martes, 26 de marzo de 2013

La influencia del lobby feminista en el poder debe estar regulada, no institucionalizada

Consejo de Participación de las Mujeres
Desde hace ya varios años asistimos en España a un fenómeno político anómalo en una democracia. Determinadas asociaciones de ciudadanas (con 'a', pues es condición necesaria que se trate de asociaciones de mujeres) se han constituido en un lobby que ya no se limita a influir desde la sombra en las decisiones de los poderes del Estado por la vía de la presión social, de las relaciones de sus militantes con determinados partidos políticos o mediante campañas mediáticas desde los medios de comunicación afines. En España se ha legislado no sólo desde la influencia de este lobby, sino que se ha legislado para que este lobby tenga el control político de los temas en los que tiene interés (pincha).

El 3 de marzo de 2011 se constituyó el Consejo de Participación de las Mujeres, un "nuevo" organismo, presidido entonces por Leire Pajín, en el que las asociaciones del feminismo radical que venían diseñando y dictando a la Administración española las políticas familiares y de género desde hacía ya varios años (el PSOE es su "rehén", como declaraba Gregorio Peces Barba en 2009 -pincha-) lo harían ya de forma oficial y sin disimulo de ninguna clase.
Paralelamente, se han ido constituyendo consejos de participación de las mujeres como éste en distintas localidades y en las diferentes Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (pincha)

Tenemos, pues, a un lobby o grupo de presión (con una ideología y unos intereses determinados) que tiene no sólo reguladas sus relaciones con los poderes del Estado (lo cual siempre sería más positivo que una influencia oscurantista), sino que tiene esas relaciones perfectamente institucionalizadas. Y ello sin que nadie haya explicado nunca cuál es la legitimidad de la representación ciudadana de esas asociaciones en las instituciones... Se diría que alguien ha soñado que la ideología de estas asociaciones es ciencia infusa o verdad de la buena por alguna extraña razón. Y que los intereses de esas asociaciones son siempre legítimos y nunca espurios... O lo que es lo mismo: se diría que alguien ha soñado que cualquiera que tenga un relato de las cosas distinto al de esas asociaciones, o que tenga intereses distintos a los de las mismas, ha de ser simplemente un ignorante machista con intereses ilegítimos. Es obvio que esos sueños son los que estas asociaciones se dedican a introducir en las cabezas de los ciudadanos, como si estuviéramos en Matrix... Pero es igualmente obvio que su ideología es una forma de pensamiento acrítico (cada día más acrítico, precisamente a causa del monopolio que detentan  en el discurso) y que sus intereses legítimos van de la mano de otros que no son legítimos ni de lejos. Pero claro, para que esto sea posible razonarlo hace falta poder hablar... Y eso es lo que hoy es sencillamente imposible.  

El lobby feminista debe ser expulsado de unas instituciones de las que jamás debió formar parte. Su ideología y sus intereses deben ser escuchados por los poderes del Estado lo mismo que deben ser escuchados otros discursos y otros intereses igualmente legítimos. Quien quiera tener una ideología o unos intereses representados directamente en el Parlamento o en el Gobierno debe presentarse a unas elecciones para ello. Los lobbies no deben saltarse ese paso llegando al poder por un atajo antidemocrático. Debe superarse el oscurantismo en las relaciones de los lobbies con el poder político, pero en ningún caso ello justifica la institucionalización de la influencia de un lobby. Las relaciones de los lobbies (de cualquiera de ellos) con el poder deben estar reguladas.

 

Seis razones para una regulación del 'lobby' en España

Los grupos de presión deben salir de la oscuridad y actuar bajo reglas transparentes

Juan Francés 25 MAR 2013 EL PAÍS

Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Con estas palabras, y de forma inesperada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 20 de febrero, en la tribuna del Congreso y durante el debate sobre el estado de la nación, una próxima regulación de la actividad de los lobbies en España.
Ocultada por la presión agobiante de los escándalos y la crisis económica y social, la noticia puede haber pasado inadvertida para muchos. Y, sin embargo, es una cuestión muy relevante, por cuanto una medida de ese tipo puede suponer un gran avance en la lucha contra la opacidad y una apuesta por la transparencia en la vida política española. ¿Por qué? Por varias razones:

Las cucarachas proliferan en la oscuridad. Es indudable que en las relaciones entre los grupos de interés y los distintos poderes públicos se pueden cometer excesos y abusos. Pero como no existe una regulación que permita aportar luz y taquígrafos al proceso decisorio, nos tenemos que mover en el terreno de las especulaciones, en el piensa mal y acertarás. Una regulación que aportara transparencia a esa relación entre lobistas y políticos permitiría separar el grano de la paja, de forma que los ciudadanos pudieran identificar aquellas conductas que son legítimas de las que no lo son y deben ser erradicadas de nuestro uso político diario.
Los lobistas son los primeros interesados en regular su actividad. Por fortuna, hoy en día la mayor parte del lobby que se practica en nuestro país es profesional y legítimo. Gente que se dedica a exponer de forma elaborada sus argumentos ante la Administración o el diputado de turno, explicando sus problemas y presentando soluciones alternativas. En la última década hemos ido dejando atrás el lobby chapucero que se practicaba en nuestro país hasta hace poco, a cargo de conseguidores que bordeaban el tráfico de influencias en sus conductas. Pero aún quedan resabios, que manchan la imagen del colectivo y provocan que esta actividad siga estando mal vista por los ciudadanos. Por eso, los lobistas son los primeros que saldrían beneficiados si se establecieran unas reglas de juego, cuyo incumplimiento incapacitara para el ejercicio de la profesión.

Hemos ido dejando atrás el 'lobby' chapucero que se hacía en España, a base de conseguidores

No regular los lobbies no va a limitar su capacidad de influencia. Uno de los argumentos que más echan para atrás a muchos es aquel que establece que si regulamos los lobbies, estaremos abriendo las puertas del templo a los mercaderes, permitiendo que las grandes corporaciones y los más poderosos grupos de presión tengan el camino expedito para medrar con los poderes públicos en su propio beneficio. Pero es un argumento cínico y falso. Porque en ausencia de esa regulación, sucede que esos grupos de presión y grandes empresas ya son capaces de ejercer su influencia ante los poderes públicos. Simplemente ocurre que como no hay regulación, no tenemos herramientas para controlar ese proceso. La solución no pasa por esconder la cabeza ante la realidad de que en España se practica el lobby, sino intentar dotarnos de herramientas que lo supervisen. Regular el lobby no va a servir para evitar la capacidad de influencia de los lobbies, pero al menos sí que va a introducir una transparencia al proceso de la que aquí hasta ahora carecemos por completo.
La regulación de los lobbies beneficiaría más a los que menos acceso tienen. Asociado al argumento anterior, se suele aducir que la práctica del lobby solo está al alcance de los más poderosos, aquellos con los suficientes recursos como para dedicar personas, medios y tiempo a tratar de influir en los poderes públicos. Y sin embargo, es justo al revés. Porque los poderosos no necesitan una regulación para garantizar su acceso a los políticos, y en cambio, los menos poderosos sí se podrían ver muy beneficiados. Si un secretario de Estado estuviera obligado a hacer públicos todos los contactos que ha tenido a la hora de realizar una legislación sobre hipotecas, y se viera que se ha reunido cinco veces con el presidente de la AEB, y ninguna con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ciudadanía tendría elementos de presión para forzar a que se escucharan al menos los argumentos de todas las partes.
Cada vez va a haber más lobby. Por dos motivos. Por un lado, porque los ciudadanos españoles poco a poco están comprendiendo que no basta con votar cada cuatro años y acudir a alguna manifestación, sino que es necesario estructurar canales de participación de la sociedad civil en la política, porque están comprobando que hoy en día si no haces política, te la hacen. Por otro lado, la crisis económica provoca que la tarta a repartir entre los distintos grupos de presión haya menguado considerablemente, y eso significa que no todos los que antes recibían su porción del poder ahora lo van a poder mantener; lo cual, inevitablemente agudiza su necesidad de establecer vínculos cada vez más estrechos con este.
Los PIGS de la opacidad. El lobby está regulado en EE UU desde 1946. Existe igualmente desde hace años una regulación sobre la materia en la Unión Europea, que se ha reforzado recientemente, y lo mismo se puede decir de prácticamente todas las democracias avanzadas del continente europeo. Solo unos pocos países vecinos cuentan con semejante ausencia de regulación en este terreno: Grecia, Italia, Portugal... ¿también en esta cuestión queremos significarnos respecto de nuestros socios comunitarios?

El ciudadano tiene derecho a conocer quién pretende influir en el poder

Por todo ello, considero llegado el momento para abordar, de una vez por todas, una regulación integral de los lobbies en España. Dicha normativa, por lo demás, no debería quedarse en un mero enunciado cosmético destinado a dar satisfacción a los que ya tienen garantizado su acceso a los poderes públicos, sino que deberíamos aprovechar la oportunidad y desterrar para siempre la opacidad en el terreno de las relaciones entre grupos de presión y poderes públicos.
Sinceramente, yo sigo siendo escéptico sobre que seamos capaces, de un día para otro, de implantar en nuestro sistema político la cultura de la transparencia con que se opera en otras latitudes. Pero que sea difícil no quiere decir que no deba intentarse, porque es absolutamente necesario avanzar hacia una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones públicas. Hacer públicas las actividades de aquellos que pretenden influir en el Gobierno y el Parlamento no debería ser más que el ejercicio del derecho público de los ciudadanos a tener conocimiento de los asuntos públicos. En las relaciones entre los lobbies y los poderes públicos, todo aquello que se pueda hacer ha de poder contarse. Y si algo no se puede contar, es que no debería hacerse.

Juan Francés es periodista. Ha sido jefe de prensa de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2011.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/03/21/opinion/1363886001_439010.html

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