UPyD exige la Ley de Custodia Compartida al sustituto de Gallardón

https://www.youtube.com/watch?v=_q9NkUaWr84&feature=youtu.be

Catalá presentará en unas semanas una ley de custodia compartida

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy en el Congreso que en las “próximas semanas” se remitirá a esta sede parlamentaria un proyecto de ley de custodia compartida, que será consecuencia del anteproyecto sobre esta cuestión que se elaboró durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón.

Catalá se refirió a este asunto en el pleno de la Cámara Baja, donde el diputado de UPyD Toni Cantó le preguntó sobre “a qué espera el Gobierno para presentar el proyecto de ley de Corresponsabilidad Parental”, que pretende igualar las condiciones en que padres y madres separados pueden hacerse cargo de sus hijos.

A este respecto, el responsable de Justicia dijo que compartía el “interés” de Cantó por este asunto y anunció que en las “próximas semanas” su departamento enviará al Congreso el proyecto de ley de custodia compartida, después de que el anteproyecto que impulsó Gallardón haya sido sometido al proceso de informes y dictámenes.

En este sentido, el ministro dijo que se han solicitado informes al CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. En este sentido, explicó que Justicia se encuentra analizando el “informe amplio y complejo” que este último órgano entregó al Gobierno a finales de julio.

“MARCO MÍNIMO COMÚN”

Asimismo, Catalá destacó la “complejidad” de esta ley de custodia compartida, aunque dijo que es necesaria por los “cambios” que se han producido en la sociedad española y en la jurisprudencia. Además, el ministro dijo que va a buscar el “máximo consenso” en este asunto, aunque la idea es que debe “prevalecer el interés superior del menor”.

Añadió que tiene que fijarse un “marco mínimo común” para la custodia compartida y que el juez actúe en el momento en el que los padres no se ponen de acuerdo. Al mismo tiempo, Catalá dijo que cree “en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” en este terreno, algo sobre lo que le había interpelado directamente el diputado Cantó.

En este sentido, el parlamentario de UPyD dijo que su partido defiende la ley de custodia compartida porque quiere “cambiar ese rol machista de que sólo sean las mujeres de que se ocupen de los hijos”. Asismismo, mostró su preocupación porque la futura legislación se aplique o no según el lugar de residencia de los menores.

(SERVIMEDIA)
08-OCT-14
NBC

Fuente:  http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6140159/10/14/Catala-presentara-en-unas-semanas-una-ley-de-custodia-compartida.html#.Kku8AcYmdyUCh4x

El Consejo Fiscal frena tesis del lobby feminista en el Anteproyecto de custodia compartida

El informe se aprobó en la reunión del Consejo Fiscal del 12 de septiembre de 2013. Entre los acuerdos figura el de "informar favorablemente el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio (Ponente, Dña. Raquel Amado Pico) con las propuestas de modificación debatidas en el pleno". Así, en el Consejo Fiscal se impusieron las tesis favorables a la custodia compartida, aunque los medios de comunicación no lo han difundido como merece:

• El Consejo Fiscal aplaude el tratamiento que [el anteproyecto de "Ley de Corresponsabilidad Parental en caso de Separación, Nulidad o Divorcio" del ministro Gallardón] da a la guarda y custodia compartida, "suprimiendo la nota de excepcionalidad cuando no exista acuerdo entre los progenitores" porque en opinión de la Fiscalía "es una opción legítima y equilibrada" (pincha aquí).

Por si esa declaración no estuviera suficientemente en contra de las tesis del lobby feminista, entre las propuestas de modificación del Anteproyecto de Ley que hace el Consejo Fiscal hay una que se enfrenta aún más radicalmente a las directrices impuestas por el lobby feminista al ministro Gallardón: 

Los fiscales han tenido que soportar en el pasado reciente una situación bochornosa, cuando Mª Teresa Fernández de la Vega (PSOE) pretendió usarlos en la Ley de divorcio express como comisarios políticos del lobby feminista para vetar todas las custodias compartidas en los juzgados. Así, la ley establecía la excepcionalidad de la custodia compartida si no existía acuerdo entre ambos progenitores (como es sabido), pero se añadía que el juez sólo podría dictarla con un informe favorable de la fiscalía... De este modo, se hacía recaer en la fiscalía (dependiente en última instancia del presidente del Gobierno, que nombra al Fiscal General de esa institución tan notablemente jerarquizada) la responsabilidad de impedir sistemáticamente las custodias compartidas en caso de ausencia de acuerdo entre los progenitores. Y todo ello a mayor gloria del lobby feminista y de las personas del sexo cuyos intereses son favorecidos por ese lobby, es decir, las madres. Pero después los fiscales tuvieron que ver cómo ese articulo de la ley no superaba el filtro del Tribunal Constitucional, quedando la fiscalía, a los ojos de quienes padecieron la aplicación de ese artículo, como una institución que había actuado ilegítimamente en sus casos. El malo de la película parecía haber sido el ministerio fiscal, pero todos sabemos dónde estaba la verdadera raíz del mal. Esta vez el Consejo Fiscal no parece dispuesto a aceptar en silencio las directrices marcadas por el lobby feminista. Éste es el revés más importante que ha sufrido el feminismo de género infiltrado en el actual Ministerio de Sanidad desde que gobierna el PP:

• La Fiscalía General del Estado ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de "Ley de Corresponsabilidad Parental en caso de Separación, Nulidad o Divorcio" en el que recomienda al Ministerio de Justicia que suprima el articulado que impide fijar régimen de estancia, relación y comunicación con los hijos en los casos de sentencia firme por malos tratos o por violencia de género.
• El informe, aprobado recientemente por el Consejo Fiscal y al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que la regulación del anteproyecto en este sentido --los apartados 5 y 6 del artículo de nueva creación 92 bis--  "puede generar a través de respuestas estandarizadas decisiones injustas y desproporcionadas".
• La Fiscalía es partidaria de mantener la regulación actual de este asunto, recogida en el artículo 92.7 del Código Civil, que se limita a declarar no procedente la guardia conjunta en los casos de sentencia firme sobre uno de los progenitores por atentar contra la integridad o la vida del otro o de los hijos que conviven con ambos.  El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha ido "mucho más lejos" en este sentido, ya que no sólo considera que no procede la guardia y custodia de los hijos, individual o compartida en malos tratos o violencia de género, sino que establece que tampoco procederá que se conceda "el régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos al progenitor que haya sido condenado penalmente por sentencia firme" en casos de esta índole.
     Los fiscales argumentan la necesidad de conjugar el derecho de los menores a estar protegidos frente a comportamientos violentos con su "derecho a mantener el contacto con ambos progenitores" y sostienen que "el derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva" porque "actúa válidamente para la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy prolongadas en el tiempo, que resultan muy difíciles de recuperar".
     "A los efectos de valorar la adopción de estas medidas debería tenerse especialmente en cuenta ese interés superior del menor y nunca optarse por la drástica solución de la supresión de las relaciones de manera automática o estandarizada", explica el informe de la Fiscalía, que aboga por una regulación "flexible" que "huya de automatismos" y distinga entre los niños que han padecido directamente el delito y los que no.
     En este sentido, sostiene que "a la hora de valorar las repercusiones de la concurrencia de la violencia doméstica o de género en las decisiones de guarda o custodia debe dejarse al juzgador un margen de maniobra muy superior al que el Anteproyecto le reconoce".
     "Lo que desde luego es criticable es que la regulación de las medidas de la patria potestad y del régimen de visitas se lleve a cabo a través de unas disposiciones tan lacónicas e insuficientes", concluye sobre este asunto el informe aprobado por el Consejo Fiscal.
  
  Fuente: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-fiscalia-no-partidaria-prohibir-ley-comunicacion-hijos-casos-violencia-genero-20130926183257.html
   

El Congreso respalda a UPyD e insta al Gobierno a legislar ya la Custodia Compartida

http://www.youtube.com/watch?v=RnCeZtrhiI4&feature=em-uploademail

Tras el compromiso del ministro Ruiz-Gallardón hace ahora un año (compromiso incumplido) y pese el voto en contra del PSOE (ese partido sometido a la secta del lobby feminista):

El Congreso insta una vez más al Gobierno a presentar la 'prometida' Ley nacional de Custodia Compartida

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha respaldado una iniciativa de UPyD que insta al Gobierno a desarrollar la 'prometida' Ley Nacional de Custodia Compartida a la que se comprometió el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón hace un año en sede parlamentaria.

   Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del PP y el voto en contra del PSOE, ha sido defendida por la portavoz de la formación magenta en la Cámara Baja, Rosa Díez, quien ha pedido a los grupos parlamentarios un consenso para recordarle al Gobierno que el ministro de Justicia se comprometió hace un año a aprobar una ley nacional de estas características.

   En su intervención, ha trasladado al Congreso de alcanzar un nuevo acuerdo en la materia para "poner las pilas" al Gobierno para hacerle que cumpla su compromiso.

   UPyD considera que el sistema de custodia compartida preserva mejor el interés del menor y respeta el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

   En este sentido, Díez ha recordado que en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña, Navarra o Valencia, se ha legislado ya para introducir el modelo compartido como preferente. Sin embargo, el hecho de que no exista regulación nacional provoca "desigualdades de trato en función de la Comunidad de residencia de los cónyuges".

   "Sabemos que las proposiciones no de ley no son más que recomendaciones políticas pero están para que se cumplan y no para echarlas en saco roto sobre todo cuando viene precedido de un compromiso del Gobierno. Por eso, pido hoy, un nuevo acuerdo a esta comisión de justicia", ha recalcado.

   En esta línea, Díez ha recordado que lo preferente para esta diputada y este grupo es preservar el interés del menor y la protección de sus derechos. "Es deber de las instituciones contribuir a hacer efectivas las previsiones de la Carta Europea de Derechos del Niño, que proclama que todo niño tiene derecho a gozar de sus padres, ya que ambos tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a su desarrollo y educación", ha afirmado.

   UPyD señala también que tras más de seis meses de retraso en la aprobación de un proyecto de Ley por parte del Gobierno que recoja aquel compromiso del ministerio de Justicia, UPyD presentó una pregunta con respuesta por escrito a la que el Gobierno respondió que, de acuerdo con el compromiso asumido por el Ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados, en sesión de 13 de junio del 2012, la Comisión General de Codificación había elaborado ya el texto y en la actualidad se está trabajando en el mismo.

   "Ya han pasado seis meses. No tengo otro ánimo que quedarme en lo que acabo de expresar. No tengo otro ánimo de abrir un debate nuevo. No es una mera proposición no de ley sino un compromiso que el  Gobierno no ha cumplido. Hoy pido un nuevo acuerdo a esta Comisión de Justicia", ha recalcado.

   Díez ha reflejado por último la autoenmienda registrada por UPyD, aunque finalmente ha aceptado la petición del Grupo Popular para suprimir el plazo de un mes para que el Gobierno presentara el texto.

   Con todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, sin perjuicio de las especialidades correspondientes en las comunidades en las que exista un Derecho Civil Foral propio, desarrolle la regulación legal que modifique el artículo 92 del Código Civil y cuantos otros preceptos fueren necesarios, para conseguir la viabilidad de la guardia*y custodia compartida en los supuestos de ruptura de la unidad familiar, impulsando la conciliación y atendiendo al interés superior del menor.

   En este sentido, se puntualiza que debe entenderse como un derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores, así como a la inversa, la obligación que tienen estos de ejercitar la corresponsabilidad parental.

Fuente: http://www.europapress.es/epsocial/noticia-congreso-insta-vez-mas-gobierno-presentar-prometida-ley-nacional-custodia-compartida-20130626195954.html 

UPyD solicita la comparecencia de Gallardón por incumplir el plazo del Congreso para una Ley de Custodia Compartida

Rosa Díez. Portavoz de UPyD

Unión Progreso y Democracia (UPyD) denunció en enero de 2013 que el Gobierno no había presentado todavía la Ley de Custodia Compartida, a pesar de que Gallardón había anunciado en junio de 2012 que lo haría y contraviniendo el mandato que aprobó el Congreso de los Diputados en el mismo mes de junio de 2012, por el que se instaba al Gobierno a tener lista esta normativa en un plazo de seis meses, que finalizó el pasado mes de diciembre de 2012.

El 2 de febrero de 2013 Gallardón prometió (pincha aquí para ver el vídeo) que la ley estaría lista "antes de dos meses", es decir, el 1 de abril como máximo.

Hoy, 8 de abril, UPyD ha vuelto a recordar públicamente a Gallardón sus incumplimientos. La portavoz del partido, Rosa Díez, defiende en su comunicado una "ley nacional" que "establezca la custodia compartida como modelo preferente en separaciones y divorcios", siempre "en beneficio del menor", porque "respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres".


Ponte en mi lugar. Un vídeo de José Sánchez Parrales interpretado por José Miguel Gómez:

ElConfidencial.com. Última Hora

UPyD pide que Gallardón explique el "retraso" de ley de custodia compartida

EFE - 08/04/2013

Madrid, 8 abr (EFE).- UPyD ha solicitado hoy la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso por el "retraso" en la aprobación del proyecto de ley de custodia compartida que elabora su departamento.

En un comunicado, UPyD subraya que Gallardón se comprometió, en junio del año pasado, a impulsar una ley para establecer la custodia compartida, a partir de una iniciativa del grupo parlamentario, y con los votos a favor del PP.

El grupo reclama la comparecencia del titular de Justicia ante la comisión de la Cámara baja correspondiente por su "incumplimiento" y los retrasos del Ejecutivo en aprobar las leyes a las que se ha comprometido, según señala en el comunicado, en el que añade que la iniciativa aprobada en junio instaba a presentar el proyecto de ley en seis meses.

La portavoz del partido, Rosa Díez, defiende en el comunicado una "ley nacional" que "establezca la custodia compartida como modelo preferente en separaciones y divorcios" siempre "en beneficio del menor" porque "respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres". EFE

Fuente: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/04/gallardon-explique-retraso-custodia-compartida-20130408-124451.html


Ponte en mi lugar. Un vídeo de José Sánchez Parrales interpretado por José Miguel Gómez: 

Real Decreto-ley: justicia gratuita para "denunciantes" de violencia de género

El ministro Gallardón 'maltrata' a Sáenz de Santamaría. ¿O no es lo que parece, señor ministro de Justicia?

Como era de esperar, el Gobierno del Partido Popular se ha plegado a las exigencias del lobby

feminista, enunciadas por boca de su representante incrustada en el CGPJ, la ínclita señora Montalbán, y exigidas por ese lobby desde su prensa afín y por el PSOE, pese al previo e inmediato anuncio de Gallardón de que las "maltratadas" no pagarían tasas e incluso tendrían justicia gratuita (una carrera para ver quién es más afín al lobby de la secta feminista, que quita o da votos poniendo incómodos carteles en la frente de los borregos con el rótulo de "machista"...).

Desde hoy (publicado en el BOE del 23 de febrero de 2013 que tienen ustedes más abajo), las
mujeres que "denuncien" violencia de género no sólo no tendrán que pagar tasas en su divorcio,
sino que podrán tener abogado y procurador gratuito en su juicio de divorcio así como en los
juicios penales abiertos, y ello con independencia de su capacidad económica personal.
La norma establece explícitamente que, en caso de sentencia "absolutoria" del denunciado o
de archivo de la causa (que es lo que sucede con la inmensa mayoría de las denuncias, y ocurriendo
esto por la retirada de la denuncia sólo en el 10% de los casos...), la beneficiaria no tendrá que 
devolver ni un euro de los gastos que le han sido abonados a costa de todos los ciudadanos por
su derecho a "justicia gratuita" en su calidad de "víctima".

Como es lógico, las estadísticas de "maltrato" (número de 'denuncias') van a aumentar, y con ellas
sin duda los beneficios de algunas asociaciones (muchas de ellas vinculadas a los partidos políticos).
Hala, a denunciar, señoras, que sale gratis en todos los casos. No vayan ustedes a desaprovechar la
ocasión de litigar el divorcio con su ex con ventaja... Él sí tendrá que pagar cada euro de cada juicio
y de cada recurso... Y si sale absuelto, no pasa nada. Al menos, su dinero le habrá costado... Ah, y
los hijos ya estarán convenientemente bajo la custodia de la denunciante, pues esa sentencia siempre
saldrá antes que la del juicio penal. Jaque mate.

Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 2.

Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

Uno.

Se añaden las siguientes letras al artículo 2:

g)

Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia
jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las  víctimas de violencia de género (...) en
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas,
así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas
de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre
que no fuera el agresor.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá
cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos
a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal
o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. 

El beneficio de justifica [sic, se entiende que debe leerse "justicia"] gratuita se perderá en caso de 

sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el
coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2029.pdf 

Por si no queda claro:

Cuando haya sentencia absolutoria firme o se archive de forma firme la causa penal, ya no será gratuita "en adelante" la justicia para una denunciante con recursos económicos en otros procesos, como el de divorcio (si bien la sentencia de éste será normalmente anterior a la sentencia penal). Es decir, la justicia será siempre gratuita (en todos los procesos abiertos) mientras la denunciante ponga todos los recursos que precise hasta el final en lo penal. Pero incluso cuando hubiera sentencia firme absolutoria (o archivo firme de la causa) en ese proceso penal, la denunciante sólo necesita poner una nueva denuncia por algún otro motivo de violencia de género (no olviden que ni siquiera sería necesario inventarse el delito, pues cualquier desconsideración, coacción o amenaza "leve", o siquiera una palabra más alta que otra durante las disputas del divorcio es susceptible de ser un delito de violencia de género denunciable -siempre que el acusado tenga sexo masculino y la denunciante sea mujer, claro está-), y se obtendrá así de nuevo la justicia gratuita en ese nuevo proceso y en los demás que estén abiertos (medidas de divorcio, por ejemplo) o en los que la denunciante decida abrir... En cualquier caso, y aunque las sucesivas denuncias no concluyeran jamás en una condena, la denunciante nunca tendrá que devolver ni un solo euro de lo recibido socialmente para pleitear contra su ex en calidad de "víctima".

¿Por qué se ha aprobado semejante disparate?:

Que la justicia sea gratuita no significa que la abogada y la procuradora no vayan a cobrar sus honorarios, sino que los pagamos entre todos los españoles... Las asociaciones del lobby feminista hace años que llevan esos casos incluso cuando la denunciante tiene derecho a abogado de oficio gratis por carecer de recursos económicos, pues se trata de profesionales especializadas. Ahora, simplemente están extendiendo su mercado a mujeres con medios... Más clientes por ahí y, también, más clientes porque habrá más denuncias. Por lo demás, esas profesionales, así como las psicólogas correspondientes para los informes de parte oportunos, pertenecen a asociaciones muy bien subvencionadas que, con frecuencia, están ligadas a ciertos partidos políticos (PSOE, IU y la presunta izquierda en general) bastante relacionados con ciertos medios de comunicación por todos conocidos (EL PAÍS, Cadena SER, la Cuatro -el grupo PRISA en general-, Público, Tele 5, la Sexta, etc). Por cierto, ¿se ha preguntado usted por qué muchos de esos medios de comunicación sirven a ideologías supuestamente de izquierdas si son medios que pertenecen a prebostes del capital? Luego lo verá más claro... El hecho es que quien se mueva sale (vaya si sale) en la foto, y sale con un cartel en la frente que pone: "machista"... El PP lo sabe muy bien y prefiere subirse al carro del negocio de la "violencia de género" a tener que lidiar con un cartel que, en su caso, sería más que creíble... 

Como contexto general, parece que el capital está muy interesado en fomentar la lucha entre sexos centrando la atención en la llamada violencia de género en la pareja. Tal vez así consiga hacer pasar más desapercibida su responsabilidad en la violencia social y sus presentes atropellos.  

El sistema capitalista colabora fielmente con el feminismo (o éste con aquél) para convertir a las mujeres en individuos independientes y consumidores (quieran serlo, felizmente, o no quieran), para lo que facilita toda clase de medidas contrarias a los embarazos (no estoy valorando esto, sino explicando lo que ocurre): los anticonceptivos, el aborto o la libre expresión de una sexualidad no heterosexual son hoy plenamente aceptadas por el poder económico y por la ideología que le sirve -el feminismo ha sustituido a la Iglesia en ese lugar-, y nada de esto es por casualidad ni encuentra oposición alguna por parte del poder económico (el poder real). Se trata de medidas necesarias para la incorporación de las mujeres al ámbito público del consumo que, además, evitan un crecimiento demográfico en los países occidentales innecesario en el  actual sistema capitalista (un crecimiento que, más bien, aumentaría las listas de parados y supondría un gasto y un problema de seguridad para el sistema). Una vez que los sindicatos han asumido (cosa que no hicieron inicialmente) la competencia de las mujeres con los hombres en el mercado de trabajo, e incluso lideran hoy las reivindicaciones feministas, la conflictividad social entre sexos, tan útil al sistema para desviar la atención (no en vano el feminismo ha llegado a establecer que "la contradicción principal no es de clases, sino de sexos", como dice nuestra Amelia Valcárcel), se ha llevado a los hogares, donde el sistema capitalista parece haber encontrado a un chivo expiatorio al que adjudicar la fuente de la violencia que el sistema produce. El feminismo, aupado al púlpito doctrinal por el poder económico, hace el trabajo ideológico hablando del machismo tradicional y de los supuestos deseos de dominación de los varones. De ahí vendría toda la violencia social... Las enfermedades mentales, los celos patológicos, las drogas o la violencia que el sistema económico inocula quedan sin análisis en un totum revolutum donde todo es "violencia de género" en la pareja. De este modo, mientras las mujeres tienen desviada su atención respecto al sistema (fuente real de la mayor parte de la violencia, tanto masculina como femenina), los varones bastante hacen con tratar de salvar su culo del acoso de la nueva Inquisición feminista. Nadie va a centrar su atención en el sistema económico como responsable directo, esencial y primordial de la violencia social: el estrés laboral, el paro extremo, la sociedad de consumo acrítico, las injusticias de la corrupción política y financiera, el consumo de drogas sin ton ni son, la soledad... El suicidio es galopante: miles de personas se suicidan cada año en España; el 80% de ellas, varones, sin duda por su mayor desarraigo familiar. El individuo (sobre todo el varón, como digo) está ya perfectamente solo y desarmado. Todos los nexos con los demás están en crisis: la nación, la familia, la clase obrera, la pareja... Así nos quiere el nuevo tirano. Solos y aislados. 

Quedan los lazos que unen a las mujeres a través del feminismo... Sin embargo, esos lazos son hoy más eficaces en España como aislante y separador social (como fuente de conflictos, incluso) que como nexo real para mujeres. Y no sólo en España, pues ya decía Zapatero que éramos una avanzadilla en este terreno... Ya se ha extendido por Iberoamérica y otros países. Más allá de las ideas feministas sobre la igualdad, que cualquiera puede compartir razonablemente, en España el feminismo es hoy una ideología acrítica en manos de un núcleo de mujeres interesadas que odian a los hombres (maltratadores en potencia) y sólo miran su propio ombligo (amparadas, eso sí, por los partidos políticos de la presunta izquierda). El pensamiento crítico es simplemente nulo. Es lo más parecido a lo que siempre se dijo que no era el feminismo: hembrismo puro y duro. Muchas mujeres (y hombres, por supuesto) observan hoy con recelo a ese feminismo dogmático y sectario... Porque sus excesos son obvios: por ejemplo, su discurso interesado, nada sorprendente en este contexto de desarraigo social generalizado, contra la custodia compartida de los hijos tras el divorcio. ¡Cómo iban a renunciar al privilegio de un lazo exclusivo con sus hijos para compartirlos con su ex pareja! Es apenas lo único que tienen... Claro que también es lo único que tienen su ex parejas... He ahí un conflicto de intereses fuente de conflictos y de violencia bidireccional. Claro que desde la perspectiva de este feminismo la violencia es unidireccional, ya se sabe. Veamos: ley sexista de violencia de género (la primera y avanzadilla del mundo en un país que tiene una de las tasas más bajas de mujeres asesinadas por su pareja del mundo), delitos de "autor" (sólo si se es varón), el hecho del divorcio, denuncias, hijos, peticiones de custodia compartida, medidas de alejamiento cautelares... Ahora, "justicia gratuita" para "denunciantes". Aten cabos. Una fuente de violencia. Esta no es una estrategia para frenar la violencia, sino una mecha para fuegos artificiales (aunque nada inofensivos)... Y de paso, las mujeres conservarán las custodias exclusivas, por lo que continuarán con dificultades para conciliar (familia, vida personal y trabajo) y, por tanto, seguirán siendo trabajadoras a tiempo parcial.

La doctrina feminista actual es, hoy más que nunca, por muchas razones, una ideología muy interesante para el sistema capitalista, y esa es la única razón de su ilegítimo (por acrítico) poder. Siga usted esos hilos, porque por ahí va la cosa... 

Goya: "El sueño de la razón produce monstruos". La razón no puede permitirse echar una siestecita ni dormirse en sus laureles... Ni taparse la cara (y la boca) cuando interesa cancelar la crítica. [Dedicado al feminismo español, al PSOE, IU y demás pseudo-progres de la Historia].

NOTA AÑADIDA:

Con posterioridad a la publicación de este post, el 3 de marzo de 2015 se ha publicado en prensa que el Proyecto de Estatuto de las Víctimas de Delito que ha presentado el PP y que se está tramitando prevé que las denunciantes de violencia de género deberán devolver el dinero recibido en calidad de supuestas víctimas en el caso de que el acusado sea declarado absuelto o haya un sobreseimiento libre del caso.

Habrá una ley nacional de custodia compartida antes del 1 de abril de 2013

Publicado el 04/02/2013 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Ckf9pC9SMg

 

El dia 2 de febrero de 2013, a la salida de un acto en el club Siglo XXI, en Madrid, el presidente de la asociación Projusticia le hizo entrega de una pegatina al ministro de Justicia con la inscripcion "STOP FEMINAZIS", al tiempo que le preguntaba cuándo entrará en vigor la ley de custodia compartida y qué hay de la derogacion de las leyes sexistas que discriminan y criminalizan al varón.

Habrá una Ley nacional reguladora de la custodia compartida en el plazo de dos meses. Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al responder a Francisco Zugasti, presidente de Projusticia. Queda de nuevo comprometido por sus palabras. No olvidamos que prometió que esa ley estaría lista antes del comienzo de 2013 (pincha), de modo que esperemos que esta vez cumpla con su palabra y con el plazo al que se ha comprometido.

Aprobada una enmienda de UPyD para responsabilizar penalmente a partidos políticos y sindicatos

Publicado el 07/11/2012 por upydmedia

Intervención de Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
http://www.youtube.com/watch?v=UAqiCiCHxco&feature=em-uploademail-new
Comisión de Justicia
07/11/2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el 31 de octubre que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Hoy, 7 de noviembre, Rosa Díez ha invitado al partido del ministro (PP) y al resto de partidos del Congreso a pasar del dicho al hecho. La enmienda ha sido aprobada y, por tanto, sólo resta esperar a que el proyecto de ley sea llevado ante el Pleno del Congreso y la reforma legal tenga lugar.

Gallardón hizo su anuncio del 31 de octubre en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que él reconoció que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas. De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.

Tras la aprobación de esa enmienda de UPyD, sin embargo, los dirigentes de CiU y otros partidos nacionalistas que se mofan de las leyes democráticamente aprobadas en España, de las resoluciones judiciales y de la mismísima Constitución que vela por los derechos de todos los españoles pueden estar tranquilos, ya que el PP ha impedido que se aprobase otra enmienda de UPyD que proponía restablecer el castigo penal de cárcel para quien haga convocatorias ilegales de referéndums (pincha). El PP ha preferido seguir permitiendo que la Constitución y la legalidad sean incumplidas a placer por partidos políticos y personas jurídicas de esa manera, pues sus responsables sólo se enfrentan, como delincuentes, a una hipotética y nada disuasoria pena de inhabilitación (pincha). Olvida el PP (lo mismo que quienes piensan como el PP en ese punto) que sin respeto a la legalidad democrática no hay democracia posible. Y si no es un olvido...entonces ha de ser que la democracia les trae el pairo.

Respecto a los dirigentes de IU, que han votado a favor de la enmienda aprobada pero lo han hecho tras mostrar (en la línea del PP) una injustificable condescendencia con los que incumplen las leyes y la Constitución impunemente desde CiU o ERC, tienen sus propios motivos para reflexionar... Los responsables de IU deberían revisar su último programa electoral (pincha) en lo relativo a quienes denuncian interferencias parentales (es una advertencia...). Hay ahí difamaciones evidentes, que podrían constituir un presunto delito de injurias y calumnias...Lo mismo cabe advertir a las asociaciones feministas acostumbradas a difamar a sus críticos con absoluta impunidad, pese a que ya antes de esta enmienda eran condenables penalmente. Como personas jurídicas que son, pueden ser condenadas por vía penal y les conviene no olvidarlo con la alegría que lo hacen, porque la impunidad tiene un límite y un final en el tiempo.

Sin embargo, y respecto a que los imputados por delitos no puedan ir en las listas electorales, Alberto Ruiz Gallardón explicó a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad"... Pese a todo, dijo que estudiará la propuesta de UPyD y una opción sería, ha dicho, "la apertura de juicio oral, que supondría que ya hay un indicio racional de criminalidad y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios". Tomamos nota, pues eso valdrá para todos los ciudadanos y no sólo para políticos, ¿verdad? Así que una simple denuncia no podrá ser tomada como indicio de delito para que un juez tome decisiones sobre la custodia de los hijos en un proceso de divorcio, por ejemplo, y al menos habría que esperar a la apertura de un juicio oral (lo que dejaría fuera las miles de denuncias finalmente archivadas...). Ok. ¿O lo que son derechos de los políticos no lo son de los demás ciudadanos, señor Gallardón?...

Rosa Díez se felicitó el 31 de octubre porque Gallardón hubiera recogido el guante lanzado por UPyD y accediera a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no aceptó la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le sirvió la alternativa que le planteó. "Se lo compro", le dijo al ministro la portavoz de UPyD el 31 de octubre.

 http://politica.elpais.com/politica/2012/10/31/actualidad/1351702943_610447.html

Hoy, 7 de noviembre, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para responsabilizar penalmente a los partidos y los sindicatos. Tras la aprobación de la enmienda, el paso del dicho al hecho está más cerca. Aunque habrá impunidad para enemigos de la democracia española en Cataluña.
http://www.youtube.com/watch?v=UAqiCiCHxco&feature=em-uploademail-new

Tras ese anuncio, en IU deberían revisar su último programa electoral (pincha) en lo relativo a quienes denuncian interferencias parentales (es una advertencia...). Hay ahí difamaciones evidentes, que podrían constituir un presunto delito de injurias y calumnias...Lo mismo cabe advertir a las asociaciones feministas acostumbradas a difamar con absoluta impunidad. Como personas jurídicas podrán ser condenadas igualmente.

Sin embargo, y respecto a que los imputados por delitos no puedan ir en las listas electorales, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad"... Pese a todo, dice que estudiará la propuesta de UPyD y una opción sería, ha dicho, "la apertura de juicio oral, que supondría que ya hay un indicio racional de criminalidad y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios". Tomamos nota, pues eso valdrá para todos los ciudadanos y no sólo para políticos, ¿verdad? Así que una simple denuncia no podrá ser tomada como indicio de delito para que un juez tome decisiones sobre la custodia de los hijos en un proceso de divorcio, por ejemplo, y al menos habría que esperar a la apertura de un juicio oral (lo que dejaría fuera las miles de denuncias finalmente archivadas...). Ok. ¿O lo que son derechos de los políticos no lo son de los demás ciudadanos, señor Gallardón?...

Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado. "Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde".

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Justicia anuncia que partidos y sindicatos podrán ser condenados penalmente

Gallardón anuncia una nueva reforma del Código Penal para que los organismos políticos sean tratados igual que las personas jurídicas en caso de cometer delito

• Lee la nota del Ministerio de Justicia

El País Madrid 31 OCT 2012 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas. De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.

Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición. Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.

La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia. En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad".

Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados. Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma.

Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera". "No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha añadido el ministro.

Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites que marca en este sentido. Además ha recordado que en la ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando hay sanciones penales, sino también administrativas.

Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado. "Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde".

Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar la lacra" de la corrupción, Aunque ha subrayado que la mayoría de los políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida estropee el resto".

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/10/31/actualidad/1351702943_610447.html 

 

La demagogia sectaria del PSOE y EL PAÍS en torno al aborto

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

EL PAÍS titula en su edición digital una información sobre el proyecto de Gallardón, ministro de Justicia (PP), sobre el aborto así: "El daño psicológico de la madre será el único supuesto para abortar". Pero al pinchar en el enlace al que conduce ese titular, éste se transforma en este otro: "Gallardón traslada a las mujeres que aborten la decisión última". Pasando a ser entonces la afirmación del titular inicial un subtítulo desglosado en tres (pincha), uno de los cuales dice así: "Será el único supuesto y los plazos se fijarán según las causas". 

El titular inicial y el subtítulo en los que se insiste en que "el daño psicológico de la madre será el único supuesto" contiene una falsedad de fondo, pues se está insinuando que la violación ya no quedará cubierta al dejar de ser un supuesto, cuando lo cierto es que un embarazo a resultas de una violación continuará siendo cubierto por la sanidad pública (si bien dentro de un plazo) lo mismo que un aborto por cualquier otra razón que lleve a la madre a tomar esa decisión. Téngase en cuenta que en Alemania, cuya legislación (pincha) se está tomando como referencia, los abortos dentro de este plazo han de pagarlos las pacientes, salvo que estemos ante casos como el de la violación, mientras que en España serán cubiertos por la sanidad pública en todos los casos. ¿Dónde está el "retroceso"? Desde luego, no estará en la reforma del PP al eliminar la opción que tienen ahora las jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento de sus padres...

El titular y el subtítulo de EL PAÍS que he mencionado apuntan, además, hacia la eliminación del tercer supuesto que existía en la legislación anterior acerca del aborto: las malformaciones del feto. Y es aquí donde está la madre del cordero de la polémica que han desatado EL PAÍS y el PSOE contra el proyecto de Gallardón (pincha)... Resulta que se presenta la reforma que propone Gallardón como una merma de los derechos de las mujeres (pincha), cuando en realidad simplemente se está poniendo freno a un abuso contra los derechos humanos de los discapacitados (pincha). Algo que a EL PAÍS y al PSOE les resulta incomprensible, situados como están en la perspectiva interesada y sectaria del lobby feminista... Sin embargo, lo cierto es que "el comité de seguimiento de una convención amparada por la ONU [ratificada por España en abril de 2008, bajo el Gobierno de Zapatero y con la unanimidad del Parlamento] ya advirtió a España en octubre del año pasado que debía suprimir la distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad". 

Como dijo Gallardón el pasado miércoles en el Congreso: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”. ¿Cuál es la respuesta argumental del lobby feminista, del PSOE y de EL PAÍS a esa afirmación? Ya se imaginan ustedes que para quienes la política consiste en la defensa de sus intereses no hay lugar para el diálogo argumentativo.

El proyecto de Gallardón señala que el número de semanas en las que se permitirá la interrupción del embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario para determinar científicamente el tipo de problemas físicos, malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por haber sido víctima de una violación. En realidad, como ha señalado el gerente de la Asociación Down España, Agustín Matía, lo que ha de evitarse es "que bajo el supuesto del impacto psicológico a la madre se abra un coladero para discriminar indirectamente a los niños que vienen con Síndrome de Down". Un comentario que es presentado demagógicamente por EL PAÍS al final del artículo que puedes leer pinchando aquí como si se tratase de una crítica contraria al proyecto de Gallardón (pincha). Ese coladero existirá si al supuesto de aborto legal por "daños psicológicos para la madre" no se le pone límite, naturalmente. Pero existirá tanto si ése es "el único supuesto" en la ley como si añadimos otros supuestos que acepten el coladero explícitamente, como es obvio...

Gallardón traslada a las mujeres que aborten la decisión última

• Deberán justificar el daño psicológico tras la tutela de un médico 

• Será el único supuesto y los plazos se fijarán según las causas 

• Queda por definir si la supervisión sanitaria será pública o privada  

Javier Casqueiro / Jesús Duva Madrid 28 JUL 2012  EL PAÍS

 

La carga de la prueba volverá a repercutir sobre las mujeres que aborten, como en el pasado. Esa es la filosofía de la reforma que pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en su entorno se prefiere hablar de “responsabilidad”. La decisión última será de la mujer, pero tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un médico, que supervisará la situación y aconsejará las soluciones, aunque sin poder impedir que se cumpla la voluntad de la embarazada.

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar este otoño la actual ley de plazos (vigente desde 2010 y que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación), pero no para volver a la ley de los tres supuestos impulsada en 1985, que posibilitó amplias facilidades tanto durante los mandatos de Ejecutivos socialistas como de José María Aznar. Aquella regulación despenalizaba el aborto en caso de violación (hasta la semana 12), de taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22) y de peligro para la vida de la madre (sin plazo).

El único supuesto ahora de la ley Gallardón será el del daño psicológico para la mujer, que lo englobará todo, incluidos los casos de malformación del feto. Están por precisar los plazos para los distintos casos y si el médico que intervendrá en la supervisión será del sistema público o privado.

El ministro lleva meses avisando de que no le gusta la actual ley del aborto, reformada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2010, conocida como la ley de plazos, mayoritaria en los países más desarrollados de Europa hace tiempo y que concede de manera automática y gratuita a las madres el derecho a abortar sin alegar razones ni requerir el consentimiento de un médico en las primeras 14 semanas de gestación. Una norma que el PP no apoyó. Tampoco apoyaron los conservadores la primera ley del aborto en España, la ratificada por el Gobierno de Felipe González en 1985 y que entonces ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el diputado de Alianza Popular José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro.

Muchos diputados y dirigentes del PP, sin embargo, se han sentido cómodos durante años con la ley de supuestos de 1985. Aznar, de hecho, no la tocó durante sus dos mandatos en La Moncloa, en los que se produjeron más de 500.000 abortos. Es la posición a la que aluden en estos días de polémica algunos dirigentes del PP, como Rafael Hernando o Carlos Floriano, para defender lo que ahora denominan una ley de casos, como el viernes la catalogó para no mojarse más la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones el pasado mes de noviembre, en la página 108, se fija la posición del partido sobre el tema: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Demasiado genérico y ambiguo. Lo único que precisó el viernes Santamaría fue la conocida reclamación del PP a cambiar la opción que tienen ahora las jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento de sus padres.

Los médicos harán un informe sobre cada caso, pero no será vinculante

Pero ahora en el Ministerio de Justicia quieren ir algo más lejos. El Ministerio ha encargado un trabajo al respecto a una comisión de expertos y el ministro ha sacado sus propias conclusiones. Primero avanzó el domingo pasado a La Razón que uno de los supuestos clásicos para la interrupción del embarazo, el de la malformación del feto, sería eliminado de su reforma. Ante la enorme polémica suscitada, no ha querido precisar mucho más y se ha negado a entrar en ese debate. Mutismo hasta que los expertos le aclaren algunas dudas que tiene en mente y que tendrán que resolverse antes de septiembre, para que en otoño pueda presentar públicamente su proyecto.

La reforma Gallardón de la ley del aborto fijará así un solo supuesto, el del daño psicológico de la madre, para poder abortar. La decisión última será de la madre, tras pasar de manera preceptiva por la consulta de un médico que revisará el caso, dará la información necesaria, ofrecerá alternativas y realizará su informe. La madre lo tendrá en cuenta, pero la opinión del facultativo no será definitiva. Es lo que se conoce como el modelo alemán.

El número de semanas en las que se permitirá la interrupción del embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario para determinar científicamente el tipo de problemas físicos, malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por haber sido víctima de una violación.

Es ahí dónde querría fijar el Ministerio el centro de la discusión, que se ha desbordado. La madre como responsable final que asume si puede o no continuar su “proyecto vital” en todos esos casos.

Aznar no tocó la ley de 1985 durante sus dos mandatos en La Moncloa

Otro problema a resolver es el de la titularidad del médico que intervendrá en la supervisión. Si forma parte del servicio público, la intervención será gratuita y con todas las garantías de la sanidad estatal. Pero a la afectada podría acarrearle problemas, por ejemplo, si le correspondiese en su zona un médico no partidario del aborto. Y no está claro cómo podría entonces cambiar de supervisor. Si el doctor trabajara en una clínica privada, la intervención supondría un coste. Sería una especie de privatización del aborto. Y retrotraería a las afectadas a los tiempos en los que se peregrinaba en busca de las clínicas especializadas más permisivas.

más información

• La malformación del feto, posición ética u obligación
• Aborto supervisado en los tres primeros meses en Alemania
• El 65% de los votantes populares y de los católicos, en contra

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343507786_367719.html

La malformación del feto, una posición ética o una obligación

El ministro justifica su posición con recomendaciones y mandatos de convenios internacionales

J. C. / J. D. 29 JUL 2012 EL PAÍS

Cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anticipó en La Razón su polémica intención de suprimir en la reforma de la ley del aborto el supuesto de la malformación del feto o el de algún tipo de minusvalía expresó su posición política, personal y del Gobierno, y también ética. Luego se preocupó de justificarla, además, con obligaciones, recomendaciones y mandatos de convenios internacionales. Pero primero fijó su opinión particular: “Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”. Esta postura enconó inmediatamente a muchas asociaciones feministas y a colectivos de madres que han sufrido embarazos y partos en esas condiciones y que le expusieron públicamente sus dramáticos casos.

El ministro no se arredró y el pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados, ratificó sus ideas sin ambages: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”.

En el Ministerio de Justicia, luego, han recopilado argumentos para sustentar esa opción del ministro. Por ejemplo, gustó mucho una entrevista publicada también esta misma semana con el gerente de la Asociación Down España, Agustín Matía, en la que avalaba las tesis de Gallardón no como una iniciativa personal del ministro sino como una obligación del derecho internacional. Fue el primero que aludió a las normas establecidas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmó en abril de 2008 y ratificó el Parlamento de forma unánime.

El comité de seguimiento de esa convención amparada por la ONU ya advirtió a España en octubre del año pasado que debía suprimir la distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad. Ese mismo comité admite que España tendría hasta el 3 de diciembre de 2015 tiempo para presentar un informe sobre cómo piensa encarrilar esa recomendación.

Sobre si detrás de toda esta operación política de Gallardón puede haber otras intenciones, el mismo responsable de la Asociación Down aprovechó para avisar al Gobierno de que si acometía una reforma en la ley debía tener en cuenta el principio de no discriminación, al margen de otras consideraciones sobre el aborto en general. Y avisaba: “No nos parece bien que bajo el supuesto del impacto psicológico a la madre se abra un coladero para discriminar indirectamente a los niños que vienen con Síndrome de Down”.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343508382_002516.html

Gallardón: La ley del aborto cumplirá con el convenio de la ONU sobre discapacidad

El ministro de Justicia se compromete a presentar la reforma antes de octubre

Francesco Manetto Madrid 27 JUL 2012 EL PAÍS

La futura ley del aborto responderá a la convención del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en abril de 2008 y que en octubre de 2011 recomendó al Gobierno suprimir (antes de diciembre de 2015) la distinción de plazos de interrupción del embarazo por motivos de discapacidad. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al destacar que la norma será, en cualquier caso, acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el aborto y a las recomendaciones de los convenios internacionales suscritos por España. Esa conformidad será, según el departamento de Justicia, el “criterio” a tener en cuenta para la modificación legal.

La convención sobre discapacidad de Naciones Unidas, aprobada en Nueva York en septiembre de 2006, recoge en su artículo 10 que “los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

El artículo 25, recuerda el Ministerio de Justicia, establece además que los Estados “exigirán” a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad “atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad”.

El ministro Ruiz-Gallardón destacó ayer, además, el “compromiso” del Gobierno de presentar esta reforma de ley del aborto antes del próximo mes de octubre.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/07/26/actualidad/1343330656_932304.html