
herramientas para controlar ese proceso. La solución no pasa por
esconder la cabeza ante la realidad de que en España se practica el lobby, sino intentar dotarnos de herramientas que lo supervisen. Regular el lobby no va a servir para evitar la capacidad de influencia de los lobbies, pero al menos sí que va a introducir una transparencia al proceso de la que aquí hasta ahora carecemos por completo.
La regulación de los lobbies beneficiaría más a los que menos acceso tienen. Asociado al argumento anterior, se suele aducir que la práctica del lobby
solo está al alcance de los más poderosos, aquellos con los suficientes
recursos como para dedicar personas, medios y tiempo a tratar de
influir en los poderes públicos. Y sin embargo, es justo al revés.
Porque los poderosos no necesitan una regulación para garantizar su
acceso a los políticos, y en cambio, los menos poderosos sí se podrían
ver muy beneficiados. Si un secretario de Estado estuviera obligado a
hacer públicos todos los contactos que ha tenido a la hora de realizar
una legislación sobre hipotecas, y se viera que se ha reunido cinco
veces con el presidente de la AEB, y ninguna con la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, la ciudadanía tendría elementos de presión
para forzar a que se escucharan al menos los argumentos de todas las
partes.
Cada vez va a haber más lobby.
Por dos motivos. Por un lado, porque los ciudadanos españoles poco a
poco están comprendiendo que no basta con votar cada cuatro años y
acudir a alguna manifestación, sino que es necesario estructurar canales
de participación de la sociedad civil en la política, porque están
comprobando que hoy en día si no haces política, te la hacen. Por otro
lado, la crisis económica provoca que la tarta a repartir entre los
distintos grupos de presión haya menguado considerablemente, y eso
significa que no todos los que antes recibían su porción del poder ahora
lo van a poder mantener; lo cual, inevitablemente agudiza su necesidad
de establecer vínculos cada vez más estrechos con este.
Los PIGS de la opacidad. El lobby está
regulado en EE UU desde 1946. Existe igualmente desde hace años una
regulación sobre la materia en la Unión Europea, que se ha reforzado
recientemente, y lo mismo se puede decir de prácticamente todas las
democracias avanzadas del continente europeo. Solo unos pocos países
vecinos cuentan con semejante ausencia de regulación en este terreno:
Grecia, Italia, Portugal... ¿también en esta cuestión queremos
significarnos respecto de nuestros socios comunitarios?
El ciudadano tiene derecho a conocer quién pretende influir en el poder
Por todo ello, considero llegado el momento para abordar, de una vez por todas, una regulación integral de los lobbies
en España. Dicha normativa, por lo demás, no debería quedarse en un
mero enunciado cosmético destinado a dar satisfacción a los que ya
tienen garantizado su acceso a los poderes públicos, sino que deberíamos
aprovechar la oportunidad y desterrar para siempre la opacidad en el
terreno de las relaciones entre grupos de presión y poderes públicos.
Sinceramente, yo sigo siendo escéptico sobre que seamos capaces, de
un día para otro, de implantar en nuestro sistema político la cultura de
la transparencia con que se opera en otras latitudes. Pero que sea
difícil no quiere decir que no deba intentarse, porque es absolutamente
necesario avanzar hacia una mayor transparencia en el proceso de toma de
decisiones públicas. Hacer públicas las actividades de aquellos que
pretenden influir en el Gobierno y el Parlamento no debería ser más que
el ejercicio del derecho público de los ciudadanos a tener conocimiento
de los asuntos públicos. En las relaciones entre los lobbies y
los poderes públicos, todo aquello que se pueda hacer ha de poder
contarse. Y si algo no se puede contar, es que no debería hacerse.
Juan Francés es periodista. Ha sido
jefe de prensa de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía
desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2011.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/03/21/opinion/1363886001_439010.html
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