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| Bibiana Aído, exministra de Igualdad del Gobierno de Zapatero |
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| Miguel Lorente, Delegado del Gobierno de Zapatero para la Violencia de Género |
El Tribunal de Cuentas pone en la picota a la ex ministra Bibiana Aído por entregar a 'dedo' suculentos contratos
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes ante el Parlamento su informe de fiscalización aprobado en 2011 y en el que se detectaron múltiples "deficiencias" en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.
Diariocrítico/Agencias 14/10/2013
Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En su informe, el Tribunal de Cuentas detectó que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".
En concreto, señala dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A su juicio, ello pudo comportar una "falta de transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.
La "utilización reiterada" de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe aprobado el 27 de enero y que acaba de remitirse al Parlamento.
También cita tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos, en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido para su financiación, así como otros tres contratos administrativos "con objeto distinto pero todos íntimamente relacionados", que podrían indicar "fraccionamiento en el objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad".
Tampoco ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una "adjudicación directa" que vulnera "los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".
Sospecha de fraccionamiento de contratos
Igualmente, ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido".
Al año siguiente, en 2009, hubo un "importante descenso (del 45%) en el número de contratos", especialmente los de menor cuantía, debido a una planificación más adecuada, pero la entidad fiscalizadora sigue recomendando "restringir la utilización del procedimiento de contratación menor, así como su reiterada adjudicación por el importe máximo permitido en la Ley".
En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la violencia de género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.
Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del Tribunal de Cuentas.
El Observatorio no cumple sus funciones
Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.
Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera "necesaria".
En otro orden de cosas, y aunque no figura en los aspectos centrales del informe, el Tribunal de Cuentas destaca que la delegación que dirigía Miguel Lorente no acreditó entonces haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en cada departamento.
Aún así, tomando como referencia las Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009, certifica que la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor a la de los hombres en este organismo.
Aído, por su parte, defendió que las "deficiencias administrativas" detectadas en la gestión del Ministerio de Igualdad, mientras ella era ministra, fueron "puntuales" y ya estaban "corregidas", al mismo tiempo que las anomalías recogidas en el informe no eran "ni numerosas, ni generalizadas". "Se trata de incidencias puntuales, detectadas y corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", reiteró la extitular del Ministerio de Igualdad.
Mientras, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aseguró en un comunicado que no se había cometido "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos" los procedimientos estuvieron regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.
Fuente: http://www.diariocritico.com/nacional/tribunal-de-cuentas/bibiana-aido/444031
Una vez presentado el informe del Tribunal de Cuentas ante el Congreso este martes, los medios de comunicación se han referido a esa sesión de esta manera:
Una vez presentado el informe del Tribunal de Cuentas ante el Congreso este martes, los medios de comunicación se han referido a esa sesión de esta manera:
El Tribunal de Cuentas detectó opacidad en los contratos de la Delegación de Violencia de Género
Madrid, 15 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas
detectó irregularidades y falta de transparencia en contratos de
publicidad de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que
utilizó, entre 2008 y 2009, el procedimiento de urgencia en numerosas
ocasiones y nunca con una justificación.
El Tribunal de Cuentas detectó opacidad en los contratos de la Delegación de Violencia de Género
Madrid, 15 oct (EFE).-
El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades y
falta de transparencia en contratos de publicidad de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género que utilizó, entre 2008 y 2009, el
procedimiento de urgencia en numerosas ocasiones y nunca con una
justificación.
Así lo ha asegurado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón
Álvarez de Miranda, en su comparecencia en el Congreso en la que ha
precisado que no se trató de irregularidades graves [¿con qué criterio?], por lo que se han
archivado los procedimientos de investigación puestos en marcha [debe tenerse en cuenta que los procedimientos por "irregularidades" que el TC investiga, con la tardanza que estamos viendo en este caso, ya están prescritos, pues lo hacen a los 6 meses de cometida la infracción -como lo estás leyendo-, de ahí sin duda que lo haya archivado sin más].
Álvarez de Miranda ha dicho que la institución que preside detectó una excesiva acumulación de contratos menores y la concesión de otros contratos sin acudir al procedimiento abierto, lo que, ha argumentado, afecta a la transparencia de la gestión [pero lo archiva porque no hay nada que hacer, como he dicho antes].
La diputada del PSOE Ángeles Álvarez -cuyo partido gobernaba durante la época fiscalizada-, ha asegurado que se tramitaron contratos por el procedimiento de urgencia debido a "necesidades inaplazables de interés público" [eso hay que demostrarlo, señora...] y que, por lo tanto, estaban justificados [a su juico, naturalmente].
Además ha argumentado que la mayoría de los contratos menores, que se tramitan con más rapidez, se realizaron en el último trimestre de 2008 y debido a la proximidad del Día Contra la Violencia de Género, que se celebra en noviembre [¿y...?].
Álvarez ha acusado al presidente del Tribunal de Cuentas [lo cual ya es el colmo] de hacer "una valoración política que no le compete" ya que siempre se actuó "rápido y dentro de la legalidad" [algo que es evidentemente falso].
El PP, en boca de la diputada Teresa Ruiz, ha criticado la gestión que hizo el PSOE durante su época de Gobierno de los contratos relacionados con las campañas de publicidad contra la violencia de género.
Ha tachado la gestión socialista de "chapuza administrativa de principio a fin" y ha asegurado que existe un "incumplimiento reiterado de la ley".
Además de este informe sobre la Delegación contra la Violencia de Género, el Congreso ha aprobado varias resoluciones sobre el informe de fiscalización de partidos políticos correspondiente a 2008, que fue presentado el pasado mes de septiembre.
Álvarez de Miranda ha dicho que la institución que preside detectó una excesiva acumulación de contratos menores y la concesión de otros contratos sin acudir al procedimiento abierto, lo que, ha argumentado, afecta a la transparencia de la gestión [pero lo archiva porque no hay nada que hacer, como he dicho antes].
La diputada del PSOE Ángeles Álvarez -cuyo partido gobernaba durante la época fiscalizada-, ha asegurado que se tramitaron contratos por el procedimiento de urgencia debido a "necesidades inaplazables de interés público" [eso hay que demostrarlo, señora...] y que, por lo tanto, estaban justificados [a su juico, naturalmente].
Además ha argumentado que la mayoría de los contratos menores, que se tramitan con más rapidez, se realizaron en el último trimestre de 2008 y debido a la proximidad del Día Contra la Violencia de Género, que se celebra en noviembre [¿y...?].
Álvarez ha acusado al presidente del Tribunal de Cuentas [lo cual ya es el colmo] de hacer "una valoración política que no le compete" ya que siempre se actuó "rápido y dentro de la legalidad" [algo que es evidentemente falso].
El PP, en boca de la diputada Teresa Ruiz, ha criticado la gestión que hizo el PSOE durante su época de Gobierno de los contratos relacionados con las campañas de publicidad contra la violencia de género.
Ha tachado la gestión socialista de "chapuza administrativa de principio a fin" y ha asegurado que existe un "incumplimiento reiterado de la ley".
Además de este informe sobre la Delegación contra la Violencia de Género, el Congreso ha aprobado varias resoluciones sobre el informe de fiscalización de partidos políticos correspondiente a 2008, que fue presentado el pasado mes de septiembre.
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