Qué le vamos a hacer. Hay que conformarse con la información que ofrecen medios conservadores y tradicionalistas como ABC. No podemos esperar encontrar esta noticia en medios de comunicación autotildados como "progresistas"... Tampoco entre asociaciones o partidos políticos "progresistas". Menuda mierda (con perdón) de progresistas, que usan la razón para calcular beneficios y para apuntalar dogmas con sus compinches de la secta feminista (el feminismo real, no esa entelequia que teóricamente lucha por la "igualdad"). Qué asco. No se sabe cuál de ellos es más hijo de puta (dicho sea en tono humorístico, ya saben). Pero todos ellos lo son en abundancia. Todos ellos y todas ellas. Ninguno dedicará ni una línea de escritura, ni una sílaba de su voz, ni un fotograma de sus sueños, ni un segundo de su tiempo a ponerse en el lugar de los olvidados por sus intereses de secta. Que les den por el culo un millón de veces (con mucho humor y alegría carnavalesca). Para que consigan recapacitar, que de eso se trata, ¿no?...
Que no esperen compasíon. No la tendrán. Tendrán una dura batalla. Una batalla desde la razón argumentativa. Que saquen sus escudos. Van a necesitarlos. No tienen dónde esconderse. Porque la verdad les perseguirá hoy y siempre allí donde duerman. En España o en Japón. En su cama. Un lugar idóneo para encularlos apasionadamente (ríanse).
Sociedad
Un padre español solo podrá ver a su hija ocho horas al año y en Japón
Día 05/02/2015 - 10.58h
Un juez nipón le «concede» cuatro visitas de dos horas repartidas en doce meses, pese a que su mujer raptó a la niña
abc
Un juez de familia de Tokio acaba de dictar una sentencia que ha hundido a un padre español. Antonio Blanco, madrileño de 52 años y profesor de música en el Conservatorio de Salamanca, podrá ver a su hija Isabel Shiori entre ocho y diez horas al año repartidas en cuatro visitas, para las que antes tendrá que recorrer medio mundo. Todo ello pese a que la pequeña Isabel, de ocho años, es española -nació en Madrid-, y su madre, Keiko Yamaguchi, se la llevó sin permiso en 2009, cometiendo un presunto delito de sustracción internacional de menores que ya ha prescrito.
Antonio no ha tirado la toalla ni un sólo instante. Se
llegó a trasladar a Tokio durante seis meses y pleiteó para recuperar a
su hija. Consiguió un acuerdo que le permitía ver a Isabel diez horas a la semana y un fin de semana al año. En 2016 incluso iba a tener permiso para traer a la niña a España durante un mes. «Pero ahora el juez me ha dejado las diez horas semanales en diez horas anuales. Siento rabia e impotencia, porque he cumplido todos los puntos del acuerdo y se ha premiado a la madre, que siempre los ha incumplido», declara Antonio ABC.
Este padre madrileño tendrá que elegir entre dos opciones. La primera le permitiría ver a su hija durante dos sesiones de dos horas en Semana Santa y
otras dos sesiones de dos horas en verano; la segunda, dos visitas de
dos horas cada una en verano y otras dos en Navidad de tres horas. De
este modo, Antonio podrá ver a su hija entre ocho y diez horas al año. Una vez que él elija el turno, su exmujer será la que dicte los días exactos. «La madre de mi hija puede ponerme el 1 de julio y el 31 de agosto, lo que me obliga a pasar en Japón dos meses o a hacer dos viajes de ida y vuelta», sostiene Antonio.
«No veré a mi hija»
Pero esto no es lo peor, porque Antonio está convencido de que «la próxima vez que vaya a ver a mi hija, la madre va a incumplir el régimen de visitas otra
vez, como siempre ha hecho, y no le va a pasar nada», protesta. De
hecho, Antonio Blanco la denunció por incumplimiento y fue condenada a indemnizarlo con 200.000 yenes, unos 1.500 euros.
«No me pagó nada y cuando fueron a embargarla tenía en la cuenta 68
yenes, 50 céntimos de euro, pese a que en el juzgado dijo que trabajaba
como delineante en una empresa». Por contra, Antonio le está pagando
35.000 yenes al mes (unos 260 euros) de pensión. Si dejara de pagar, su exmujer podría denunciarlo y los jueces españoles lo condenarían.
La última vez que vio a su hija fue el pasado verano, una visita de media hora en una sala del juzgado: «Tenía prohibido tocarla, sacarle fotos, darle un regalo y hasta hablar con ella si antes no me había hablado ella a mí». En la sala había testigos y una cámara grabando el encuentro. Antonio no pudo darle un beso a su hija.
La última vez que vio a su hija fue el pasado verano, con testigos, y tenía prohibido tocarla
Este padre madrileño va a recurrir la decisión del juez para conseguir un régimen de visitas más amplio, parecido al que tenía. No encuentra explicación a la decisión del juez: «En el juicio lamadre alegó que la niña tiene problemas psicológicos y que no quiere verme. Yo lo que creo que tiene es un trauma. Mi hija no me conoce», se lamenta Antonio. La niña podrá decidir por sí misma cuando cumpla quince años, dentro de siete, cuando su padre será, probablemente, un total desconocido.
Antonio Blanco ha recorrido en inumerables ocasiones los
14.000 kilómetros que separan Madrid de Tokio. Calcula que está gastando
cada año 12.000 euros en viajes, abogado e intérprete, además de los 30.000 que gastó cuando pasó allí seis meses litigando. Su sueldo de profesor le permite a duras penas seguir luchando: «Cuando estoy en Japón me alimento de arroz con un poco de carne por encima. Mi presupuesto para comer es de diez euros al día», relata.
El calvario comenzó el 25 de agosto de 2009, cuando Antonio fue a buscar a Isabel Shiori como cada tarde, pero se encontró el piso de su exmujer vacío. Se temió lo peor y, pese a que denunció la desaparición en ese mismo instante, nada se hizo para que la madre se llevara a la niña a su país. Tampoco fue impedimento que la pequeña Isabel solo pudiera abandonar España con la autorización de su padre o de un juez.
El Estado indemnizó a Antonio con 3.389 euros, como publicó ABC, por un «funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia», que no impidió el rapto de la niña. Su
exmujer, con la que ABC no ha podido contactar, ya ni siquiera será
detenida si pisa suelo español, porque el delito prescribió en 2013.
España reclama 148 menores
El Ministerio de Justicia español
tramitaba a cierre de 2013 un total de 148 reclamaciones por sustracción
internacional de menores, alrededor de media docena en Japón. No
obstante, la totalidad de niños residentes españoles que han sido
llevados el extranjero sin consentimiento son más de 148, ya que algunos
padres lo tramitan por su cuenta en los países donde están sus hijos,
sin pasar por el Ministerio. La cifra está creciendo significativamente:
en 2009 eran 84 y en 2012, 133. Por contra, España es país requerido en
95 casos.
Se produce sustracción internacional de menores cuando un
menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside
habitualmente, violando el derecho de custodia de uno de los padres.
También cuando el padre o la madre se traslada con el menor e impide al
otro progenitor verlo.
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