viernes, 29 de marzo de 2013

EL PAÍS falsea una sentencia de la Audiencia de Madrid para servir a la secta feminista

EL PAÍS. El diario de la mañana que ya no es independiente

Hay una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de San Lorenzo de El Escorial, un juzgado con funciones de Violencia sobre la Mujer (tribunal "especial" de los que EL PAÍS menciona como creados para evitar "contradicciones" entre lo civil y lo penal). Ciertamente, ahí no hubo contradicción: la custodia fue para el padre y la causa penal contra él fue archivada. Eso sí, aunque la juez estimó que la madre sólo le había denunciado por "resentimiento y ánimo de venganza contra su compañero", esa juez se limitó a archivar el caso y no dedujo testimonio a la denunciante ni abrió un sumario por denuncia falsa contra ella (nunca se hace...).

Entonces la madre recurrió a la Audiencia, donde los casos civil y penal son vistos en juzgados distintos. Como hay resoluciones contradictorias, tenemos inmediatamente a la secta feminista haciendo juicios paralelos en los medios y clamando contra la contradicción (inexistente en el Juzgado de Violencia contra la Mujer, como hemos visto)... Obviamente, no se cuestionan los "difusos" informes a los que alude el auto de la sección Penal de la Audiencia para reabrir la causa penal, sino que la campaña mediática sólo cuestiona que la sentencia de la sección Civil de la Audiencia hable de una situación de riesgo para la eliminación de la figura paterna. Se cuestiona desvergonzadamente esa posibilidad exigiendo un innecesario reconocimiento de una "enfermedad" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación de Psiquiatría Americana (APA), nada menos (¡!). Es la matraca de la secta feminista contra el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Con la excusa de que algunas personas lo han alegado falsamente en los tribunales, la secta feminista ha generalizado zafiamente la mendacidad de los hombres que denuncian la manipulación de sus hijos (nótese que esa acusación de mendacidad se considera por parte de la secta un insulto, o incluso un maltrato, cuando se imputa a las mujeres denunciantes). De ese modo, el SAP está hoy más en boca de la secta que en otra parte, pues se ha convertido por parte de la secta feminista en el cajón de sastre donde se meten todos los casos de manipulación de los hijos por parte de alguno de los progenitores para, negando la existencia del SAP como una enfermedad reconocida por la APA y la OMS, negar en realidad la existencia de manipulaciones o alienaciones de los hijos por parte de alguno de sus progenitores (lo cual equivale a negar que exista el cielo sobre nuestras cabezas y el suelo bajo nuestros pies). Así, y para seguir con esa línea argumental ya marcada por la secta, EL PAÍS no tiene reparo en afirmar falsamente que la Audiencia de Madrid aluda al SAF (Síndrome de Alienación Familiar), semejante al SAP. Lo cual, teniendo en cuenta la documentación aportada por el propio diario, es simplemente FALSO, como he dicho. 

Prueba:
  • Sentencia de la sección civil 24 de 14/3/2013.“No se han objetivado en los menores indicadores de malos tratos por parte de su progenitor. (...) Ambos presentan signos psicológicos compatibles con la vivencia de un clima familiar conflictivo y disfuncional del que es imprescindible que sean mantenidos al margen”. “Los hijos, en la época de dictarse la sentencia recurrida, estaban en una situación delicada que de mantenerse supondría en la práctica la eliminación de la figura paterna con el consiguiente perjuicio irreparable para su formación integral”.

  • Comentario de EL PAÍS: La Sección Civil 24 de esa misma Audiencia de Madrid que, el pasado 14 de marzo, confirmó la decisión del juzgado de violencia de dar la guarda y custodia de los menores a su presunto maltratador. “Los hijos, en la época de dictarse la sentencia recurrida” —la de la juez de San Lorenzo de El Escorial—, “estaban en una situación delicada que de mantenerse supondría en la práctica la eliminación de la figura paterna con el consiguiente perjuicio irreparable para su formación integral”, aseguran los magistrados de lo civil. La sentencia, como la de la juez de violencia, vuelve a hacer referencia al SAF aunque no sea reconocido por la comunidad médica. “La madre y los hijos forman una coalición en contra del padre, situándose como víctimas de una situación de malos tratos que no se ha objetivado de forma imparcial”, dice el tribunal que recoge de nuevo el informe del equipo psicosocial del juzgado.

¿Dónde menciona la sentencia de la Audiencia una "enfermedad" o "síndrome" de clase alguna, se llame SAF, SAP o de cualquier otra manera? ¿Por qué miente EL PAÍS? ¿Acaso sólo puede reconocerse que una madre manipula a sus hijos contra su padre si la OMS o el APA reconocen la existencia de una "enfermedad"? Señores de EL PAÍS, su discurso sexista (racista, para que lo entiendan mejor) es de un sectarismo enfermizo.

Para terminar. Veamos qué clase de argumento es el empleado por EL PAÍS (y la secta feminista). Parece ser que no se puede invocar en un tribunal que se está produciendo una alienación parental porque, atención, "no se trata de una enfermedad reconocida por la OMS ni la APA". Ya ha quedado claro que es innecesario que hablemos de "enfermedades" o "síndromes" (pues, como se ve en la sentencia de la Audiencia de Madrid, es suficiente con mostrar que hay una manipulación con resultado de alienación parental), pero aceptemos el reto... Resulta que las mismas personas (las mismas organizaciones sectarias) que rechazan tomar en consideración el llamado SAP (también conocido con otros nombres, como SAF, etc.) no ven inconveniente alguno en hablar del "Síndrome de la mujer maltratada" (una supuesta enfermedad). Pero hete aquí que esa enfermedad no está reconocida como tal ni por la OMS ni por la APA... Vaya, vaya... En el auto de la sección Penal de la Audiencia de Madrid se hacen los malabares correspondientes para decir que los síntomas (trastorno por estrés postraumático) de la denunciante "se derivan" o "están en relación" con un maltrato de pareja (una afirmación poco prudente, pues en realidad ese trastorno por estrés postraumático sería también compatible con muchas otras cosas, porque la argumentación al modo habitualmente establecido en esta clase de procedimientos sólo se basa en esa presunta "compatibilidad" entre el trastorno por estrés postraumático y los síntomas habituales de las mujeres maltratadas). Sin embargo, ni la mujer denunciante ni ninguna de las personas que tratan de ayudarla pueden decir que su padecimiento sea una enfermedad o un síndrome reconocidos como tales por la OMS o la APA. No es así... Ni siquiera EL PAÍS podría decirlo, claro está. Aunque eso no es problema para que ese periódico considere legítimo hablar del "Síndrome de la mujer maltratada" y publique constantemente noticias (como ésta) donde se habla de ese "síndrome" sin tratar de ponerle ni un solo pero...

Seamos serios de una vez y hablemos claro. A la secta feminista (y a sus servidores de EL PAÍS) les importa muy poco lo que diga la OMS o la APA. O mejor, les importa muy poco en términos de legitimidad. Porque esa supuesta legitimidad que aparentan echar en falta para reconocer el SAP (pero no para reconocer el "Síndrome de la mujer maltratada") se la quitan a la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) en el momento que esta asociación de psiquiatría reconoce como enfermedades aquello que la secta considera que no debe ser reconocido así... Por ejemplo, la transexualidad. Es decir, lo que dictamina la APA tiene legitimidad en cuanto que sea del agrado de la secta (y no es la secta la que se adecúa a una supuesta legitimidad de lo que diga la APA). Esto lo sabe bien EL PAÍS... Por tanto, digámoslo ya. La APA no tiene reconocido el SAP (o SAF, etc.) en su catálogo de enfermedades fundamentalmente porque a la secta no le interesa que sea así. Es de sobra conocido que existen peticiones (con fundamentación científica) para que la APA lo incluya en la nueva versión de ese catálogo de enfermedades, el DSM-V (el vigente es el DSM-IV), que saldrá próximamente tras muchos años sin modificaciones. Pues bien, a nadie se le oculta que, en España y fuera de España, la secta feminista trabaja y presiona denodadamente para que la APA no lo incluya en ese nuevo catálogo. De la misma manera que la secta ha conseguido que la transexualidad desaparezca del catálogo de enfermedades (asunto en el que ni entro ni salgo), es perfectamente posible que logre que el SAP no sea incluido. Sus intereses (legítimos o no) son los que dan legitimidad al DSM-V, y no al revés. ¿O existe alguna duda respecto a la reacción de la secta contra el DSM-V de la APA si ésta decidiera incluir el SAP en su nuevo catálogo de enfermedades? Ni la secta feminista ni tampoco EL PAÍS considerarían legítimo hablar del SAP por el mero hecho de que la APA lo incluyera, llegado el caso, en el DSM-V. Nada de esto se les escapa ni a la secta feminista ni a EL PAÍS.

Por otra parte, es notorio que no existe ninguna presión por parte del lobby feminista para que la APA o la OMS reconozcan al llamado "Síndrome de la mujer maltratada" como una enfermedad específica en sus catálogos de enfermedades... Ello es así porque, siendo conscientes de que no hay base científica para sustentar tal "enfermedad", el lobby feminista y sus correligionarios consideran completamente innecesario que ese "síndrome" aparezca reconocido como tal. Y ello es así porque está perfectamente introducido en la práctica jurídica: es suficiente con asociar la detección de una dolencia psicológica, como en este caso lo es un "trastorno por estrés postraumático", con determinados síntomas que suelen presentar las mujeres maltratadas (por lo que el maltrato sería una posible casusa del trastorno); síntomas que serían, se dice, compatibles con ese "trastorno por estrés postraumático" detectado. Eso es precisamente lo que ha hecho la sección Penal de la Audiencia de Madrid (si bien esa sección no usa la prudente palabra "compatibilidad" y se excede al afirmar que el trastorno por estrés postraumático detectado "se deriva" o "está en relación" con un maltrato sufrido por "su pareja"). Y por eso es absolutamente tramposo y una verdadera estafa a la ciudadanía que se insista en exigir que el SAP esté reconocido como una enfermedad específica por la OMS o la APA si es que se quiere invocar en los tribunales. La sección Civil de la Audiencia de Madrid ha eludido hablar de enfermedad o síndrome alguno (aunque EL PAÍS trate de engañar a sus lectores, pues todo lo más son los informes psicológicos los que acaso hablen de SAF, pero no lo hace la sección Civil de la Audiencia en su sentencia), y se ha limitado a exponer que no hay indicios objetivos de que los menores hayan sido maltratados por su padre (contra la acusación de la madre), mientras que sí se han detectado "signos psicológicos" en los niños que mostraban su situación "delicada" ("con peligro para la desaparición de la figura patrerna, necesaria para su formación integral"), añadiendo que esos signos psicológicos son "compatibles" con un "clima familiar conflictivo y disfuncional" (posible causa) que en este caso ha sido detectado sin la menor duda... Y es en base a ello por lo que determina que deben ser apartados de ese clima.  

Yo exigiría que, además, se procesase por maltrato a quien es responsable de esos daños, algo que jamás se hace y que muestra como absolutamente insuficiente la simple pérdida de la custodia de los hijos para quien es la presunta responsable de un maltrato.

A la secta feminista y a EL PAÍS les diría que dejen de dar la matraca esgrimiendo los catálogos de enfermedades del APA o la OMS cuando les conviene, y que abandonen su pretensión de tomar el pelo a los ciudadanos: sobre todo a los ciudadanos que padecen en sus propias carnes las alienaciones parentales infligidas por desalmadas (y desalmados) que, cuando tienen sexo femenino, encuentran apoyo entre las filas de la nueva secta racista... ¿Les molesta que les llame racistas? Lo sé... Sé que si les llamo sexistas ni se inmutan (uno de sus dogmas es que el feminismo no puede ser sexista), y por eso prefiero hablar en términos que puedan entender con total claridad a pesar de sus dogmas. Asuman lo que su comportamiento dice de ustedes... Y dejen de comportarse como racistas.

La Audiencia de Madrid entrega los niños a un hombre al que imputó por maltrato

La Sección 26 de lo Penal ordena investigarlo por violencia contra su compañera y los menores..

Una sección civil del mismo órgano le da la custodia de los hijos.

Manuel Altozano Madrid 28 MAR 2013 EL PAÍS

Un mismo tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, está dando respuestas contradictorias a un caso de violencia de género. Mientras que una sección penal de ese órgano decretó el pasado 29 de noviembre que un hombre debía ser investigado porque existían indicios de que hubiera maltratado a su excompañera y a sus dos hijos, otra sección civil de la misma audiencia acaba de otorgar la guarda y custodia de los hijos de la pareja, de 11 y 13 años, al presunto maltratador. Se trata de una de esas situaciones de riesgo que trataron de evitarse con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la creación de los juzgados especializados en este fenómeno.
El caso proviene del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Lorenzo de El Escorial con funciones de Violencia sobre la Mujer. Su titular, María del Carmen del Val, archivó el 26 de marzo del año pasado la denuncia por maltrato de una mujer contra su compañero. La magistrada argumentaba que esa denuncia solo se debía al resentimiento o el ánimo de venganza que la mujer tenía sobre su expareja y se apoyaba en el informe del equipo psicosocial del juzgado, que aseguraba que los dos hijos de ambos sufrían un presunto síndrome de alienación familiar (SAF), una variable del llamado síndrome de alienación parental (SAP) considerado por el Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial una estrategia procesal para resistirse a la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ninguno de esos dos síndromes está reconocido científicamente. Ni por el repertorio más aceptado de trastornos mentales, el DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría, ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Sala aprecia un síndrome no reconocido científicamente

Al día siguiente de notificar esa resolución, la juez Del Val presidió la vista en la que se debía decidir cuál de los dos progenitores se quedaba con la guarda y custodia de los niños. En su sentencia, que llegó un mes después, el pasado 27 de abril, dejó a los menores a cargo del padre y suspendió las visitas de la madre durante tres meses por ese presunto síndrome no reconocido médicamente que la madre, según la magistrada, habría generado en los hijos. Esos tres meses se convirtieron en ocho gracias a las listas de espera que presentan los dos Puntos de Encuentro Familiar (en los que se llevan a cabo estas visitas cuando hay conflicto entre los padres) de la Comunidad de Madrid, tras el cierre de seis de estas instalaciones debido a los recortes en servicios sociales.
La presunta víctima del maltrato recurrió ambas resoluciones —la penal, sobre el delito de maltrato; y la civil, sobre la guarda y custodia de los niños— a la Audiencia de Madrid que, sin embargo, no ha logrado dar una solución coherente al caso. La Sección Penal número 26 ordenó el pasado 29 de noviembre a la juez de San Lorenzo de El Escorial reabrir la investigación por maltrato contra el padre.
“No podemos llegar a la conclusión de que concurre un móvil de resentimiento y venganza” que vio la instructora en la denuncia de la mujer, mantuvieron los magistrados en su auto, en el que reprocharon a la juez de violencia que no hubiera tenido en cuenta otros informes médicos y psicológicos del Observatorio de la Violencia de la Comunidad de Madrid y del Servicio madrileño de Salud Mental que sí apreciaban indicios de maltrato.
Desde entonces, el hombre permanece imputado por maltrato. Contra su expareja y contra sus hijos. Sin embargo, esa circunstancia no ha sido tenida en cuenta por la Sección Civil 24 de esa misma Audiencia de Madrid que, el pasado 14 de marzo, confirmó la decisión del juzgado de violencia de dar la guarda y custodia de los menores a su presunto maltratador.
“Los hijos, en la época de dictarse la sentencia recurrida” —la de la juez de San Lorenzo de El Escorial—, “estaban en una situación delicada que de mantenerse supondría en la práctica la eliminación de la figura paterna con el consiguiente perjuicio irreparable para su formación integral”, aseguran los magistrados de lo civil. La sentencia, como la de la juez de violencia, vuelve a hacer referencia al SAF aunque no sea reconocido por la comunidad médica. “La madre y los hijos forman una coalición en contra del padre, situándose como víctimas de una situación de malos tratos que no se ha objetivado de forma imparcial”, dice el tribunal que recoge de nuevo el informe del equipo psicosocial del juzgado.

Los juzgados especializados se crearon para evitar fallos contradictorios

La mujer y los dos menores vivieron durante dos años juntos en una casa de acogida por recomendación del Observatorio de la Violencia de la Comunidad de Madrid que examinó su caso, pero, para los magistrados, esa “experiencia” solo ha “reforzado” en los hijos “el mensaje por parte de su madre de que su padre es un hombre maltratador”. La decisión, además, se tomó en contra del criterio del fiscal, que también solicitaba que la guarda y custodia pasara a la madre.
Fuentes de la defensa de la mujer aseguran que los magistrados de la sección civil conocieron antes de dictar sentencia el auto de sus compañeros de lo penal que ordenaba seguir investigando el presunto delito de maltrato del padre contra la madre y los hijos. La abogada no lo pudo adjuntar en su recurso porque lo redactó el pasado mayo, y el auto de la sección penal tiene fecha de 29 de noviembre. A las dos de la tarde de ese mismo día, la letrada lo presentó por registro junto a un escrito en el que avisaba al tribunal de su existencia y solicitaba que el recurso civil se resolvería “a la mayor brevedad posible”. Sin embargo, la sentencia no hace referencia alguna a esa resolución ni la contempla como un hecho probado nuevo.
La creación de los juzgados de violencia sobre la mujer —con competencias civiles y penales— por la Ley Integral contra la Violencia de Género se justificó, en parte, por la necesidad de que los jueces civiles que se encargaban del divorcio y de la tutela de los hijos, y los jueces penales que investigaban los delitos de maltrato, no adoptaran decisiones contradictorias que pudieran dejar desprotegidas a las víctimas. Ocho años después, no se ha logrado evitar esas resoluciones incoherentes en los tribunales que corrigen muchas de las resoluciones de esos juzgados: las audiencias provinciales.

Los argumentos

Auto de la sección penal 26 de 29/11/2012.
“El testimonio de la víctima, al menos en esta fase procesal, resulta creíble. (...) No podemos llegar a la conclusión de que concurre un móvil de resentimiento o venganza en la mujer que haya sido el detonante o causa de la denuncia”.
La resolución hacía referencia a tres informes que aseguraban que la madre “sufre un trastorno adaptativo o de estrés postraumático derivado de la situación de maltrato sufrido por su pareja” y “trastorno adaptativo con síntomas mixtos en relación con maltrato de pareja”.
Sentencia de la sección civil 24 de 14/3/2013.
“No se han objetivado en los menores indicadores de malos tratos por parte de su progenitor. (...) Ambos presentan signos psicológicos compatibles con la vivencia de un clima familiar conflictivo y disfuncional del que es imprescindible que sean mantenidos al margen”.
“Los hijos, en la época de dictarse la sentencia recurrida, estaban en una situación delicada que de mantenerse supondría en la práctica la eliminación de la figura paterna con el consiguiente perjuicio irreparable para su formación integral”.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Jeroen Dijsselbloem. Miembro de la secta de género y presidente ladrón del eurogrupo

Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, presiona para que los depositantes paguen el rescate a bancos

"Jeroen Dijsselbloem se dedicaba a temas de género e igualdad en el Parlamento holandés antes de convertirse en ministro de Economía. Poco después de hacerse con esa cartera dio la campanada al aceptar la oferta alemana y auparse a la presidencia del Eurogrupo. Sus críticos argumentan que esa filiación germánica se nota demasiado".

"Dijsselbloem explicó hace un mes, en una rueda de prensa del Eurogrupo, que no podía descartarse la quita a los depositantes y a la deuda de mayor calidad en Chipre. Aunque lo que valga para Chipre no valga para Holanda: Dijsselbloem se encargó a finales de febrero de la resolución del banco SNS, pero ahí no aplicó castigo ni a los bonistas sénior (los que poseen deuda de la máxima calidad) ni a los depositantes".

""Si es necesario hay que llegar hasta los depositantes y preguntarles: ¿Qué podéis hacer para salvar vuestro propio banco?”, aseguró en una entrevista a Reuters y al Financial Times que ha provocado el sobresalto de los mercados al interpretar que la solución chipriota para luchar contra las crisis bancarias servirá como guía en el futuro, a diferencia de lo que decía el comunicado pactado por los ministros de Finanzas de la eurozona".

Seguiremos de cerca a este representante del lobby de género incrustado en el poder económico de la UE (a la sombra de Merkel). Ya que está decidido a robar sus ahorros a los depositantes europeos para satisfacción de los bancos alemanes y holandeses merece toda nuestra atención. No sé por qué está tan colorado en la foto. Ni que ya le hubiera agarrado alguien por los cojones, vaya...

Las pérdidas de un banco deberían ser cubiertas con el dinero de quienes reciben ganancias cuando las hay... O sea, el dinero de quienes tienen acciones y otros sistemas de INVERSIÓN (bonos subordinados, bonos no garantizados...). Otra cosa muy distinta es que un banco cubra sus deudas con el dinero de quienes simplemente tienen su dinero DEPOSITADO en ese banco. ¿Por qué esas personas no reciben dividendos cuando hay beneficios?... ¿Por qué han de contribuir entonces a pagar las deudas del banco? Sólo hay una razón por la que se pretende que sea así: porque a los bancos alemanes y holandeses (acreedores de los bancos españoles, como lo son de los chipriotas) están dictando las normas para que se les GARANTICE que, sea como sea, van a cobrar las deudas de los bancos españoles (como las de los bancos chipriotas), aunque sea ROBANDO sus ahorros a meros depositantes de dinero en estos bancos. 

No hay que salvar a los bancos. Esa sería la última de las opciones. Antes de eso hay por lo menos otras dos: 
1. Que paguen sus deudas los accionistas y los inversores con bonos. Pero en ningún caso los meros depositantes de dinero. Resulta obvio que no debe sufrir las pérdidas quien no se beneficia de las ganancias. ¿O hay alguna duda respecto a eso? 
2. A mi juicio, antes de que los depositantes de dinero españoles deban pagar a esos bancos alemanes u holandeses, éstos deberían quedarse sin cobrar y, llegado el caso, irse a la quiebra... Que no hubieran prestado dinero a los bancos españoles para enriquecerse tan "arriesgadamente". Y si para ello hay que salir del euro, pues salgamos del euro. Ya estamos tardando en hacerlo.

¿Demasiado sincero?

Tras dos meses al frente del Eurogrupo, Dijsselbloem ha perdido su reputación en cuestión de horas

Isabel Ferrer / Claudi Pérez La Haya / Bruselas 26 MAR 2013 EL PAÍS

A veces no parece socialdemócrata: “Nadie llega a un Gobierno pensando que va a tener que imponer duros recortes, y sin embargo no queda más remedio que hacerlo”, explicó hace unos días en el Parlamento Europeo. A veces no parece holandés: “Jeroen es a la vez un calvinista y un bon vivant”, dice de él un antiguo colaborador. Y a veces no parece presidente del Eurogrupo: “Si los bancos no pueden recapitalizarse, entonces hay que pedirles a los accionistas y a los poseedores de deuda que contribuyan. Y si es necesario hay que llegar hasta los depositantes y preguntarles: ¿Qué podéis hacer para salvar vuestro propio banco?”, aseguró en una entrevista a Reuters y al Financial Times que ha provocado el sobresalto de los mercados al interpretar que la solución chipriota para luchar contra las crisis bancarias servirá como guía en el futuro, a diferencia de lo que decía el comunicado pactado por los ministros de Finanzas de la eurozona.
Pero Jeroen Dijsselbloem es socialdemócrata. Es holandés. Y preside también el Eurogrupo. Y es pragmático, directo y posse una endiablada tendencia a la sinceridad, entre otras muchas cosas.

Los socios europeos le acusan de actuar como ministro holandés

Ingeniero agrónomo por la Universidad de Wageningen, Dijsselbloem se dedicaba a temas de género e igualdad en el Parlamento holandés antes de convertirse en ministro de Economía. Poco después de hacerse con esa cartera dio la campanada al aceptar la oferta alemana y auparse a la presidencia del Eurogrupo. Sus críticos argumentan que esa filiación germánica se nota demasiado: Dijsselbloem ha desatado una tremenda polémica entre los socios europeos con esa referencia al modelo chipriota para acabar con las crisis bancarias. Los ministros le acusan —con la boca pequeña, al menos de momento— de actuar más como ministro holandés y socio de Alemania en esos asuntos que como presidente del Eurogrupo.
La interpretación del rescate chipriota que hizo en la citada entrevista coincide más con las tesis holandesas —y alemanas— que con lo que podía deducirse del comunicado oficial de los ministros de Finanzas, pactado hasta la última línea. Pero aunque fuera un repentino ataque de franqueza, nadie puede decir que era la primera vez: Dijsselbloem ya explicó hace un mes, en una rueda de prensa del Eurogrupo, que no podía descartarse la quita a los depositantes y a la deuda de mayor calidad en Chipre. Aunque lo que valga para Chipre no valga para Holanda: Dijsselbloem se encargó a finales de febrero de la resolución del banco SNS, pero ahí no aplicó castigo ni a los bonistas sénior (los que poseen deuda de la máxima calidad) ni a los depositantes.

A sus 46 años y con apenas dos meses al cargo del Eurogrupo, Dijsselbloem ha visto resquebrajarse su reputación gestora en cuestión de horas: pese a que la idea de que quienes se arriesgan paguen parece positiva, el momento de expresarla no es el más adecuado. Tras el revuelo causado se vio obligado a matizar sus palabras sobre la supuesta aplicación del patrón chipriota a otros rescates bancarios. “Me han traducido mal”, se justificó. “Yo no utilicé la palabra template (plantilla, en inglés) para explicar la situación de Chipre. Es más, acabo de aprenderla”, aseguró la noche del lunes en una entrevista televisada. “A la banca no le gusta nada oír que debe asumir las consecuencias de los riesgos que asume, pero así es", dijo en la tertulia más seguida de Holanda. Ayer, sin embargo, sus explicaciones se vinieron abajo. El Financial Times publicó una transcripción del polémico pasaje donde queda claro que sí fue preguntado directamente por el posible efecto template de la decisión comunitaria adoptada en Chipre. “Lo hemos hecho para evitar equívocos”, afirmó la dirección del diario británico.

Su reputación de buen gestor se ha resquebrajado en cuestión de horas

En Bruselas y en las capitales europeas el enfado es de gran calibre. Pero, de momento, en su país natal se han mostrado benévolos. La democracia cristiana holandesa ha pedido que ponga “más cuidado” en el futuro. Los socialistas radicales han optado por la sorna: “Comparado con decir que el pequeño ahorrador chipriota cargaría con el rescate, lo del modelo aplicable a otros países no es nada”. Arropado por Alemania, que lo asocia todavía con la austeridad promovida por Berlín, y apoyado por el Gobierno de centroizquierda holandés, la situación de Dijsselbloem es cuando menos comprometida. A partir de ahora tendrá que emplearse a fondo para no perder el puesto. Eso, y refrescar su inglés.


Fuente:  http://economia.elpais.com/economia/2013/03/26/actualidad/1364330970_156837.html

martes, 26 de marzo de 2013

La influencia del lobby feminista en el poder debe estar regulada, no institucionalizada

Consejo de Participación de las Mujeres
Desde hace ya varios años asistimos en España a un fenómeno político anómalo en una democracia. Determinadas asociaciones de ciudadanas (con 'a', pues es condición necesaria que se trate de asociaciones de mujeres) se han constituido en un lobby que ya no se limita a influir desde la sombra en las decisiones de los poderes del Estado por la vía de la presión social, de las relaciones de sus militantes con determinados partidos políticos o mediante campañas mediáticas desde los medios de comunicación afines. En España se ha legislado no sólo desde la influencia de este lobby, sino que se ha legislado para que este lobby tenga el control político de los temas en los que tiene interés (pincha).

El 3 de marzo de 2011 se constituyó el Consejo de Participación de las Mujeres, un "nuevo" organismo, presidido entonces por Leire Pajín, en el que las asociaciones del feminismo radical que venían diseñando y dictando a la Administración española las políticas familiares y de género desde hacía ya varios años (el PSOE es su "rehén", como declaraba Gregorio Peces Barba en 2009 -pincha-) lo harían ya de forma oficial y sin disimulo de ninguna clase.
Paralelamente, se han ido constituyendo consejos de participación de las mujeres como éste en distintas localidades y en las diferentes Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (pincha)

Tenemos, pues, a un lobby o grupo de presión (con una ideología y unos intereses determinados) que tiene no sólo reguladas sus relaciones con los poderes del Estado (lo cual siempre sería más positivo que una influencia oscurantista), sino que tiene esas relaciones perfectamente institucionalizadas. Y ello sin que nadie haya explicado nunca cuál es la legitimidad de la representación ciudadana de esas asociaciones en las instituciones... Se diría que alguien ha soñado que la ideología de estas asociaciones es ciencia infusa o verdad de la buena por alguna extraña razón. Y que los intereses de esas asociaciones son siempre legítimos y nunca espurios... O lo que es lo mismo: se diría que alguien ha soñado que cualquiera que tenga un relato de las cosas distinto al de esas asociaciones, o que tenga intereses distintos a los de las mismas, ha de ser simplemente un ignorante machista con intereses ilegítimos. Es obvio que esos sueños son los que estas asociaciones se dedican a introducir en las cabezas de los ciudadanos, como si estuviéramos en Matrix... Pero es igualmente obvio que su ideología es una forma de pensamiento acrítico (cada día más acrítico, precisamente a causa del monopolio que detentan  en el discurso) y que sus intereses legítimos van de la mano de otros que no son legítimos ni de lejos. Pero claro, para que esto sea posible razonarlo hace falta poder hablar... Y eso es lo que hoy es sencillamente imposible.  

El lobby feminista debe ser expulsado de unas instituciones de las que jamás debió formar parte. Su ideología y sus intereses deben ser escuchados por los poderes del Estado lo mismo que deben ser escuchados otros discursos y otros intereses igualmente legítimos. Quien quiera tener una ideología o unos intereses representados directamente en el Parlamento o en el Gobierno debe presentarse a unas elecciones para ello. Los lobbies no deben saltarse ese paso llegando al poder por un atajo antidemocrático. Debe superarse el oscurantismo en las relaciones de los lobbies con el poder político, pero en ningún caso ello justifica la institucionalización de la influencia de un lobby. Las relaciones de los lobbies (de cualquiera de ellos) con el poder deben estar reguladas.

 

Seis razones para una regulación del 'lobby' en España

Los grupos de presión deben salir de la oscuridad y actuar bajo reglas transparentes

Juan Francés 25 MAR 2013 EL PAÍS

Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Con estas palabras, y de forma inesperada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 20 de febrero, en la tribuna del Congreso y durante el debate sobre el estado de la nación, una próxima regulación de la actividad de los lobbies en España.
Ocultada por la presión agobiante de los escándalos y la crisis económica y social, la noticia puede haber pasado inadvertida para muchos. Y, sin embargo, es una cuestión muy relevante, por cuanto una medida de ese tipo puede suponer un gran avance en la lucha contra la opacidad y una apuesta por la transparencia en la vida política española. ¿Por qué? Por varias razones:

Las cucarachas proliferan en la oscuridad. Es indudable que en las relaciones entre los grupos de interés y los distintos poderes públicos se pueden cometer excesos y abusos. Pero como no existe una regulación que permita aportar luz y taquígrafos al proceso decisorio, nos tenemos que mover en el terreno de las especulaciones, en el piensa mal y acertarás. Una regulación que aportara transparencia a esa relación entre lobistas y políticos permitiría separar el grano de la paja, de forma que los ciudadanos pudieran identificar aquellas conductas que son legítimas de las que no lo son y deben ser erradicadas de nuestro uso político diario.
Los lobistas son los primeros interesados en regular su actividad. Por fortuna, hoy en día la mayor parte del lobby que se practica en nuestro país es profesional y legítimo. Gente que se dedica a exponer de forma elaborada sus argumentos ante la Administración o el diputado de turno, explicando sus problemas y presentando soluciones alternativas. En la última década hemos ido dejando atrás el lobby chapucero que se practicaba en nuestro país hasta hace poco, a cargo de conseguidores que bordeaban el tráfico de influencias en sus conductas. Pero aún quedan resabios, que manchan la imagen del colectivo y provocan que esta actividad siga estando mal vista por los ciudadanos. Por eso, los lobistas son los primeros que saldrían beneficiados si se establecieran unas reglas de juego, cuyo incumplimiento incapacitara para el ejercicio de la profesión.

Hemos ido dejando atrás el 'lobby' chapucero que se hacía en España, a base de conseguidores

No regular los lobbies no va a limitar su capacidad de influencia. Uno de los argumentos que más echan para atrás a muchos es aquel que establece que si regulamos los lobbies, estaremos abriendo las puertas del templo a los mercaderes, permitiendo que las grandes corporaciones y los más poderosos grupos de presión tengan el camino expedito para medrar con los poderes públicos en su propio beneficio. Pero es un argumento cínico y falso. Porque en ausencia de esa regulación, sucede que esos grupos de presión y grandes empresas ya son capaces de ejercer su influencia ante los poderes públicos. Simplemente ocurre que como no hay regulación, no tenemos herramientas para controlar ese proceso. La solución no pasa por esconder la cabeza ante la realidad de que en España se practica el lobby, sino intentar dotarnos de herramientas que lo supervisen. Regular el lobby no va a servir para evitar la capacidad de influencia de los lobbies, pero al menos sí que va a introducir una transparencia al proceso de la que aquí hasta ahora carecemos por completo.
La regulación de los lobbies beneficiaría más a los que menos acceso tienen. Asociado al argumento anterior, se suele aducir que la práctica del lobby solo está al alcance de los más poderosos, aquellos con los suficientes recursos como para dedicar personas, medios y tiempo a tratar de influir en los poderes públicos. Y sin embargo, es justo al revés. Porque los poderosos no necesitan una regulación para garantizar su acceso a los políticos, y en cambio, los menos poderosos sí se podrían ver muy beneficiados. Si un secretario de Estado estuviera obligado a hacer públicos todos los contactos que ha tenido a la hora de realizar una legislación sobre hipotecas, y se viera que se ha reunido cinco veces con el presidente de la AEB, y ninguna con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ciudadanía tendría elementos de presión para forzar a que se escucharan al menos los argumentos de todas las partes.
Cada vez va a haber más lobby. Por dos motivos. Por un lado, porque los ciudadanos españoles poco a poco están comprendiendo que no basta con votar cada cuatro años y acudir a alguna manifestación, sino que es necesario estructurar canales de participación de la sociedad civil en la política, porque están comprobando que hoy en día si no haces política, te la hacen. Por otro lado, la crisis económica provoca que la tarta a repartir entre los distintos grupos de presión haya menguado considerablemente, y eso significa que no todos los que antes recibían su porción del poder ahora lo van a poder mantener; lo cual, inevitablemente agudiza su necesidad de establecer vínculos cada vez más estrechos con este.
Los PIGS de la opacidad. El lobby está regulado en EE UU desde 1946. Existe igualmente desde hace años una regulación sobre la materia en la Unión Europea, que se ha reforzado recientemente, y lo mismo se puede decir de prácticamente todas las democracias avanzadas del continente europeo. Solo unos pocos países vecinos cuentan con semejante ausencia de regulación en este terreno: Grecia, Italia, Portugal... ¿también en esta cuestión queremos significarnos respecto de nuestros socios comunitarios?

El ciudadano tiene derecho a conocer quién pretende influir en el poder

Por todo ello, considero llegado el momento para abordar, de una vez por todas, una regulación integral de los lobbies en España. Dicha normativa, por lo demás, no debería quedarse en un mero enunciado cosmético destinado a dar satisfacción a los que ya tienen garantizado su acceso a los poderes públicos, sino que deberíamos aprovechar la oportunidad y desterrar para siempre la opacidad en el terreno de las relaciones entre grupos de presión y poderes públicos.
Sinceramente, yo sigo siendo escéptico sobre que seamos capaces, de un día para otro, de implantar en nuestro sistema político la cultura de la transparencia con que se opera en otras latitudes. Pero que sea difícil no quiere decir que no deba intentarse, porque es absolutamente necesario avanzar hacia una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Hacer públicas las actividades de aquellos que pretenden influir en el Gobierno y el Parlamento no debería ser más que el ejercicio del derecho público de los ciudadanos a tener conocimiento de los asuntos públicos. En las relaciones entre los lobbies y los poderes públicos, todo aquello que se pueda hacer ha de poder contarse. Y si algo no se puede contar, es que no debería hacerse.

Juan Francés es periodista. Ha sido jefe de prensa de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2011.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/03/21/opinion/1363886001_439010.html

sábado, 16 de marzo de 2013

En 2006, EL PAÍS difundía lo que hoy oculta sobre las denuncias de violencia de género

EL PAÍS. El diario de la mañana que ya no es independiente



Viernes, 30 de junio de 2006 (archivo de EL PAIS)

El 59% de las denuncias por maltrato tramitadas de enero a marzo acabaron archivadas por los jueces

Pere Ríos. Barcelona, 30 JUN 2006. EL PAÍS
El 59% de las denuncias por violencia doméstica que se tramitaron durante el primer trimestre de este año acabaron archivadas por los jueces, sin que ni siquiera se celebrara juicio al no encontrarse indicios para continuar el procedimiento o no localizar al denunciado.
Las cifras fueron facilitadas ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside Montserrat Comas, coincidiendo con el primer año de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa estadística oficial constata, una vez más, el progresivo aumento de las denuncias. De enero a marzo pasados se presentaron 37.504, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2005. De esas, 15.364 seguían tramitándose por los juzgados especializados en estos delitos, mientras que otras 22.140 denuncias ya habían sido resueltas de forma muy diversa: 13.072 sobreseídas por uno u otro motivo, 4.062 remitidas a otro tribunal para que las juzgue y 4.996 casos concluyeron en juicios de faltas o sentencias de conformidad. De las personas juzgadas, 3.864 fueron condenadas y otras 1.132 acabaron absueltas.
Otro dato que también indica la estadística oficial es que aumentó un 1,3% las órdenes de protección solicitadas por las mujeres durante el primer trimestre, hasta alcanzar las 8.857. Fueron concedidas 6.688, los jueces rechazaron 1.858 y otras 311 estaban pendientes de resolver.
Comas realizó ayer un balance positivo del primer año de aplicación de la ley, a la que definió como "un acierto". Durante la inauguración de un seminario para los 20 jueces españoles que ocupan juzgados exclusivos sobre la materia, admitió, sin embargo, que existen "disfunciones importantes" en la ley. Entre ellas señaló el hecho de que muchos de los 410 juzgados que hay en España que combinan los casos de violencia doméstica con los casos ordinarios civiles y penales tengan que suspender juicios porque los casos de maltrato son prioritarios. Con todo, la presidenta del Observatorio afirmó que se han cumplidos los objetivos que pretendía la ley.
Menos triunfalista se mostró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugenia Alegret, quien afirmó que la creación de juzgados y el aumento de las penas "no es la única vía".
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, indicó ayer, tras la presentación de la Memoria anual, que en otoño el alto tribunal abordará las 37 cuestiones de inconstitucionalidad sobre violencia de género relativas a amenazas y coacciones y algunas sobre órdenes de alejamiento.

 


Miércoles, 5 de julio de 2006 (archivo de EL PAÍS)
CARTAS AL DIRECTOR

Precisión

Montserrat Comas D'Argemir i Cendra, 5 JUL 2006. EL PAÍS
Me dirijo a usted en relación con la información publicada por su periódico del 30 de junio, página 46. Esta información llevaba por título El 59% de las denuncias por maltrato tramitadas de enero a marzo acabaron archivadas por los jueces.
Éste es precisamente el motivo de mi misiva. Como presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, considero que el citado titular es erróneo, así como parte de la información, que tuvo su origen en el curso de la inauguración del III Seminario de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, celebrado en Barcelona entre el 29 y el 30 de junio.
En el arranque de la información el autor también vuelve a inducir a error de un modo evidente. Dice: "El 59% de las denuncias por violencia doméstica que se tramitaron durante el primer trimestre de este año quedaron archivadas por los jueces sin que ni siquiera se celebrara juicio al no encontrarse indicios para continuar el procedimiento o no localizar al denunciado".
Como presidenta del Observatorio, sostengo que ese dato es erróneo, porque no es cierto que el 59% de dichas denuncias fuera archivado. Concretamente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se produjeron 37.504 denuncias por maltrato, que fueron tramitadas. De esas 37.504, 22.140 fueron terminadas de diversas formas. El 59% de esas 22.140 fueron sobreseídas -archivadas-.
El lector queda, por tanto, con la impresión de que ese 59% se refiere al total de denuncias tramitadas -37.504-. Y no es verdad. Se está refiriendo al 59% de las 22.140 denuncias terminadas.
Para ser fieles a la realidad, el periodista debería haber titulado que el 34,8% de las denuncias tramitadas quedaron archivadas en el primer trimestre. Porque ese porcentaje equivale a las 13.082 denuncias que fueron efectivamente archivadas respecto a la cifra total de 37.504.
El interés de que se publique esta carta reside en que, de no hacerlo, el ciudadano quedaría con la impresión de que las mujeres denuncian sin fundamento y que los jueces archivan más de la mitad de los casos que les llegan, además de poner en tela de juicio la propia estadística del Consejo General del Poder Judicial, que es de donde emanan estos datos, y de cuya documentación no se desprende esta información errónea.



Lunes, 10 de julio de 2006 (archivo de EL PAÍS)
CARTAS AL DIRECTOR

Violencia machista

José Manuel Arce García, 10 JUL 2006, EL PAÍS
Conviene aclarar cierto equívoco. La ley de violencia de género establece unos tribunales específicos para tratar los delitos de agresiones en los que la víctima es una mujer (y acaso además otras personas) que tiene o ha tenido relación afectiva con el varón acusado, hubiera o no convivencia entre ellos. Esa misma ley también introduce modificaciones al código penal agravando algunos delitos. Por ejemplo, cuando la víctima es un hijo u otra persona especialmente vulnerable que conviva con el acusado o acusada (pues en este caso la imputada también puede ser una mujer). Pero estos delitos tienen prevista su tramitación en los tribunales ordinarios y no en los reservados a juzgar la violencia machista contra las mujeres, la violencia de género.
Ahora quizá podamos interpretar un poco mejor los esclarecedores datos que EL PAÍS publicó el 30 de junio y que han puesto nerviosa a la señora Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que hizo una oscura precisión el 5 de julio en una carta al director. Lo cierto es que en el primer trimestre de este año se presentaron 37.504 denuncias en los juzgados específicos de violencia de género. En una mayoría de esas denuncias, 22.140 (el 59%), se resolvió no continuar la tramitación de los correspondientes juicios por delito de violencia de género, lo cual es un dato insoslayable incluso para quienes, como la señora Comas, se niegan a aceptar que es lamentablemente significativo (no necesita comentario). En la mayor parte de las ocasiones (13.072 casos, o sea, el 59% de este 59% de las denuncias...), el motivo fue el sobreseimiento o archivo de la causa. En 4.062 casos (18,3%) se resolvió remitirlos a otros tribunales, lo que implica que no constituían delitos de violencia de género, sino en todo caso de algún otro tipo. Y en las 4.996 resoluciones restantes (22,5%) se produjo una sentencia de conformidad o bien se determinó que lo indicado no era un juicio por delito de violencia de género sino un juicio de faltas. De las 4.996 personas juzgadas de este modo, 1.132 acabaron absueltas. Que cada cual saque sus conclusiones. Montserrat Comas afirma que "se han cumplido los objetivos que pretendía la ley"... Yo creo que la Justicia es otra cosa.

viernes, 15 de marzo de 2013

La secta feminista pide de nuevo el cese de Toni Cantó. Saben que 'no comulga'...

Toni Cantó. Diputado de UPyD

Hoy, 15 de marzo de 2013, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (presidida por la inefable Ana Mª Pérez del Campo) y la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres han  presentado en el Congreso de los Diputados una nueva petición para el cese inmediato de Toni Cantó en la Comisión de Igualdad y, también, como diputado, debido a las declaraciones que hizo en Twitter a finales de febrero y que hemos comentado aquí aportando información sobre el caso. Estas asociaciones, así como las que firman esta petición, consideran que las declaraciones de Cantó "vulneran claramente los Derechos de las Mujeres". De nada sirve que Toni Cantó haya pedido disculpas, sometido a unas acusaciones fuera de lugar. Estas asociaciones saben que Cantó defiende que "la igualdad no se puede construir contra los hombres". Y esa disidencia no se perdona, sobre todo si se le dice al lobby que las subvenciones que tanto les preocupan están siendo utilizadas "para construir la igualdad contra los hombres". Toni 'no comulga' con esta secta religiosa.



Tengo la esperanza de que, en las visitas mensuales que estas asociaciones anuncian al Congreso para presionar exigiendo el cese de Cantó, se den con un canto en los dientes al ver que allí hay más manifestantes a favor de Toni que en contra. Es un reto...

Antes de pasar a desglosar la lista de asociaciones que han exigido hoy que Toni Cantó se calle (que de eso se trata), les invito a ver un vídeo que se ha colgado precisamente hoy y que no deben perderse. Se trata de un caso relacionado con un tabú del feminismo español: la manipulación de los hijos por parte de un progenitor contra el otro. En este caso hay, como es habitual en ese tipo de situaciones, una "denuncia por malos tratos". El tiempo dirá si estamos ante una denuncia cierta. Pero también dirá, si se produce una sentencia absolutoria, si la justicia investiga las posibles denuncias falsas o no se toma la molestia de investigarlas... Seguiremos el desarrollo del caso.



Si el padre le hubiera estado pagando la elevada pensión que se menciona (dice esta señora, para negar que esos pagos existieran), nunca se habría movido de México: "viviría como una reina", añade. Pero más tarde asegura que el padre la llamó en una ocasión para pedirle que se fuera vivir a México y que, a cambio, él le daría dinero para vivir como una reina (de nuevo esa misma expresión...), y entonces dice que ella se negó porque "no es una cuestión de dinero, sino de tener en cuenta la opinión de los niños, que es lo que vengo reivindicando todo el rato", remata... Creo que la contradicción está bastante clara (y no digamos si añadimos las peticiones de dinero que reconoce que han hecho "sus abogados" si el padre "quiere volver a ver a los niños"). En el vídeo esta señora asegura que existe una denuncia por malos tratos que ha interpuesto en España. Sería interesante saber qué pasa con esa denuncia, si es que no miente cuando dice que existe. ¿Condena del denunciado? ¿Absuelto? ¿Simple archivo de la causa? ¿Inusual investigación por posible denuncia falsa?... No debe olvidarse que en este caso (aquí puedes ver el vídeo de 37 minutos con el programa de Antena 3 del que se ha extraído el fragmento que ya has visto) se ha instrumentalizado una vez más a la opinión pública para que la "presión popular" se impusiera no sólo a la Justicia, sino incluso a las resoluciones judiciales.



http://www.antena3.com/videos-online/programas/espejo-publico/ninos-alboraya-quedan-momento-madre_2013030400014.html  


La petición del lobby para tapar la boca a Toni Cantó ha sido firmada hoy por 54 asociaciones feministas. Ya la habían firmado otras 50, con el PSOE anidado entre ellas (el feminismo del PSOE lo lideran estas personas). Así que el número de asociaciones que abogan por la censura suman 104. Estas son la 54 que se acaban de incorporar:

 
01.- Asociación “Consuelo Berges” de Mujeres Separadas y Divorciadas. (Cantabria)    
02.- Asociación de Mujeres Separadas de Sevilla    
03.- Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI (Asturias)    
04.- Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Barcelona  
05.- Associació de Dones de Torreguitart  
06.- Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Ourense  
07.- CCOO de Ourense    
08.- Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia    
09.- Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias    
10.- Departamento Confederal de la Mujer U.G.T.    
11.- Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres    
12.- Unión de Asociaciones Familiares. UNAF    
13.-Asociación de Mujeres de San Fernando de Henares Montserrat Roig.    
14.- Colectivo Hectárea    
15.- Secretaria de la Mujer de CGT    
16.- Asociación de Mujeres Feminista de León    
17.- Comité de Culturas Lesbiana (CRECUL)    
18.- Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE)    
19.- Plataforma Mujeres en la Diversidad de la CM    
20.-Asociación Lasexologia.com    
21.- Federación de Mujeres Progresistas    
22.- Asociación ÁCANA    
23.- Asociación Mujeres Profesionales Encuentr@cuerdos    
24.- Federación de Asociaciones Madres Solteras    
25.- Asociación Solidaridad Madres Solteras    
26.- Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan    
27.- Todos los niños robados son también mis Niños    
28.-Asociación AFAN XXI (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAMP)    
29.- Asoc. de Mujeres Rosa Chacel (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAMP) 
30.-Aos. de Mujeres Juristas de la Provincia de Jaén (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAMP)    
31.- Asociación de Mujeres y Teología de Sevilla (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAMP)    
32.- Asociación de Mujeres  Empresaria Coperativistas de Andalucía (AMECOOP)    
33.-Asoc. de Mujeres Internacionales Costa Del Sol (Fuengriola, Málaga)    
34.-Asoc. de Mujeres la Yedra (Benamejí, Córdoba)    
35.-Asoc. de Mujeres Lesbianas de Andalucía    
36.-Asoc. de Mujeres Madame Bovary (Torremolinos, Málaga)    
37.-Asoc. de Mujeres de Puente Genil (Puente Genil, Córdoba)    
38.-Asoc. Colectivo Feminista Carmen Olmedo (Jaén)    
39.-Asoc. Organización de Mujeres Ciudadanas del Mundo (Fuengirola, Málaga)    
40.-Asoc. AMUVI (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres)    
41.-Asoc. de Mujeres Colectivo de Jóvenas Feministas    
42.-Asoc. Colectivo Independiente de Mujeres (Granada)    
43.- Asoc. de Mujeres Aquarena (Almería)    
44.- Asoc. de Mujeres Hypatia (Sevilla)    
45.- Asociación Forum de Políticas Feminista de Granada    
46.- Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad Luna (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAMP)    
47.- Asociación de Mujeres El Valle de Cantoria (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAMP)    
48.- Asoc. de Mujeres Isabel II    
49.- Asoc. de Mujeres la Coronada    
50.- Asociación Mujeres Progresistas Iris (Andújar, Jaén)    
51.- Asociación de Mujeres Al Sirat    
52.-Federación Provincial Maria Lejarraga (Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres CAMP)    
53.- Asociación de Mujeres Aura    
54.- Asociación Leonesa Simone de Beauvoir  

 
Registran las nuevas firmas en la Cámara Baja este viernes

Las asociaciones feministas que piden la 'cabeza' de Toni Cantó superan el centenar y acudirán cada mes al Congreso

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones feministas que piden la 'cabeza' del portavoz de Igualdad de UPyD en el Congreso, Toni Cantó, han doblado su número en tan sólo 15 días y ya ascienden a un total de 104, después de que a finales de febrero el parlamentario comentara en 'Twitter' que "la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas".
   La iniciativa está encabezada por el Consejo de La Mujer del ayuntamiento de Madrid y en su representación, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas Ana María Pérez Del Campo ha acudido al Congreso de los Diputados a registrar otras 54 firmas, a las 50 ya presentadas a finales de febrero.
   Según promete, acudirá al Congreso mensualmente, conforme se vayan adhiriendo más y más asociaciones, donde también las hay masculinas como la Asociación de Hombres por la Igualdad, hasta que el parlamentario renuncie a su acta por este acto de "terrorismo de género". "Esto es tan grave como lo era el terrorismo de ETA", ha puntualizado.
   Acompañada por la presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo de Lobby Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor, ambas han hecho entrega en el registro de la Cámara Baja de una carta en el Congreso de los Diputados dirigida a la líder de UPyD, Rosa Díez, para pedir el cese inmediato de su portavoz en la Comisión de Igualdad, con la firma de otras 54 asociaciones, a las 50 registradas el pasado 28 de febrero.
   "Las asociaciones y personas individuales abajo firmantes exigimos a la dirección de UPyD, y concretamente a su presidenta, Rosa Díez, la retirada inmediata del acta de diputado a Antonio Cantó debido a sus opiniones infundadas y falsas sobre las víctimas de violencia de género", reza el encabezamiento de la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
   Entre las nuevas adhesiones figuran la Asociación de Mujeres Separadas de Sevilla; CC.OO. de Ourense; el departamento Confederal de la Mujer U.G.T.; la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; la Secretaria de la Mujer de CGT; el Comité de Culturas Lesbiana (CRECUL); Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE); la Federación de Mujeres Progresistas; la Federación de Asociaciones Madres Solteras; la Asociación de Mujeres La Yedra; el Colectivo Feminista Carmen Olmedo; o la Asociación de Mujeres Hypatia, entre otras.

"HA ENGAÑADO A LA CIUDADANÍA"

   A su juicio, no es tolerable que un representante de la soberanía popular emita unas declaraciones que, "únicamente llevan a confundir y engañar a la ciudadanía y a aumentar el sufrimiento de las mujeres que padecen malos tratos, obviando y contradiciendo los informes de la Fiscalía General del Estado".
   Es más, consideran que opiniones en este sentido suponen una "doble victimización" de unas mujeres que soportan la carga de la violencia machista y, en muchas ocasiones, el abandono o la desidia de las instituciones que deberían protegerlas.
   "El señor Cantó no está capacitado para ostentar un cargo de representación, cobrar por ello un dinero a cargo de los impuestos de la ciudadanía ni, para más escarnio, ser miembro y portavoz de la Comisión de Igualdad del Congreso", insisten en la misiva dirigida a Rosa Díez.
    En concreto, quieren que Toni Cantó haga entrega de su acta de diputado por las declaraciones falsas efectuadas contra la violencia de género, dada "la apología y a la violencia que las mismas transmiten así como la destitución inmediata del precintado Señor de la Comisión de Igualdad del Congreso y Senado".
   Pérez del Campo considera así que, cuando un diputado miente de forma "flagrante" en política, debe suponer su fin en la carrera política, con su consecuente pérdida de credibilidad. "No vamos a consentir que las mujeres mueran y hayan falsedades en el Parlamento", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha recordado el caso del ministro británico que engañó sobre una multa de tráfico que le ha costado la cárcel, tanto a él como a su mujer.
   Mientras, Rafaela Pastor, ha reiterado que, hasta que no se consiga que la política deje de ser representada por "individuos que menosprecian los derechos humanos de las mujeres", en referencia a Cantó, las feministas acudirán con sus firmas al Congreso de los Diputados.

EL DIPUTADO ESTÁ AVALADO POR UPYD

   El diputado ya pidió perdón a finales de febrero en Twitter, en los pasillos del Congreso, así como en la propia Comisión de Igualdad, donde volvió a ofrecer sus "disculpas" y admitió su "grave error" por difundir "datos no contrastados" sobre denuncias de mujeres que padecen violencia de género.
   Eso sí, el parlamentario y, también actor, no renunció a su puesto en esta comisión, pese a que el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG pidieron expresamente su reprobación y el PP, CiU y PNV, condenaron sus declaraciones. UPyD también avaló entonces su continuidad.
   Por su parte, Rosa Díez acusó al PSOE e IU en su blog de encabezar "la persecución y el aniquilamiento personal" contra el diputado de su formación, primero tras su intervención en la defensa de la admisión a trámite de declarar las corridas de toros bien de interés cultural, y después a propósito de los tuits antes mencionados.
   De hecho, subrayó que este "linchamiento público" formaba parte de una "reacción orquestada y desmesurada" a través de las redes sociales de muchos "torquemadas españoles" que han salido "a la caza", bien escondidos en el anonimato, o comentando en Twitter. No obstante, mostró entonces su disposición a reunirse con quien tuviera que hacerlo.
El 2 de marzo, Anna Grau publicó un excelente artículo titulado ¿Alguna mujer defiende a Toni Cantó? Yo misma. Tanto Anna Grau como muchas otras mujeres no piensan como estas asociaciones feministas. Esas otras mujeres, muchas más de las que imagina el lobby sectario, no se sienten representadas por un lobby al que jamás han dado su voto en ninguna parte... A Toni Cantó sí le han votado muchas mujeres. Y lo seguirán haciendo.