Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios
de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por
parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas.
En su informe, el Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la
Delegación de Violencia de Género
"no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como
procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos
fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento
efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia
que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".
En
concreto, señala dos expedientes por un importe total de 5,5 millones
que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando
razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente
justificada". A su juicio, ello pudo comportar una "falta de
transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber
utilizado otro procedimiento.
La "utilización reiterada" de la
tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos
en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe
aprobado el 27 de enero y que acaba de remitirse al Parlamento.
También
cita tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento
negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos, en los
que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido para
su financiación, así como otros tres contratos administrativos "con
objeto distinto pero todos íntimamente relacionados", que podrían
indicar "fraccionamiento en el objeto del contrato con la finalidad de
disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad".
Tampoco
ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes
que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma
empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una "adjudicación
directa" que vulnera "los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".
Sospecha de fraccionamiento de contratos
Igualmente,
ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12%
del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último
trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su
importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede ser
indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los
contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y
eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera
procedido".
Al año siguiente, en 2009, hubo un "importante
descenso (del 45%) en el número de contratos", especialmente los de
menor cuantía, debido a una planificación más adecuada, pero la entidad
fiscalizadora sigue recomendando "restringir la utilización del
procedimiento de contratación menor, así como su reiterada adjudicación
por el importe máximo permitido en la Ley".
En cuanto al sistema
de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de
Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de
dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del
contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.
Las
incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las
subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se
aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del
Tribunal de Cuentas.
El Observatorio no cumple sus funciones
Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración
institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque
considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones
establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su
función como órgano de asesoramiento y evaluación.
Igualmente, ha
verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de
observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres,
constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros
observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que
considera "necesaria".
En otro orden de cosas, y aunque no figura
en los aspectos centrales del informe, el Tribunal de Cuentas destaca
que la delegación que dirigía
Miguel Lorente no acreditó entonces
haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley
Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en
cada departamento.
Aún así, tomando como referencia las
Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009,
certifica que la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor a la de
los hombres en este organismo.
Aído,
por su parte, defendió que las "deficiencias administrativas"
detectadas en la gestión del Ministerio de Igualdad, mientras ella era
ministra, fueron "puntuales" y ya estaban "corregidas", al mismo tiempo
que las anomalías recogidas en el informe no eran "ni numerosas, ni
generalizadas". "Se trata de incidencias puntuales, detectadas y
corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende
este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", reiteró
la extitular del Ministerio de Igualdad.
Mientras, la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género aseguró en un comunicado que no
se había cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos"
los procedimientos estuvieron regulados en la Ley de Contratos del
Sector Público.
