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| Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia |
EL PAÍS titula en su edición digital una información sobre el proyecto de Gallardón, ministro de Justicia (PP), sobre el aborto así: "El daño psicológico de la madre será el único supuesto para abortar". Pero al pinchar en el enlace al que conduce ese titular, éste se transforma en este otro: "Gallardón traslada a las mujeres que aborten la decisión última". Pasando a ser entonces la afirmación del titular inicial un subtítulo desglosado en tres (pincha), uno de los cuales dice así: "Será el único supuesto y los plazos se fijarán según las causas".
El titular inicial y el subtítulo en los que se insiste en que "el daño psicológico de la madre será el único supuesto" contiene una falsedad de fondo, pues se está insinuando que la violación ya no quedará cubierta al dejar de ser un supuesto, cuando lo cierto es que un embarazo a resultas de una violación continuará siendo cubierto por la sanidad pública (si bien dentro de un plazo) lo mismo que un aborto por cualquier otra razón que lleve a la madre a tomar esa decisión. Téngase en cuenta que en Alemania, cuya legislación (pincha) se está tomando como referencia, los abortos dentro de este plazo han de pagarlos las pacientes, salvo que estemos ante casos como el de la violación, mientras que en España serán cubiertos por la sanidad pública en todos los casos. ¿Dónde está el "retroceso"? Desde luego, no estará en la reforma del PP al eliminar la opción que tienen ahora las
jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento de
sus padres...
El titular y el subtítulo de EL PAÍS que he mencionado apuntan, además, hacia la eliminación del tercer supuesto que existía en la legislación anterior acerca del aborto: las malformaciones del feto. Y es aquí donde está la madre del cordero de la polémica que han desatado EL PAÍS y el PSOE contra el proyecto de Gallardón (pincha)... Resulta que se presenta la reforma que propone Gallardón como una merma de los derechos de las mujeres (pincha), cuando en realidad simplemente se está poniendo freno a un abuso contra los derechos humanos de los discapacitados (pincha). Algo que a EL PAÍS y al PSOE les resulta incomprensible, situados como están en la perspectiva interesada y sectaria del lobby feminista... Sin embargo, lo cierto es que "el comité de seguimiento de una convención amparada por la ONU [ratificada por España en abril de 2008, bajo el Gobierno de Zapatero y con la unanimidad del Parlamento] ya advirtió a España en octubre del año pasado que debía suprimir la
distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad".
Como dijo Gallardón el pasado miércoles en el Congreso: “Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier
ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus
derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es
para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”. ¿Cuál es la respuesta argumental del lobby feminista, del PSOE y de EL PAÍS a esa afirmación? Ya se imaginan ustedes que para quienes la política consiste en la defensa de sus intereses no hay lugar para el diálogo argumentativo.
El proyecto de Gallardón señala que el número de semanas en las que se permitirá la interrupción del
embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario
para determinar científicamente el tipo de problemas físicos,
malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el
mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de
Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el
plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por
haber sido víctima de una violación. En realidad, como ha señalado el gerente de la Asociación Down España, Agustín Matía, lo que ha de evitarse es "que bajo el supuesto del impacto psicológico a la
madre se abra un coladero para discriminar indirectamente a los niños
que vienen con Síndrome de Down". Un comentario que es presentado demagógicamente por EL PAÍS al final del artículo que puedes leer pinchando aquí como si se tratase de una crítica contraria al proyecto de Gallardón (pincha). Ese coladero existirá si al supuesto de aborto legal por "daños psicológicos para la madre" no se le pone límite, naturalmente. Pero existirá tanto si ése es "el único supuesto" en la ley como si añadimos otros supuestos que acepten el coladero explícitamente, como es obvio...
Gallardón traslada a las mujeres que aborten la decisión última
- Deberán justificar el daño psicológico tras la tutela de un médico
- Será el único supuesto y los plazos se fijarán según las causas
- Queda por definir si la supervisión sanitaria será pública o privada
La carga de la prueba volverá a repercutir sobre las mujeres que
aborten, como en el pasado. Esa es la filosofía de la reforma que
pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
aunque en su entorno se prefiere hablar de “responsabilidad”. La
decisión última será de la mujer, pero tras pasar de manera preceptiva
por la consulta de un médico, que supervisará la situación y aconsejará
las soluciones, aunque sin poder impedir que se cumpla la voluntad de la
embarazada.
El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reformar este otoño la actual ley de plazos
(vigente desde 2010 y que permite el aborto libre hasta la semana 14 de
gestación), pero no para volver a la ley de los tres supuestos impulsada en 1985,
que posibilitó amplias facilidades tanto durante los mandatos de
Ejecutivos socialistas como de José María Aznar. Aquella regulación
despenalizaba el aborto en caso de violación (hasta la semana 12), de
taras físicas o psíquicas del feto (hasta la semana 22) y de peligro
para la vida de la madre (sin plazo).
El único supuesto ahora de la ley Gallardón será el del daño
psicológico para la mujer, que lo englobará todo, incluidos los casos de
malformación del feto. Están por precisar los plazos para los distintos
casos y si el médico que intervendrá en la supervisión será del sistema
público o privado.
El ministro lleva meses avisando de que no le gusta la actual ley del aborto,
reformada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en
julio de 2010, conocida como la ley de plazos, mayoritaria en los
países más desarrollados de Europa hace tiempo y que concede de manera
automática y gratuita a las madres el derecho a abortar sin alegar
razones ni requerir el consentimiento de un médico en las primeras 14
semanas de gestación. Una norma que el PP no apoyó. Tampoco apoyaron los
conservadores la primera ley del aborto en España, la ratificada por el
Gobierno de Felipe González en 1985 y que entonces ya recurrió ante el
Tribunal Constitucional el diputado de Alianza Popular José María Ruiz
Gallardón, padre del actual ministro.
Muchos diputados y dirigentes del PP, sin embargo, se han sentido
cómodos durante años con la ley de supuestos de 1985. Aznar, de hecho,
no la tocó durante sus dos mandatos en La Moncloa, en los que se
produjeron más de 500.000 abortos. Es la posición a la que aluden en
estos días de polémica algunos dirigentes del PP, como Rafael Hernando o
Carlos Floriano, para defender lo que ahora denominan una ley de casos,
como el viernes la catalogó para no mojarse más la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría.
En el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones
el pasado mes de noviembre, en la página 108, se fija la posición del
partido sobre el tema: “La maternidad debe estar protegida y apoyada.
Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo
a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en
situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad.
Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para
reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.
Demasiado genérico y ambiguo. Lo único que precisó el viernes Santamaría
fue la conocida reclamación del PP a cambiar la opción que tienen ahora
las jóvenes menores entre 16 y 18 años para abortar sin el conocimiento
de sus padres.
Los médicos harán un informe sobre cada caso, pero no será vinculante
Pero ahora en el Ministerio de Justicia quieren ir algo más lejos.
El Ministerio ha encargado un trabajo al respecto a una comisión de
expertos y el ministro ha sacado sus propias conclusiones. Primero
avanzó el domingo pasado a La Razón que uno de los supuestos clásicos
para la interrupción del embarazo, el de la malformación del feto, sería
eliminado de su reforma. Ante la enorme polémica suscitada, no ha
querido precisar mucho más y se ha negado a entrar en ese debate.
Mutismo hasta que los expertos le aclaren algunas dudas que tiene en
mente y que tendrán que resolverse antes de septiembre, para que en
otoño pueda presentar públicamente su proyecto.
La reforma Gallardón de la ley del aborto fijará así un solo
supuesto, el del daño psicológico de la madre, para poder abortar. La
decisión última será de la madre, tras pasar de manera preceptiva por la
consulta de un médico que revisará el caso, dará la información
necesaria, ofrecerá alternativas y realizará su informe. La madre lo
tendrá en cuenta, pero la opinión del facultativo no será definitiva. Es
lo que se conoce como el modelo alemán.
El número de semanas en las que se permitirá la interrupción del
embarazo dependerá del calendario que fijen los expertos como necesario
para determinar científicamente el tipo de problemas físicos,
malformaciones que pueda tener el feto en cada caso... No se precisa el
mismo tiempo, el mismo número de semanas, para detectar un síndrome de
Down que una atrofia muscular o una espina bífida. Tampoco será igual el
plazo si la madre alega razones psicológicas para no tener el hijo por
haber sido víctima de una violación.
Es ahí dónde querría fijar el Ministerio el centro de la discusión, que
se ha desbordado. La madre como responsable final que asume si puede o
no continuar su “proyecto vital” en todos esos casos.
Aznar no tocó la ley de 1985 durante sus dos mandatos en La Moncloa
Otro problema a resolver es el de la titularidad del médico que
intervendrá en la supervisión. Si forma parte del servicio público, la
intervención será gratuita y con todas las garantías de la sanidad
estatal. Pero a la afectada podría acarrearle problemas, por ejemplo, si
le correspondiese en su zona un médico no partidario del aborto. Y no
está claro cómo podría entonces cambiar de supervisor. Si el doctor
trabajara en una clínica privada, la intervención supondría un coste.
Sería una especie de privatización del aborto. Y retrotraería a las
afectadas a los tiempos en los que se peregrinaba en busca de las
clínicas especializadas más permisivas.
más información
La malformación del feto, una posición ética o una obligación
El ministro justifica su posición con recomendaciones y mandatos de convenios internacionales
J. C. / J. D. 29 JUL 2012 EL PAÍS
Cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anticipó en La Razón su polémica intención de suprimir en la reforma de la ley del aborto el supuesto de la malformación del feto
o el de algún tipo de minusvalía expresó su posición política, personal
y del Gobierno, y también ética. Luego se preocupó de justificarla,
además, con obligaciones, recomendaciones y mandatos de convenios
internacionales. Pero primero fijó su opinión particular: “Me parece
éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con
esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un
concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a
aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que
tienen el resto de los concebidos”. Esta postura enconó inmediatamente a
muchas asociaciones feministas y a colectivos de madres que han sufrido
embarazos y partos en esas condiciones y que le expusieron públicamente
sus dramáticos casos.
El ministro no se arredró y el pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados, ratificó sus ideas sin ambages:
“Todos los discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier
ciudadano; por ser discapacitado no tiene por qué ver mermados sus
derechos ni sufrir ningún tipo de discriminación. Y este criterio es
para los discapacitados que han nacido y para los que no han nacido”.
En el Ministerio de Justicia, luego, han recopilado argumentos para
sustentar esa opción del ministro. Por ejemplo, gustó mucho una
entrevista publicada también esta misma semana con el gerente de la
Asociación Down España, Agustín Matía, en la que avalaba las tesis de
Gallardón no como una iniciativa personal del ministro sino como una
obligación del derecho internacional. Fue el primero que aludió a las
normas establecidas en la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero firmó en abril de 2008 y ratificó el Parlamento de forma
unánime.
El comité de seguimiento de esa convención amparada por la ONU
ya advirtió a España en octubre del año pasado que debía suprimir la
distinción hecha en la ley del aborto para el supuesto de discapacidad.
Ese mismo comité admite que España tendría hasta el 3 de diciembre de
2015 tiempo para presentar un informe sobre cómo piensa encarrilar esa
recomendación.
Sobre si detrás de toda esta operación política de Gallardón puede
haber otras intenciones, el mismo responsable de la Asociación Down
aprovechó para avisar al Gobierno de que si acometía una reforma en la
ley debía tener en cuenta el principio de no discriminación, al margen
de otras consideraciones sobre el aborto en general. Y avisaba: “No nos
parece bien que bajo el supuesto del impacto psicológico a la madre se
abra un coladero para discriminar indirectamente a los niños que vienen
con Síndrome de Down”.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2012/07/28/actualidad/1343508382_002516.html
Gallardón: La ley del aborto cumplirá con el convenio de la ONU sobre discapacidad
El ministro de Justicia se compromete a presentar la reforma antes de octubre
Francesco Manetto Madrid 27 JUL 2012 EL PAÍS
La futura ley del aborto responderá a la convención del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en abril de 2008 y que en octubre de 2011 recomendó al Gobierno suprimir (antes de diciembre de 2015) la distinción de plazos de interrupción del embarazo por motivos de discapacidad. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al destacar que la norma será, en cualquier caso, acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el aborto y a las recomendaciones de los convenios internacionales suscritos por España. Esa conformidad será, según el departamento de Justicia, el “criterio” a tener en cuenta para la modificación legal.
La convención sobre discapacidad de Naciones Unidas, aprobada en
Nueva York en septiembre de 2006, recoge en su artículo 10 que “los
Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los
seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar
el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás”.
El artículo 25, recuerda el Ministerio de Justicia, establece además
que los Estados “exigirán” a los profesionales de la salud que presten a
las personas con discapacidad “atención de la misma calidad que a las
demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado,
entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con
discapacidad”.
El ministro Ruiz-Gallardón destacó ayer, además, el “compromiso” del
Gobierno de presentar esta reforma de ley del aborto antes del próximo
mes de octubre.
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