miércoles, 12 de marzo de 2014

¿Cuánto mide un dirigente del PSOE si se mide con su vara de medir a los demás?

El PSOE ha establecido la doctrina que niega a los hombres absueltos tras una acusación de violencia de género la legitimidad para decir que la acusación era falsa. Ciertamente, esa denuncia podría ser veraz y que no hubiera podido probarse su veracidad. Ahora bien, si no puede decirse que la acusación era falsa y ha de mantenerse que puede ser cierta, entonces una absolución judicial no sirve como absolución social. El PSOE ha insistido en que la acusación podría ser cierta pese a la absolución del acusado, y ha insistido en ello porque a ese partido le han interesado mucho las tesis del lobby feminista (y supuestamente la protección de las denunciantes) y le ha interesado muy poco la dignidad de los denunciados falsamente. El PSOE ha sostenido que para poder decir que una denuncia es falsa es necesario probar tal cosa en un jucio y lograr que la denunciante sea condenada por un tribunal. Claro que al mismo tiempo ha trabajado denodadamente para que las denuncias falsas no sean perseguidas ni investigadas, no sea que salgan mal parados los intereses del lobby antes mencionado.
Sin embargo, hay una excepción a esta regla establecida por el PSOE. Si el acusado de violencia de género es un dirigente del PSOE, entonces sí puede asegurarse a bombo y platillo y en rueda de prensa que la denuncia contra él era falsa tras la simple absolución del acusado. Compruébelo:
 
 


https://www.youtube.com/watch?v=d9uTnNTyKBY

Alejandro Soler recuperará sus cargos en el PSOE tras su absolución

El exalcade de Elche afirma que no es su prioridad volver a ser el portavoz en la Diputación


Ruben Esquitino Elche. 11 MAR 2014. EL PAÍS
 
Soler recibe felicitaciones a su llegada a la sede del PSPV de Elche. / JOAQUIN DE HARO
 
Alejandro Soler no niega que ha quedado “tocado profesionalmente” pese a que fue absuelto hace dos días de maltrato a su exesposa. El último alcalde socialista de Elche y exportavoz en la Diputación de Alicante renuncia a reclamar el cargo: “Me incorporaré a mi trabajo como concejal y diputado, pero ser portavoz no está entre mis prioridades”, dijo Soler, a la espera de que se le restauren sus responsabilidades orgánicas en el PSOE-PSPV.
Soler, acompañado de familiares y militantes, eligió la sede del PSPV en Elche para reflexionar sobre su último mes, en el que fue “objeto de una falsa acusación” por la que el fiscal pidió tres años y dos meses de cárcel.
Ferraz (sede madrileña del PSOE), a instancias de Valencia, ya ha iniciado el proceso de readmisión de Soler en la ejecutiva federal de Alfredo Pérez Rubalcaba, la militancia y la secretaría general de la comarca de El Baix Vinalopó.
El socialista se mostró “un firme defensor” de la lucha contra esta “lacra de la sociedad”, pero la sensación de indefensión que sintió le ha dejado huella: “La ley debe mejorarse”, aseveró, “no se puede tolerar que alguien la use para un beneficio propio, es un delito execrable. Lucharé para que no vuelva a ocurrirle a otra persona”. Al no poder presentar pruebas ante el Juzgado de Violencia de Género y pasar directamente a lo Penal, “se genera una indefensión absoluta”, consideró Soler: “De haber podido presentar el testigo y pruebas como hice posteriormente en el juicio se hubiera solucionado en 24 horas”.
“Yo era plenamente consciente de que esto me podía ocurrir por el tipo de persona que es [su exesposa]. Nunca me quedaba a solas con ella o subía a casa, los intercambios del niño los hacíamos en el portal. Debería existir la posibilidad de constatar que uno puede ser denunciado interesadamente en casos como el mío en el que existan disputas económicas, de custodia de niños, celos o cualquier disputa en el que uno pueda ser denunciado”, apuntó.
La exesposa de Soler le denunció el pasado 12 de febrero por una supuesta agresión ocurrida el día 9 en el zaguán del portal de la casa que compartieron. La mujer, una vez en comisaría, amplió su denuncia a tres delitos más —otra agresión y dos de amenazas—, dos de ellos ocurridos supuestamente hace un año y el otro hace tres.
El juez los desestimó todos al no existir prueba alguna y constatar “una evidente —y mutua— antipatía”. Más duro fue descartando la agresión del día 9 de febrero: el testimonio de la denunciante, sentenció, “no merece credibilidad” por no ser “persistente, clara, concreta y precisa en su declaración”, que, además, contradijo lo denunciado en sede policial. Y, remató el juez, el informe forense de lesiones “no corrobora en sí mismo la versión de la víctima”.
Soler afeó además las informaciones “amarillistas” de algunos medios y la actitud “carroñera” de su sucesora en la alcaldía, Mercedes Alonso (PP), quien dio por hecho las agresiones al decir que “hay cosas que no se pueden hacer. Y los políticos tenemos además que dar ejemplo de muchas cosas”.
 
POLÍTICA Primeras declaraciones tras ser absuelto de una denuncia de malos tratos

El ex alcalde de Elche: 'Hay que modificar la Ley de Violencia de Género'

  • Cree que se debe evitar que alguien se aproveche de la ley para emitir denuncias falsas

  • Se incorpora a sus responsabilidades, excepto a la portavocía del PSPV en Diputación

  • 'Mi vida personal es más importante que mi vida política', añade Alejandro Soler

  • 'Mi preocupación hoy es dejar clara, por mi persona, honor y honestidad', dice

El ex alcalde de Elche, Alejandro Soler, durante la rueda de prensa...
El ex alcalde de Elche, Alejandro Soler, durante la rueda de prensa ofrecida este martes. MANUEL LORENZO

 

 


EL PAÍS hace de macarra del PSOE en los bajos fondos del CGPJ

El diario EL PAÍS se comporta como un macarra periodístico en el conflicto que enfrenta a la magistrada 'progresista' Clara Martínez de Careaga con Carlos Lesmes, presidente del Poder judicial. La escena tiene lugar en los bajos fondos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el motivo de la disputa es el control del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Ese Observatorio es el centro de operaciones desde el que se justifican con datos e informes todas las políticas relacionadas con la violencia de género. Quien controla esos fogones, controla la cocina de este inmenso negocio.

El observatorio de violencia de género abre otra brecha en el Poder Judicial

La designación de Carmona, conservadora, para dirigir el organismo provoca nuevos roces

José Antonio Hernández. Madrid, 9 MAR 2014
 
Los roces entre un amplio sector del grupo progresista y el presidente del Poder judicial, Carlos Lesmes, crecen por días. Lo último ha sido la designación de María Ángeles Carmona (conservadora) como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Un cargo que, según distintas fuentes del sector progresista, legalmente (artículo 610.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) debe recaer en la presidenta de la Comisión de Igualdad. Este cargo lo ocupa la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, a quien Lesmes “prometió” este puesto el pasado 9 de enero, en la antesala de la constitución de las comisiones.
La de Igualdad, la minicomisión del Consejo, es la única en manos del sector progresista (Martínez de Careaga y los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda). Al entregarle el Observatorio a Carmona, a Igualdad se le cercenan la mitad de sus competencias legales, lamentan fuentes progresistas. Lesmes y Martínez de Careaga mantuvieron una tensa conversación hace unos días, cuando ella supo por el propio Lesmes su intención de nombrar a Carmona como presidenta del Observatorio. Según las citadas fuentes, la explicación de Lesmes sobre este nombramiento fue que Carmona había ido al Consejo para hacerse cargo del Observatorio, y que los vocales (“se referirá a los conservadores”, le espetan) entienden que es la persona adecuada porque desde 2009 coordina como cargo estatal la violencia de género en Andalucía desde la Delegación del Gobierno; y aun admitiendo que se lo había prometido, Lesmes se justificó: “Me lo he pensado mejor”. “Eso es hacer trampas y faltar a la palabra”, le reprochan al presidente.
En este cruces de reproches, y al borde de unir sus firmas seis vocales progresistas para exigir un pleno extraordinario en el que pedir explicaciones, el sector progresista se pregunta del lado de quién están dos de sus ocho miembros: les llaman “los acomodados”, y pertenecen a la todopoderosa Comisión Permanante, que preside Carlos Lesmes. Se trata del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, quien, según fuentes del Consejo, pidió a Lesmes estar en la Permanente por razones económicas (al tener exclusividad, dispone de coche oficial y de unos 6.000 euros de sueldo); y Mar Cabrejas, vocal de confianza del diputado del PSOE Antonio Camacho.