Varios periódicos españoles se han hecho eco de la presentación de la eurodemanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por la "Ley Integral contra la Violencia de Género" (LIVG).
Se publica en los medios la demanda presentada por la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC), sin duda porque esa asociación ha informado a los medios de su presentación de esta demanda. Pero es una demanda presentada por cientos de personas (se calcula que unas mil), algunas de ellas con carácter individual y otras desde diversas asociaciones como ésta. Todas esas demandas se acumularán en una, como está previsto en las dos versiones de la eurodemanda puesta a disposición pública por el equipo anónimo de juristas que la ha diseñado (pincha).
Sólo a modo de ejemplo, así lo publican la agencia de noticias Europa Press y el diario digital La Vanguardia (que cita a la agencia EFE). Nótese que ambos medios lo publican en apartados no muy visibles:
EP Social
Asociación pro custodia compartida lleva a Estrasburgo las leyes españolas contra la violencia de género
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la custodia compartida (UEFACC) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y "todas las leyes autonómicas del Estado español en la materia", al entender que este tipo de legislaciones "vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la custodia compartida (UEFACC) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y "todas las leyes autonómicas del Estado español en la materia", al entender que este tipo de legislaciones "vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
A juicio de los demandantes, estas leyes, "bajo la actitud aparentemente neutra de promover la igualdad" han generado "desigualdad y conflicto donde antes no lo había" y han provocado "trágicas consecuencias" así como han consagrado "un lucrativo negocio en favor de determinados intereses ideológicos", desviando así el poder del Estado.
El texto de la demanda expone en cuatro puntos las "violaciones" que, aseguran, se han producido en España del Convenio Europeo de Derechos Humanos y citan entre ellas, la "falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional" como una "violación del artículo 6.1." del citado acuerdo, relativo al derecho de los ciudadanos a que su causa sea observada por un organismo judicial independiente.
Los demandantes consideran, además, que con estas legislaciones "se promueve así el fraude de derecho con afrenta grave al concepto de igualdad, con un desproporcionado coste social consistente en vidas humanas destruidas (asesinatos y suicidios), niños separados cruelmente de sus padres y resto de familiares, provocando finalmente, la supresión del goce de los más elementales derechos fundamentales que protege el Convenio".
El documento registrado en Estrasburgo argumenta que en España se ha "implantado" una ideología "respecto a la maldad innata de los hombres y la fragilidad de las mujeres" tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo y en el judicial, "a nivel civil de asociaciones, federaciones y 'lobbies' feministas" --desgrama el presupuesto de algunas organizaciones--, y en los medios de comunicación.
Por todo ello, solicitan que se declaren contrarias al Convenio de Derechos Humanos y a sus protocolos y se suspenda la ejecución de la Ley Orgánica contra la violencia de género y las leyes dedicadas a este fin en Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla y León.
Denunciada en Estrasburgo la ley española contra la violencia de género
Las Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida dice que esa norma "contraviene derechos fundamentales" recogidos en la Constitución
Vida | 09/06/2011 - 12:18h [LAVANGUARDIA.COM]
París. (EFE).- La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC), que reúne a hombres divorciados de España, anunció hoy que ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Ley contra la violencia de género.
Esa norma "contraviene derechos fundamentales" recogidos en la Constitución por tratar "de forma diferenciada" la violencia en una pareja según sea el autor hombre o mujer, explicó a Efe el portavoz de la UEFACC, Fernando Basanta.
Eso afecta, por ejemplo, a la resolución de divorcios porque con "una simple denuncia" por violencia de género se abandona la vía civil por la penal, con las consecuencias que eso tiene para la determinación de la custodia compartida que acaba perjudicando a los padres, señaló Basanta.
"Los poderes públicos están negando una realidad palpable" que es la de "las denuncias falsas", criticó el portavoz, quien precisó que la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo se formalizó el pasado viernes sobre la base de un caso que había sido rechazado por el Tribunal Constitucional.
Añadió que acudirán a la justicia europea en futuros procedimientos por este mismo asunto cuando se agoten las vías de recurso interno en España.
En un comunicado, la asociación precisó que su "demanda colectiva contra España" va dirigida también contra la modificación del Código Penal de 2003 y las normas autonómicas sobre la violencia de género de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla y León.
"Estas leyes rompen con el principio de igualdad y han desenterrado el derecho penal de autor, estableciendo una diferencia penal en los delitos y las penas, según sean imputados a hombres o a mujeres", argumentó.
También se quejó de que se creen "jurisdicciones especiales que persiguen a determinados colectivos, tal y como se hacía en la época más vergonzosa de la antigua Europa" y se establezcan "procedimientos sumarísimos, cercenando el derecho a la defensa y eliminando la garantía penal implícita en el procedimiento judicial, que exige la total separación entre la fase instructora y la resolutiva".
