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| Inmaculada Montalbán. Presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ |
El IV Congreso (bianual) del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (OVDyG) se inició ayer, 16 de noviembre, en el antiguo Salón de Sesiones del Senado a las 13 horas con la asistencia del
presidente del Senado, Francisco Javier Rojo; el presidente del Consejo
General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer; la Consejera de
Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol; el
Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el delegado del
Gobierno para la Violencia de género, Miguel Lorente; el secretario de
Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y el vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. El Congreso finalizó hoy, 17 de noviembre.
La presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género, Inmaculada Montalbán, expresó ayer su preocupación ante la
crisis económica que atraviesa España y destacó la necesidad de que los
recortes no afecten a la lucha y prevención de la violencia de género.
En la apertura del IV
Congreso del Observatorio, Montalbán añadió que es "necesario que los
recortes no afecten a estas ayudas asistenciales y económicas a las
mujeres porque son las que se necesitan para romper con el agresor". En
su opinión, "muchas son las mujeres que han conseguido salir del círculo
de la violencia tras confiar en las instituciones". Hay que recordarle a la ponente que el número de asesinadas no ha disminuido (ha aumentado desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género), y que los millones de euros que se mueven en torno a esta ley van a parar fundamentalmente a las asociaciones de mujeres y a los partidos políticos que gestionan ese dinero. Las mujeres realmente maltratadas no son las destinatarias de ese dinero que tanto reclama. Más aún, sería necesario investigar cuánto de ese dinero tiene como fin mantener las injusticias sexistas que se cometen en España mediante la ley de violencia de género y promover nuevas injusticias en la misma dirección sexista.
La conferencia inaugural, bajo el título 'Violencia de género y
justicia: Ideas para un futuro cercano', fue ofrecida por la presidenta
del Observatorio, Inmaculada Montalbán; la fiscal de Sala Delegada
Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, y el
delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.
Asimismo, a lo largo de las jornadas aportaron su punto de vista
el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia,
José Mª Gómez Villora; el médico forense, asesor de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de
Justicia, Eneko Barberia Marcalain; la presidenta de la FAMSD y
directora General del CARRMM, Ana María Pérez del Campo o la magistrada
presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid,
especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón; entre otros.
Como es fácil observar, no hay nadie entre los asistentes que haya expresado alguna crítica hacia las medidas sexistas presentes en la legislación española en esta materia. Al contrario, están presentes algunas personas cuyo sectarismo sexista es su máxima vital. Un Congreso, pues, sectario, ideológico, acrítico, acientífico, interesado, fuera de la realidad y, por tanto, fuente de nuevas injusticias.
En sus dos días de programa han salido las futuras medidas para abordar la llamada "violencia de género" en España. Éstas son las principales propuestas, publicadas en 20minutos.es:
Observatorio
Informe forense. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalban,
pide que se extienda a todas las CC AA la realización de un informe
forense que complemente el informe policial de riesgo de las víctimas.
Explica que así el juez contará con más información para poder adoptar
medidas cautelares para salvaguardar la vida de la víctima. Actualmente
solo realizan estos informes las CC AA que no tienen transferidas las
competencias de Justicia transferidas, que son seis.
'Feminicidios'. Se propone que se estandarice el término feminicidio, para las muertes de mujeres por razón de su sexo, a toda la Unión Europea.
La idea es conocer el alcance real de esta lacra, ya que muchos países
de la Unión no los contabilizan. Así se podrán hacer políticas
comunitarias en este sentido y, además, se aprobarán presupuestos para
luchar en su extinción.
Juzgados especiales. Pedirán que los casos de violencia de género solo pasen por juzgados especializados y no por mixtos. Para ello solicitan que se creen más juzgados especializados y que cada uno de ellos preste servicio a más territorios.
Juzgados especiales. Pedirán que los casos de violencia de género solo pasen por juzgados especializados y no por mixtos. Para ello solicitan que se creen más juzgados especializados y que cada uno de ellos preste servicio a más territorios.
Gobierno
Más protección a los menores. El delegado del Gobierno, Miguel Lorente,
considera imprescindible extender el uso del informe forense para
mejorar la valoración judicial. Por otro lado, explica que hay que
seguir concienciando a la sociedad y mejorar las prestaciones a los
hijos de las víctimas.
CGAE
Asesoramiento. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
pide que la Ley Integral de Violencia de Género obligue a que la
víctima cuente con el asesoramiento de un abogado desde el primer día.
"Hay que ayudarlas a poner la denuncia y, sobre todo, a que rellenen
bien la valoración de riesgo. Se podrían salvar muchas vidas", explica a
20 minutos María José Balda, presidenta del
Subcomité de Violencia contra la Mujer del CGAE. Por el contrario, los
"maltratadores están mejor asesorados", dice Balda. Explica que cuando
se detiene a un presunto agresor la Policía no le toma declaración hasta
que llega su abogado.
Víctimas vulnerables. Carmen Larramendi,
abogada y miembro del CGAE, solicita a los jueces que cuando haya
menores implicados en un caso de violencia de género se tomen su tiempo
para reflexionar. "No es lógico que dictes una orden de protección
porque la víctima corre peligro y a los segundos marques el régimen de
visitas para que el presunto agresor vea a sus hijos", explica
Larramendi. Esta profesional asegura que habría que proteger más al
menor y hacer uso de los mecanismos que hay en la Ley (retirada de la
guardia y custodia y de la patria potestad).
Las medidas anunciadas por el PP respecto a la inclusión de los hijos en las medidas de protección de la Ley contra la Violencia de Género sin duda van en esta dirección. Es decir, una denuncia no sólo impedirá la custodia (compartida o exclusiva) para el acusado, sino que conllevará la pérdida de la patria potestad de sus hijos y el derecho de visitas a los mismos (para ver los programas electorales pincha aquí)
Violencia "económica"
Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid
en la que pide que la violencia "económica" contra las mujeres se
incluya dentro del ámbito de aplicación de la ley de violencia de
género. La propuesta será debatida en el pleno de la Cámara del jueves
24. La idea es que también compute como delito cuando un hombre impide a
la mujer acceder a recursos económicos (a cuentas, a puestos de trabajo
o si no le paga la manutención de los hijos).
Si la custodia la tiene un hombre de forma exclusiva y la mujer no paga la pensión de sus hijos, ello no tiene (ni tendrá) la consideración de un acto de "violencia", pues estas personas están hablando de "violencia de género", cuyas víctimas son sólo mujeres, por definición. Sé de algunas mujeres que, por tanto, pueden seguir pensando que nunca cometieron actos de violencia habitual...
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