Mis rizos

El abogado que acusó a Serrano ante el TSJA reconoce que contó con colaboración desde el CGPJ

2012-01-28T02:30:00.000+01:00

De la noticia que adjunto se deduce que el abogado Íñigo Moreno Lara manifestó durante el juicio contra el juez Serrano ante el TSJA que la acusación contó con la colaboración de "la máxima autoridad del Consejo General del Poder Judicial o de alguien muy próximo", quien habría "intervenido" para que esa acusación accediera a un "documento reservado". Sin duda ese documento (seguramente relacionado con alguna de las infundadas y archivadas acusaciones difamatorias de las asociaciones de la secta feminista contra Serrano ante el CGPJ) no tiene la menor trascendencia para el caso contra Serrano ante el TSJA, pues nada tiene este juez que ocultar; pero la entrega de ese documento "reservado" con el fin de colaborar (o pretenderlo) con el abogado de la acusación contra Serrano ante el TSJA sí tiene mucha trascendencia... Los implicados deberán afrontar sus responsabilidades.

Para saber más sobre este caso, pincha aquí.

Foro Judicial denuncia el uso de un "documento reservado" contra Serrano

La asociación de jueces dice que durante el juicio fue utilizado por la acusación particular para reforzar su posición acusadora.

Efe / Sevilla | Actualizado 25.01.2012

El Foro Judicial Independiente ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que durante el juicio contra el juez Francisco Serrano se usó un documento "confidencial y reservado" que debía custodiar el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces.

Un comunicado del Foro Judicial informa de que los hechos "podrían incluso tener relevancia penal", pues desde el propio CGPJ "se habría filtrado y facilitado a la acusación particular un documento unido a unas diligencias informativas, de carácter confidencial y reservado".

Esta asociación de magistrados informa de que la denuncia le ha sido planteada por el propio juez Serrano, quien en diciembre pasado fue condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación al cambiar el régimen de visitas de un niño, asunto pendiente de los recursos ante el Tribunal Supremo.

El Foro Judicial ha leído la transcripción de las actas del juicio seguido contra Serrano ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde el abogado de la madre denunciante esgrimió "un documento que, con carácter confidencial y reservado, se había remitido al Servicio de Inspección" del CGPJ con motivo de unas diligencias informativas abiertas contra Serrano en 2010.

"Dicho documento fue utilizado por el abogado de la acusación particular con carácter instrumental para reforzar su posición acusadora, leyó públicamente su contenido, hizo preguntas sobre el mismo al acusado y a su cliente y extrajo sus particulares conclusiones", añade el escrito al CGPJ.

La asociación judicial dice que es "preocupante la utilización en juicio, como instrumento de cargo contra el acusado, de un informe confidencial", pero "lo más inquietante es la obtención de dicho documento por la acusación particular".

Según la transcripción de las actas, la madre denunciante declaró al TSJA que obtuvieron el documento "después de muchas gestiones en el Consejo General del Poder Judicial", y su propio letrado apostilló: "Sí, la última gestión en agosto de 2010, lo conseguimos con la intervención de la máxima autoridad del Consejo o de alguien muy próximo".

El Foro Judicial manifiesta que estas afirmaciones son de "extrema gravedad" y pide que el CGPJ abra una investigación interna y adopte "las medidas disciplinarias, o las que correspondan, para sancionar los hechos denunciados".

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1168372/foro/judicial/denuncia/uso/documento/reservado.html

Rosa Díez, UPyD, pide a Gallardón una Ley nacional de custodia compartida y la revisión de la LIVG

2012-01-25T23:39:00.001+01:00

Rosa Díez, UPyD, pide a Gallardón una Ley nacional de custodia compartida preferente. Lo que incluye, necesariamente, una revisión de la Ley de violencia de género, que habrá de introducir un "elemento finalista". Es decir, que deberá probarse la intencionalidad machista de aquél a quien se aplique ese agravante, para que así deje de ser una ley sexista. Rosa Díez anuncia que si el Gobierno (el ministro de Justicia) no presenta ninguna iniciativa en ese sentido, lo hará UPyD.

25-1-2012

http://www.youtube.com/watch?v=aSIWWLRS4Uw&feature=uploademail

Desde el minuto 13:35 m

RUPTURAS FAMILIARES: BENEFICIAR AL MENOR

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS)

Rosa Díez, portavoz de UPyD en la Comisión de Justicia, ha preguntado al ministro si tiene entre sus planes la redacción de una Ley de Custodia Compartida que es, a su juicio, "una asignatura pendiente de la democracia española", así como una reforma de la Ley de Violencia de Género o sobre "el drama de los niños robados".

En este sentido, Gallardón le ha asegurado que su cartera ministerial estudiará las "medidas que sean necesarias" para que siempre se beneficie al menor ante una situación de crisis familiar.

Así, ha recordado que el PP presentó en el Senado durante la pasada legislatura una moción en favor de la custodia compartida y además hay leyes vigente en la materia en Valencia y en Aragón. Sobre reformar la Ley de violencia de género, Ruiz-Gallardón ha apuntado que se trata de un tema que "le preocupa", si bien pertenece políticamente al Ministerio de Sanidad.

Fuente: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-gallardon-reformara-ley-menor-enjuciar-conjuntamente-adultos-menores-comentan-juntos-delitos-graves-20120125144004.html

Congreso latinoamericano de psicología jurídica y forense, 2010. Alienación Parental

2012-01-25T02:06:00.000+01:00

Síndrome de alienación parental. Roberto Sicard

SAP from ALPJF on Vimeo.

http://vimeo.com/16821468

La existencia de alienación parental es ahora indiscutible (pincha)

José Luis Sariego denuncia el fracaso de la mediación en España y a los beneficiarios de ello

2012-01-24T19:33:00.000+01:00

Los hijos no se divorcian

El fracaso de la mediación en España
(Una visión crítica frente al imaginario judicial, político y social sobre la mediación)

José Luis Sariego Morillo. Verano de 2011

http://www.lexfamily.es/img/0_pn1_1315031228.pdf

Los nuevos parias sociales

(Una crítica a la legislación de divorcio y a la ley de violencia de género españolas. Creadoras de pobreza y violencia en las familias y de daños emocionales a los menores. Por supuesto, existen responsables de que esto sea así: han de buscarse entre quienes se benefician del monumental negocio montado en torno a las separaciones y divorcios conflictivos en España)

José Luis Sariego Morillo
Abogado de Familia/Mediador. Enero de 2012

http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=989

Entrevista al juez Francisco Serrano en el Diario de Jerez (21/01/2012)

2012-01-21T17:08:00.000+01:00

Francisco Serrano Castro, juez de Familia en Sevilla

Francisco Serrano. Juez

"Animo a la familia de Marta a que haga un buen recurso"

El juez está suspendido por permitir a un niño salir en su cofradía. Apuesta por redefinir el maltrato, "es grotesco que en la pareja se considere inferior a la mujer", asegura.

José Joaquín León | Actualizado 21.01.2012

Suspendido por permitir a un niño salir en su cofradía
Francisco Serrano (Madrid, 1965) se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla. Es juez desde 1990. Su primer destino fue Valverde del Camino (Huelva) y desde 1998 es magistrado de Familia en Sevilla. Además de juez, se considera defensor de la familia y preside la Plataforma Ciudadana por la Igualdad. El TSJA le condenó en agosto a dos años de inhabilitación por "prevaricación culposa" (no intencionada) por modificar el régimen de visitas de unos padres divorciados, para que el hijo saliera en una cofradía de Sevilla. Está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso de casación.

-La suspensión que le impuso el TSJA es llamativa.

-Desde la absoluta convicción de mi inocencia, es la primera vez que se condena a un juez por prevaricación culposa, sin que hubiera acusación por ello. Me acusaban de prevaricación dolosa, lo que fue descartado por el tribunal, pues no había ninguna prueba.

-¿Qué sintió en el homenaje que le dedicaron?

-Fue una gran satisfacción. En los momentos en que uno se siente más necesitado de los amigos, me encontré con el apoyo de toda la sociedad civil.

-¿Haría lo mismo en el caso del niño nazareno?

-Sí. Un juez debe dar tutela efectiva cuando se trata de menores. No era la primera vez que tomaba decisiones de ese tipo, ni debería ser la última. Hay que evitar perjuicios a los niños y favorecer su interés por encima del de los adultos.

-¿Espera que Rajoy cambie las políticas de género?

-Tengo la esperanza de que así sea.

-¿Qué se debe cambiar?

-Habría que reformar el modelo de custodia, estableciendo un modelo preferente de custodia compartida. Habría que reformar la ley de violencia para que se llame de violencia en el ámbito doméstico, protegiendo a todas las personas que puedan sufrir vulnerabilidad en la relación intrafamiliar. Habría que redefinir el concepto de maltrato. Es grotesco que la mujer, sólo por serlo, se considere inferior al varón en la relación de pareja.

-¿Se la considera inferior?

-Ese es el fundamento de la ideología de género. Como tal ideología no reconoce sus errores. Cuando el ideólogo se percata de que sus ideas no coinciden con la realidad, no cambia sus ideas, sino que falsea la realidad.

-¿Por qué atrae usted tantas iras de feministas?

-¡Je! Son las iras de lo que yo llamo radicalismo de género… Habría que distinguirlo del apoyo que me dan auténticas feministas, empeñadas en la igualdad real de hombres y mujeres. A las radicales no les interesan los verdaderos derechos de las mujeres.

-¿Qué les interesa?

-Sólo pretenden eliminar instituciones contrarias a sus fundamentos ideológicos, por eso van contra la familia. Sin embargo, para ellas, una violación a una mujer por un desconocido no se considera violencia de género o machista. No obstante, lo que más les preocupa es perder sus prerrogativas económicas y políticas, que les han reportado pingües beneficios.

-¿No es una exageración?

-Basta con ver los BOE, lo que reciben de comunidades autónomas o los fondos europeos. Estamos hablando de miles de millones de euros. Sólo la Junta de Andalucía tiene 751 millones en políticas de igualdad y violencia de género para 2012. Además las subvenciones se dan en función del número de denuncias presentadas, no de las condenas.

-¿Le gusta ser juez estrella?

-Los jueces debemos limitarnos a hacer resoluciones ajustadas a la legalidad y en conciencia. Mas para ser juez es preciso sentirse independiente. Por tanto, es lícito y exigible que si nos sentimos atacados en nuestra independencia, lo denunciemos. El miedo es el peor enemigo de la independencia judicial.

-Pues a la juez Alaya la criticó Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía…

-Es lamentable. Es un ejemplo más de esa presión que se intenta hacer a los jueces en contra de su independencia. Cualquier juez que se atreve a meterse con el poder establecido tiene muchas cartas para recibir críticas, que a veces terminan en algo peor.

-¿Qué le parece el juicio de Garzón?

-Desde el respeto a la actuación del Tribunal Supremo, lo que me parece más sorprendente es el carrusel de recusaciones a los magistrados. Pone en evidencia que la política actual de nombramientos desprestigia al Poder Judicial.

-¿Los jueces están en el punto de mira?

-Ya lo decía Adolfo de Miguel, en los años 80, en su libro Jaque a la Justicia. Estamos en el punto de mira, pero no los que juzgamos desde primera línea en las trincheras, sino cuando conocen de asuntos con trascendencia mediática, como ha pasado con Alaya. La sociedad duda de la imparcialidad e independencia. Por eso, es importante que los nombramientos se hagan sólo por méritos profesionales. Que el juez se deba a su cargo, no que deba el cargo.

-¿Qué opina de las críticas a la sentencia en el caso de Marta del Castillo?

-Las críticas más efectivas contra una sentencia se hacen a través de los recursos. Lo demás son voces que se pierden en el desierto. Animo a la familia para que, con sus abogados, hagan un buen recurso. Así podrán llevar a los magistrados del Supremo a un convencimiento distinto del que ellos ven erróneo en los magistrados de la Audiencia de Sevilla.

-¿Usted lo ve erróneo?

--No quiero hacer comentarios. Sólo le digo que este asunto hubiera estado más mediatizado con un jurado.

-Hay dos sentencias con conclusiones diferentes…

-Ese es el peligro de que, por imperativo legal, dos tribunales dicten sentencias sobre el mismo caso. Los jueces podemos tener criterios y enfoques distintos sobre un asunto, y tan lícita es una motivación como otra. Se debería cambiar la ley para evitar que haya dos enjuiciamientos distintos en casos como éste.

-¿Está a favor de la cadena perpetua en España?

-Con 30 años de pena máxima, si no se aplican beneficios penitenciarios, se cumple el objetivo de redención. Una persona que ingresa en la cárcel con 20 años, cuando tenga 50 será distinta.

-¿A qué se dedica ahora?

-Estoy escribiendo dos libros. En uno contaré lo que está suponiendo la dictadura de género en España y las consecuencias que ha tenido para mí. El otro es distinto, son tres novelas cortas de ficción histórica.

-¿Y qué hará en el futuro?

-Esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie para obtener mi rehabilitación como juez, y con ella la rehabilitación de mi dignidad profesional y personal.

Fuente: http://www.diariodejerez.es/article/entrevistas/1164888/animo/la/familia/marta/haga/buen/recurso.html

Entrevista al juez Francisco Serrano en el canal Discovery Max (18/01/2012)

2012-01-19T23:05:00.000+01:00

El juez Francisco Serrano, presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI), fue entrevistado el miércoles 18 de enero de 2012 en el programa Una mirada a El Mundo, de Carlos Seco, en el canal DISCOVERY MAX de televisión.

http://www.youtube.com/watch?v=5gmuIakfFhQ&feature=youtu.be

Un letrado llama a reflexionar sobre qué falla en la ley de violencia de género y en su aplicación

2012-01-18T18:09:00.000+01:00

Artículos Doctrinales: Derecho Penal


	El abuso de una ley desequilibrada y como consecuencia el nuevo divorcio express

De: José Ignacio Francés Sánchez
Fecha: Enero 2012
Origen: Noticias Jurídicas

A menudo, a lo largo de estos últimos años, se dice con timidez dos palabras que rápidamente son borradas de la escena en la que hayan sido pronunciadas, como si de un virus se tratara, denuncia falsa en la violencia de género. Muchos pueden preguntarse ¿Qué tiene que ver una denuncia falsa en violencia de género con el matrimonio? Esta pregunta tiene dos respuestas; en el hipotético caso de que la denuncia sea veraz, no tendrá nada que ver, ahora bien en el supuesto de que sea falsa, desencadenará una serie de situaciones que a continuación expondremos.

Este letrado, considera haber adquirido gran experiencia en casos de violencia de género, familia y denuncias falsas en ambas ramas; a través de estos años, ha podido ver de todo, y en concreto una nueva forma de obtener resultados amparándose en una ley que a día de hoy muchos consideramos desequilibrada.

Efectivamente el maltrato como violencia de género existe. A aquellos que maltraten a la mujer prevaliéndose de una fuerza física superior debe aplicárseles la ley penal con el mayor rigor exigible, ahora bien, ¿hay algo más injusto que una condena de un inocente? Si efectivamente ocurre, y este letrado puede dar fe de ello pues ha sido testigo laboral de dicha situación en infinidad de ocasiones ¿Puede resarcirse al inocente del daño que se le ha causado? Evidentemente no, pero algo aun mas contradictorio; la persona equilibrada que acabe cumpliendo una pena de prisión siendo inocente, posiblemente salga con un miedo atroz ante el poder que ha demostrado tener su ex cónyuge, pero, ¿qué ocurre con ese inocente que a pesar de no haber demostrado el ser violento que hay en él, es decir, hablamos de esa persona que no está tan equilibrada, es obligado a cumplir con una pena que no debe cumplir? ¿Puede esto dejar salir a ese ser latente? ¿Puede generar este desequilibrio legal criminales en potencia?. Hay algo indiscutible, la ley no es equilibrada y puede generar serias dudas en opinión de este letrado y en muchos de sus extremos sobrepasar la inconstitucionalidad, contraria incluso a la base de nuestro ordenamiento, el artículo 24 de la constitución española en referencia al derecho a la tutela judicial efectiva y por ende el derecho a un juicio justo. Ilegalidades como dar por cierta la declaración de la denunciante mientras no se demuestre lo contrario (en multitud de ocasiones y si no hay testigos es imposible demostrar que no ha ocurrido, por lo tanto el denunciado no podrá defenderse, esto se llama en derecho “prueba diabólica”, es decir cargar la prueba al denunciado), o que te encuentres un escrito de acusación de fiscalía con solicitud de pena antes de oír al denunciado declarar, práctica habitual en violencia de género, o en su defecto realizar la detención y dejar al denunciado en calabozos durante una o incluso dos noches sin evidencias ni indicios, es decir, cumplimiento de parte de la pena anticipada, a pesar de que se maquille la palabra preso por retenido, al fin y al cabo es lo mismo, es más, y por poner un ejemplo: en una ocasión, este letrado se personó en instancias policiales con la grabación de lo ocurrido, que demostraba la denuncia falsa, y viendo que el encarcelado en calabozos era inocente, siguió pasando la noche ahí, algo que debería ser considerado como detención ilegal, pero que sigue siendo maquillado por la palabra “retenido” que no detenido. ¿Puede tener esto un límite o irá a mas? El problema es serio, por dos razones, en primer lugar por el silencio generado. ¿A quién se pregunta si hay denuncias falsas? ¿Quién hace esas encuestas falsas que dicen que solo un 1 % son falsas? Pues en mi humilde opinión, y a consecuencia de la cantidad de procedimientos llevados por toda la geografía española de este tipo (Madrid, Coruña, Vigo, Manresa, Barcelona, Mataró, Ciudad Real, Alicante,…….), si se pregunta a funcionarios de violencia de género, la respuesta habitual contradice rotundamente esas encuestas, mi experiencia igualmente me hace pensar que existen en multitud de ocasiones, no me atrevo a decir un porcentaje, muchas denuncias falsas. Otro ejemplo: una delegada de la comisaria de policía del grupo de violencia con más de 15 años de experiencia, llegó a decir a este letrado, que en su opinión el 60 % eran falsas, y a mi pregunta ¿y esas pobres víctimas que mueren? Respondió: esas verdaderas víctimas, que sí que lo sufren normalmente, no quieren denunciar, ayer tuvimos una y no hubo forma de convencerla y la pobre acabará mal.

En referencia al divorcio y desgraciadamente, este letrado está viendo cada vez más a menudo situaciones anormales de denuncias sin base, ni pruebas que casualmente se interponen cuando hay un interés por el cónyuge femenino de iniciar un divorcio. Como resultado en la mayor parte de los casos se obtiene, de forma inmediata, orden de alejamiento, con lo que la salida del marido de la vivienda es automática, se inicia el divorcio en un juzgado que no es natural y en el que el hombre es el peligro potencial, es decir se inicia y se sigue el procedimiento de divorcio en el juzgado de violencia de género, con un fiscal que lleva causas penales contra denunciados, que posiblemente haya realizado con antelación un escrito de acusación contra su todavía cónyuge, se realizan diligencias urgentes para el pago de pensiones y en general se agiliza todo, y en multitud de ocasiones la denunciante reciben ayudas económicas mensuales por ser mujer maltratada incluso antes de que se dicte una sentencia. En general es más rápido, económico y se goza de una mayor protección por parte de la mujer.

En opinión de este abogado, no considero culpables a aquellas señoras que utilizan esa opción, porque no son ellas quien escriben esta ley, pero me pregunto: ¿no es el momento de hacer una revisión? Quizás aquellas que hacen un mal uso intencionado y aprovechan la situación se ven beneficiadas, pero también pueden pensar, si tienen hijos, que algún día ellos pueden sufrir las mismas consecuencias.

Un ejemplo de lo aquí comentado, lo encontramos en la sentencia del juzgado de lo penal número 11 de Málaga 456/09, obtenida por este letrado. En la misma, absuelve al hombre que había sido acusado de coaccionar, insultar y amenazar de muerte a su pareja y califica la conducta de ésta de "maniobra torticera", de "tal claridad" que el fiscal retiró la acción penal, informando nuestro bufete a medios de comunicación, que en esta ocasión tuvimos la suerte de que las dos menores, hijas de mi representado, declararon situaciones tan aberrantes como el que “la madre se cortaba con un cuchillo y decía que había sido el padre, o que se daba con la cabeza en la pared y decía que había sido el denunciado, o incluso que ella les pegaba con una vara en las piernas dejándoles moratones y acusaba al padre de tales hechos”. Si analizamos este caso concreto, no puedo por más que enjuiciar la actuación de fiscalía, pues con pruebas tan evidentes, simplemente retiró la acusación, sin solicitar la deducción de testimonio y el inicio de actuaciones penales por denuncia falsa, algo que en mi opinión debería haber sido obligación como garante de la ley. Tuvo que ser este letrado el que suplicó en sala que se dedujera testimonio, y así se concedió. Es necesario reflexionar: ¿realiza realmente su labor el fiscal que teniendo un conocimiento firme sobre una denuncia falsa no solicita el inicio de acciones? No es ni la primera, ni la segunda vez que este letrado se queda perplejo ante la pasividad en situaciones de este tipo, en ocasiones con amenazas del propio fiscal a la declarante con palabras textuales: “si vuelve a presentar una denuncia falsa, me encargaré de que sea usted la que pase días en prisión”; pero una vez pronunciadas, se archiva la causa, no hay solicitud de testimonio, y el único resultado es la impunidad de la persona que ha cometido el delito de denuncia falsa, obteniendo simplemente una conclusión que no es otra que, “puedo hacer esto las veces que considere conveniente, pues como no pasa nada y es gratis”... De esta forma lo que hacen es generar dudas sobre esta ley, más aun, perjudican seriamente a las verdaderas víctimas mujeres que si viven sometidas bajo el maltrato de sus cónyuges o parejas.

Para terminar no quiero dejar género de duda sobre tres puntos: este letrado y su bufete condena enérgicamente el maltrato real y cree necesario aplicar las penas más duras a los que cometan dicho delito; en segundo lugar no creo que las estadísticas aportadas en referencia a la denuncia falsa en violencia de género se acerquen en lo más remoto a la realidad, solo hay que ver cómo han sido realizadas, en base a las deducciones solicitadas por fiscalía, valga el ejemplo de la sentencia aportada para ver que no son los únicos que solicitan dichas deducciones y por tanto son totalmente ajenas a la realidad; por último pienso que esta ley debe revisarse, pues quizás no obtenga jamás el objetivo para el que se realizó, y en mi humilde opinión, ejerciendo el derecho a la libre expresión consagrado en nuestra Constitución Española, la misma puede generar en primer lugar y en situaciones especiales criminales en potencia y, en segundo lugar y en referencia a la impunidad, incitación a la denuncia. El contenido integro del artículo es una invitación para pensar qué falla, son opiniones que en momento alguno atacan, discriminan ni acusan directamente, pero sí invitan a reflexionar sobre dicha ley y la forma en la que se aplica.

José Ignacio Francés Sánchez.
IFS Abogados.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/201201-58713844442289.html

http://www.porticolegal.com/abogados/derecho-penal-malaga-24033.html

La 'mega-manifestación' contra la custodia compartida congregó a 16 personas

2012-01-15T04:48:00.000+01:00

Los 16 participantes en la 'mega-manifestación'
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=252404114828167&set=o.215427628486542&type=1&theater

Esta es la realidad de la 'mega-manifestación' contra la custodia compatida "preferente" del 14-E. Una manifestación difundida el mismo 14 de enero en la red por la agencia EFE y, el día 15, por la prensa escrita aborregada y aborregante (seguramente en los medios visuales tratarán de evitar el ridículo)... Tal vez lean o escuchen ustedes hablar de una supuesta ley de custodia compartida "impuesta", pero no se dejen embaucar por esta banda de manipuladores... No asuman su lenguaje tergiversador... Nadie pide una ley de custodia compartida "impuesta". Salvo que hablemos, claro, de imponérselo a quien trata de imponerle la retirada de la custodia a su expareja caprichosamente...

Lo que piden los partidarios de la custodia compartida es que sea el sistema de custodia preferente (nada de "custodia compartida impuesta"), de modo que, obviamente, la custodia monoparental sea excepcional y deba justificarse en base a que "sólo así se protege el bien superior del menor". ¿De verdad puede alguien creer que es aceptable que la ley vigente diga que eso es lo que debe probarse para que una custodia compartida (excepcional, si no hay acuerdo) sea dictada por un juez? ¡Uf...! Hasta dónde ha llegado el hembrismo en este país...

Las asociaciones hembristas llevaban meses organizando esta manifestación, con mensajes en sus foros y manifiestos varios publicados en todas partes. En su actuación en la Puerta del Sol (véase la fotografía), dirige la orquesta la inefable Ana Mª Pérez del Campo. Cantan...un montón (por eso llevan mascarillas, supongo). Los viandantes sentían lástima ante un espectáculo tan cutre. Pero es que el viandante medio no sabe que tocan a millones de euros en subvenciones por cabeza; aunque la señora Pérez es del selecto club de elegidas que arramblan con lo que pueden para su organización...pues para eso dirige la orquesta. ¿O qué se creían?...

Las caretas, repartidas por la organización, son el señuelo demagógico que sugiere que el "miedo" es algo generalizado... Ese miedo, escenificado así, es la base de su argumentario contra la custodia compartida "preferente". Ya se sabe que estas organizaciones viven del miedo. O de miedo, en el caso de algunas de esas personas. Como la inmensa mayoría de ellas no tienen miedo ni nada parecido, se lo inventan, lo cual produce muchos beneficios sin necesidad de padecimientos, como bien saben. Pero ni con ésas... Ni siquiera mediante la demagogia convencen ya a nadie. Y ésta es la auténtica y única noticia reseñable en este asunto.

Anoche un compañero comentaba que esta foto pasará a la Historia: "A comienzos del siglo XXI había gente que estaba contra la custodia compartida". Y habrá que explicar por qué lo hacían. Está bastante claro: mantenimiento de privilegios (económicos y emocionales) por razón de sexo, ideología interesada, odio, misandria, androfobia, dinero, poder... Y jeta. Mucha jeta. ¿Cómo, si no, puede esgrimirse el "miedo" que sin duda sienten algunas personas para utilizarlo demagógicamente contra una ley de custodia compartida "preferente" que, por supuesto, en ningún caso otorgaría la custodia compartida si el bien del menor exigiera otra cosa? Claro que esto habría que probarlo, y las hembristas prefieren evitarle al caprichoso deseo de las personas de su sexo esas incomodidades, aun a costa de legislar de forma totalitaria e injusta. Tanta jeta merece un rapapolvo, y deben recibirlo. ¡A ello!

Encuentra las diferencias:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=210904372334842&set=a.120746294683984.26410.100002458411849&type=1&theater

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=252629741472271&set=o.105347012865360&type=1&theater

Elecciones andaluzas, 25-M: UPyD promoverá la mediación, la custodia compartida y la igualdad

2012-01-14T12:06:00.000+01:00

El secretario de la PCI, Fernando Otero (segundo por la derecha), durante la reunión con UPyD

UPyD llevará en su programa electoral para las elecciones autonómicas andaluzas del 25 de marzo de 2012 la importancia de la mediación familiar para la determinación de la custodia de los hijos en los procesos de ruptura de pareja. Esa medida irá acompañada de la exigencia de un tratamiento del hombre y la mujer en igualdad, y de la demanda de una ley estatal de custodia compartida de los hijos menores por ambos progenitores que sea una opción preferente en separaciones y divorcios, para que la custodia exclusiva sea excepcional.

UPyD señala que la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI), con la que ha estado en conversaciones, reconoce (pincha para comprobar que la propia PCI se hace eco de esta noticia) que el partido de Rosa Díez es el único partido que promueve una ley de custodia compartida "preferente" (que conviertiría en "excepcional" la custodia exclusiva de una de las partes) acompañada de la exigencia de un cambio legislativo que elimine toda asimetría legal por razón de sexo en la vigente "ley de violencia de género". UPyD dice la verdad. Es el único partido que hizo esa propuesta en las elecciones generales del 25 N de 2011 (pincha).

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3AC-CbsYGwbZWE1ZDJjYWYtNmU4Yy00YTNiLWFmNWItZDgwOGM3MzY3ODFl&hl=en_US

25M

UPyD recogerá en su programa electoral la importancia de la mediación familiar en los problemas de custodia

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia de la Junta, Martín De la Herrán, ha anunciado tras mantener este pasado martes una reunión con la junta directiva de la Plataforma Ciudadanos por la Igualdad, presidida por el juez Francisco Serrano, que el programa electoral de la formación incluirá la importancia de la mediación familiar en los problemas de custodia de los hijos menores.

En un comunicado, UPyD ha explicado que los componentes de esta asociación sin ánimo de lucro le expusieron al candidato los problemas que sufren actualmente en España algunos varones "por el hecho de serlo", haciendo especial hincapié en "algunos abusos que se hacen con la Ley de violencia de genero".

Asimismo, los miembros de esta plataforma también plantearon "la necesidad de una ley nacional de custodia compartida, que garantice por ley los derechos de los progenitores y de sus hijos, huyendo del actual desequilibrio en la concesión de las custodias".

De la Herrán les transmitió la posición de UPyD, consistente en un tratamiento del hombre y la mujer en igualdad y en la demanda de una ley estatal de custodia compartida de los hijos menores por ambos progenitores, que sea una opción preferente en separaciones y divorcios, así como que la custodia exclusiva sea excepcional.

Los miembros de la Asociación, según asegura UPyD, reconocieron que éste es "el único partido que plantea soluciones para estos problemas en régimen de igualdad, y no en la asimetría de trato y discriminación que plantean otros partidos".

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-upyd-recogera-programa-electoral-importancia-mediacion-familiar-problemas-custodia-20120113131827.html

Declaración de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología sobre "Alienación Parental"

2012-01-10T00:09:00.000+01:00

Dedicado a la banda de desalmados y desalmadas que en España difunden y proclaman que el SAP no existe y, más aún, que con ese nombre o con el nombre que tengan "las denuncias por interferencias parentales sólo son un alegato de maltratadores y machistas sin otra pretensión que maltratar y someter a las mujeres".

A las asociaciones hembristas españolas (a todas ellas), a los miembros del Gobierno saliente español (PSOE), al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a las exministras Bibiana Aído y Leire Pajín, a la presidente del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ (Inmaculada Montalbán), a Izquierda Unida (por su calumnioso y humillante programa electoral) y a la Asociación Española de Neuropsiquiatría (que se ha puesto al servicio de todos los anteriores). Para todos ellos: hagan un bocadillo con lo que sigue y ¡CÓMANSELO!

Declaración de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología sobre la Alienación Parental
Miércoles 05 de Octubre de 2011 15:06

DECLARACIÓN

-LA VIDA EN FAMILIA ES UN DERECHO HUMANO

Para esta Declaración, el Grupo de Trabajo Familia de ULAPSI 1 hace suyas las palabras del preámbulo de la Convención Internacional sobre los derechos del niño (a), adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, considerando que:

… de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y

de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,…

…Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing);… 2

Además, para la propuesta, este grupo de profesionales latinoamericanos, expertos en Psicología de la familia, se acuerpa en los siguientes artículos de la citada Convención; específicamente en:

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención...

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño...

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional...

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques...

Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo...

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean

perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar... 3

En este sentido, y en total consonancia con esta Convención, nuestro grupo de trabajo, coincide con lo dispuesto en el DSM-IV en cuanto a que: “los problemas relacionales son síndromes conductuales o psicológicos de importancia clínica o pautas de comportamiento que ocurren en individuos o entre ellos y que se asocian a aflicciones presentes o discapacidad o a un riesgo significativamente mayor de deceso, dolor, discapacidad o una pérdida importante de la libertad. Los problemas relacionales (p.ej, problemas relacionales de parejas, maltrato de la pareja o infantil) se incluyen como trastornos del eje I en el DSM-IV bajo los códigos V (es decir, otros trastornos que pueden ser objeto de atención clínica)”. 4

Por tanto,

Conscientes que en América Latina, en este momento, aún se mantienen vigentes los principios ideológicos patriarcales, que derivan en prácticas de desparentalización 5, de alienación parental y padrectomía, hacia padres y madres, plenamente facultados para ejercer sus derechos y responsabilidades parentales;

Que estas prácticas ancestrales, propician la desafiliación 6 un maltrato sistemático hacia niños (as), que son utilizados por sus padres o madres como intermediarios en el conflicto conyugal.

Que este maltrato parental, de los exconsortes entre sí, hacia la prole, otros familiares, es una realidad clínica, judicial y psicosocial diaria en las familias en conflicto en América Latina.

Consideramos de suma importancia exponer nuestra mirada y comprensión respecto del observado fenómeno del SAP 7 y la Padrectomía 8 en diversos países de América Latina, razón por lo cual existe este documento; pues quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con familias nos hemos encontrado, con bastante frecuencia, tanto en nuestras intervenciones clínicas de familias en conflicto como a nivel judicial (sobre todo cuando se está dirimiendo el proceso legal de la custodia de los hijos/as, tras la separación parental), con procesos donde uno (a veces ambos) de los progenitores utiliza a la descendencia, para hacer prevalecer sus particulares intereses, sobre los del otro, limitando o anulando los derechos así como el vínculo emocional paternal de la otra persona con un fin a menudo perverso 9, poder y desquite; objetivo que tratará de alcanzar con todos los medios a su alcance pues el fin lo justifica.

Esta violencia parental busca aniquilar no solo el rol paternal; sino además, todo vínculo emocional entre los hijos (as) y la persona ausente (a menudo el progenitor masculino, pero no exclusivamente éste), aduciendo como causa los conflictos de la pareja. Se trata en definitiva de la manipulación antojadiza de los hijos (as) como herramienta de cambio (para el chantaje).

Concurre además la manipulación de la realidad, implantando memorias e instaurando procesos de enajenación en la consciencia de los hijos (as), tratando de anular su criticidad y suplantarla por ideas provenientes de los conflictos de pareja y no del subsistema parental, hablamos entonces del SAP.

El SAP o la Padrectomía no es sólo un problema familiar, clínico o jurídico, constituye una problemática psicosocial de fondo que impone vulnerabilidad y agresión emocional hacia cada uno de los progenitores y prioritariamente, hacia los hijos (as), que son utilizados, como objetos de discordia, un arma contra el ex cónyuge (padre o madre).

CONSIDERAMOS QUE:

Para que el ser humano tenga un sano desarrollo integral, necesita mantener una relación vincular cercana, libre y espontánea con sus figuras parentales y con toda su familia, siempre y cuando no exista una razón, realmente válida, para evitar este contacto. A través del tiempo hemos constatado en nuestro trabajo e investigaciones ejemplos numerosos de crianza compartida, libre y espontánea, sin judicialización, donde los logros son bastos y tranquilizadores; tanto para los niños (as), como para ambos progenitores y familiares.

No podemos permitir -sea quien sea su autor- el desconocimiento de un fenómeno lacerante para las familias latinoamericanas y su adecuada convivencia.

En América Latina Patricia Arés (Cuba), Nelson Zicavo (Chile) quien habla de Padrectomía como proceso, sin embargo ha dedicado parte de su obra a este mismo fenómeno del SAP). Otros autores como Jorge Luis Ferrari y Carlos Díaz Usandivaras (Argentina), María Antonieta Magallón (México, en su Tesis Doctoral) y David Ramírez (Costa Rica, en su Tesis Doctoral) se han referido al mismo tema con acierto en sus múltiples publicaciones donde queda claro a través de sus escritos e investigaciones que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un proceso inmerso en el seno de nuestras sociedades.

Las leyes en México, en Argentina, en Uruguay, en Brasil van adelante (algunas tímidamente) al comprender estos fenómenos y en los otros países, aún duermen el sueño de los olvidados en los cajones de funcionarios ineptos al servicio de lo políticamente correcto, o simplemente por la inercia conservadora de una sociedad dividida entre machistas y hembristas con sus luchas absurdas.

Nuestro compromiso social hace que hoy alcemos la voz por los hijos e hijas que sufren esta situación y que además, ven hipotecado su futuro por el conflicto entre sus ascendientes y también, por aquellos papás y mamás que son agredidos, desparentalizados, padrectomizados, y que injustamente han muerto en vida para sus hijos (as), pues aunque sigan viviendo, ya no se les permite la convivencia, el mantener un vínculo no sólo necesario, sino también deseado.

Los hijos (as) de padres separados no son niños (as) de segunda categoría, ni futuros adictos o desviados como nos lo hicieron creer las vetustas ideas tradicionales. Son chicos inteligentes y capaces, nos están pidiendo que le demos una familia segura y dos padres comprometidos en su crecimiento y desarrollo, que dejen de lado los argumentos de pareja para asumir los de padres, pues es lo que son para toda la vida. Cuando esos niños (as) tengan a su vez descendencia los harán abuelos a los dos y esos nietos, necesitaran la herencia histórico-cultural de todos sus familiares, no de algunos nada más.

Nuestra historia latinoamericana está plagada de hechos con separaciones obligadas injustas y lacerantes. Desde los hijos de migrantes, que dejaban y dejan aquí o allá parte de su familia, hasta los hijos de los “desplazados” en Colombia, sin olvidarnos de los hijos de los desaparecidos en Chile, Argentina y Uruguay (bien lo saben las aguerridas Madres de Plaza de Mayo). A todo este dolor, ahora le sumamos los padres y madres (separados o divorciados) de hoy, que no tienen más que sus dos manos y su corazón herido para luchar por el vínculo roto y que si no actuamos inmediatamente para repararlo, será imposible de revivir.

Mientras existan organizaciones e investigadores latinoamericanos comprometidas con la salud psicológica de nuestras familias, entonces los padres y madres, sus hijos (as) podrán tener seguridad de que no están solos, pues la Padrectomía y el SAP son hechos lamentables que debemos develar con valentía y sin temor. Los hijos (as) de padres y madres separados esperan que los profesionales no callen.

Notas

1 Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología

2 Convención de los Derechos del Niño

3 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

4 www.psiquiatria.com/enlaces/652 o First, M; Pincus, H. (2002)

5 Acciones psico-socio-legales impuestas y a la vez asumidas, donde se le limita o inhibe parcial o totalmente a un padre -o a una madre- de sus derechos a ejercer la parentalidad, sin que exista un justificante o un motivo que fundamente tal situación. Ramirez, D. (2011)

6 Acciones psico-socio-legales impuestas y a la vez asumidas, donde se le limita o inhibe parcial o totalmente a un hijo (a) de sus derechos a vivir su filiación, sin que exista un justificante o un motivo que fundamente tal situación. Ramirez, D. (2011)

7 Síndrome de Alienación Parental, definido inicialmente por el autor R. Gardner.

8 Zicavo, N. 2006. Para que sirve ser Padre, un libro sobre el divorcio y la Padrectomía.

9 A menudo intentan deliberadamente provocar confusión, miedo, apatía, culpa o tristeza, con el objetivo de ganar una pseudo batalla, de donde todos saldrán heridos.

Fuente: http://www.ofcostarica.com/anasap/index.php?view=article&catid=37%3Aap&id=65%3Adeclaracion-ulapsi&format=pdf&option=com_content&Itemid=61

ULAPSI en español (pincha)

ULAPSI en portugués (pincha)

Congreso latinoamericano de psicología jurídica y forense, 2010. Roberto Sicard. ALPJF (pincha)

La existencia de Alienación Parental es ahora indiscutible (pincha)

La trampa: el feminismo sexista habla de machismo "estructural" pero lo supone "universal"

2012-01-07T15:30:00.000+01:00

Si piensa usted que las mujeres casi siempre son víctimas y casi nunca son agresoras, debe usted echar un vistazo a esta buena cifra de casos de mujeres maltratadoras y asesinas en el ámbito doméstico en España durante el año 2011 (pincha aquí). Nótese que estoy hablando esencialmente de violencia física. Si hablásemos también respecto a la violencia psicológica, sé que usted no tiene ninguna duda de que la mujer la practica tanto o más que el hombre y con las mismas o peores consecuencias.
"El feminismo se ha convertido en la incontrovertible ortodoxia, incluso en la mayoría de las instituciones más aparentemente conservadoras, y maneja todo el programa de la política social doméstica", dice Melanie Phillips. "Sin embargo", añade, "esta ortodoxia no se basa en los conceptos de equidad o la justicia o la solidaridad social. Se basa en la hostilidad hacia los hombres" (pincha). Lee ese artículo para comprobar que vivimos en un constante prejuicio cuando se nos repite, una y otra vez, que las mujeres son siempre victimas y los varones, siempre victimarios...
Pero si aún tiene usted alguna duda acerca de la bidireccionalidad de la violencia en la pareja, entonces sin duda desaparecerá si lee este análisis comparativo de 400 estudios internacionales sobre violencia en la pareja, publicado por Javier Álvarez Deca en enero de 2012 bajo el título de 400 razones contra un prejuicio (pincha), cuyas actualizaciones irán publicándose en esta web: “Políticamente incorrecto, estadísticamente correcto” (http://www.escorrecto.org)

El día 3 de enero tuvo lugar el primer asesinato de una mujer a manos de su pareja masculina en 2012, y ello fue publicado en todos los medios de prensa y condenado por las autoridades, incluida la ministra Ana Mato (pincha) En la noticia que aparece en ese enlace se da por hecho que se trata de un caso "violencia de género" por el mero hecho de que el "presunto" asesino es el novio de la víctima, sin que nadie haya probado que hubiera una relación de pareja marcada, objetiva o subjetivamente, por el machismo. Como es habitual, no hace falta probar esas cosas. Teniendo en cuenta que eran novios (relación afectiva de pareja), se contabiliza sin más consideraciones como la primera víctima por "violencia de género" ("violencia machista"). Una violencia, la "de género", que pena de forma más grave los mismos hechos cometidos por un varón que si los comete una mujer, pero sólo si se trata de agresiones sin resultado de muerte, precisamente, pues si hay un asesinato no se prevé ninguna medida especial de discriminación penal. ¿Por qué entonces siempre se habla de las asesinadas para justificar una discriminación penal que sólo afecta a los casos menos graves, en los que no hay tal diferencia estadística? En cualquier caso, ante este primer asesinato ya hemos oído que la "violencia de género" es la "prioridad de las prioridades", en palabras de la recién estrenada y ya adoctrinada ministra del Gobierno del PP, Ana Mato.

Pero hablemos claro: en realidad la prioridad de las prioridades es la violencia que sufran mujeres a manos de su pareja o ex pareja masculina, haya machismo o no lo haya en esa relación de pareja, y por eso no hace falta probar que hay tal machismo (objetiva o subjetivamente) en una relación concreta sometida al veredicto de un juez de violencia "de género". Sin embargo, por supuesto, esta verdad incuestionable ha de ocultarse al público. Porque, si se dijera pública y claramente la verdad, entonces ya no se podría usar la expresión "violencia de género" (violencia debida a la cultura machista), y habría que reconocer que es el sexo el único criterio tenido en cuenta, en realidad. Y decir eso sería tanto como reconocer la inconstitucionalidad de la ley de violencia aplicada en este momento... Así que hay que recurrir a una trampa.

Esta trampa consiste en hablar de un machismo que está en todas partes, se vea o no se vea; un machismo que afecta a todas las parejas afectivas, lo sepan o no lo sepan las personas implicadas; un machismo al que se llama, tramposamente, "estructural" pero al que se da en realidad un rango universal y, por eso, contra el que se cree justificado aplicar una ley (la ley de violencia de género), asimismo universal...

El "machismo estructural" (una categoría cultural o sociológica) es la abstracción, oportunamente difusa, con la que el totalitarismo feminista ha materializado y apuntalado el sexismo (el sexo como criterio de discriminación) en la ley española... Cabría calificar esta tramposa imposición como totalitarismo papanatas. Porque sólo un papanatas puede tomar en serio que una abstracción antropológica o sociológica demoda ("machismo estructural") pueda representar en la sociedad española algo más que una situación de carácter general, pretendiendo convertirla en una ley universal aplicable a todas las parejas de españoles concretos.

Ninguna ciencia social (salvo cuando se degrada ideológicamente -interesada y acríticamente-, como hace en este caso el feminismo) se atrevería a convertir sus generalizaciones "estructurales" en leyes universales, porque mantener esa distinción es cabalmente lo que permite distinguir el estudio de los seres humanos del estudio de las piedras, por ejemplo. Los seres humanos (pero no las piedras) toman decisiones, no pocas veces sorprendentes y ajenas a lo previsto... Y es precisamente de sus decisiones de lo que los ciudadanos son responsables ante la justicia, que es de lo que se supone que estamos hablando.

Cuando se justifica un agravamiento de las penas de forma universal a todos los varones (establecido así en la ley de violencia de género vigente) fundamentándolo en el "machismo estructural" que nos rodea, se comete una estupidez que conduce al menos a tres injusticias. Es una estupidez, porque exige suponer que lo "estructural" (el machismo) no sólo es general, sino que es universal (lo que justificaría entonces, y sólo entonces, una ley de aplicación universal que se oponga a la ley universal supuesta). Esta suposición incurre, naturalmente, en una falsedad lógica estúpida que suprime, además, la noción misma de libertad humana.

Ello implica como mínimo tres injusticias:

1. Al suponer que el machismo esta universalmente presente en la vida de todas las parejas se está negando (acaso inconscientemente) la libertad humana para llevar una vida ajena a determinaciones machistas, pero al mismo tiempo la ley de violencia de género castiga al ciudadano como responsable de ese comportamiento machista. Eso es sin duda injusto. Ojo, no estoy diciendo que los ciudadanos machistas no sean responsables de su comportamiento. Lo que digo es que suponer que todas las parejas viven necesariamente (por eso no hay que probarlo) una relación machista sí liberaría plenamente de responsabilidad a quien se comportase del modo supuestamente establecido como universal. Yo no comparto esa suposición de universalidad, y por eso mi punto de vista podría castigar un comportamiento machista sin ser injusto. Claro que mi punto de vista exige probar que el machismo está presente para poder castigarlo, pues no está presente necesariamente.

2. Esa suposición de universalidad que se esconde tramposamente tras lo que llaman sólo "machismo estructural" implica una segunda injusticia, porque se castiga al ciudadano en función de su sexo masculino, al que universalmente (y no sólo "estructuralmente"...) se adjudica una posición objetiva y/o un deseo subjetivo de dominio que es falso que sean universales en los varones emparejados. Este sexismo mal disimulado es inconstitucional.

3. La tercera injusticia consiste en privar al ciudadano de sexo masculino de su derecho a la presunción de inocencia, cuyo respeto exigiría probar que esa supuesta posición (objetiva) o deseo (subjetivo) de dominio se concretan en su caso más allá de lo que el tramposamente llamado "machismo estructural" prejuzga (con un fallido disimulo) que ha de tener lugar en todos los casos.

El 8 de enero de 2012 se publicó en EL PAÍS una entrevista a Inmaculada Montalbán (pincha), presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, aunque sólo se ocupa, en realidad, de la violencia de género (quizá por eso el periódico EL PAÍS habla del "Observatorio contra la Violencia de Género", sin más, en la presentación inicial de esta señora...). Creo que lo esencial de la entrevista es esta afirmación de la señora Montalbán: "Gracias a una reforma, hoy todos los jueces que quieren ocupar un juzgado de violencia deben hacer curso previo... Y ahí toman nociones del carácter estructural de la violencia, características, concepto de género. Salvo excepciones, la generalidad lo ha comprendido." ¿Alguno de ustedes ha leído en alguna parte una explicación a por qué una violencia "estructural" ha de considerarse "universal" (en todos los casos), lo que explicaría por qué no hay que probar que hay machismo en el caso juzgado? ¿Qué es, pues, lo que les explican a los jueces en ese "curso"? ¿A mirar el sexo del acusado en su DNI?... Esta señora tan lista sin duda podría explicar esto. Pero jamás lo ha hecho...

Lo que sí ha hecho la señora Montalbán ha sido impulsar y aprobar, desde su cargo en el CGPJ, un informe (pincha) en el que se pide un cambio en la ley de violencia de género que haga más explícito que no hay que probar el machismo, para evitar así que el Tribunal Supremo siga emitiendo sentencias en las que exige que se prueben las circunstancias machistas del caso juzgado, contra la letra y el espíritu sexistas de la ley de violencia de género que, como todo el mundo sabe (menos el Tribunal Supremo, para fortuna de quienes llegan a esa alta instancia), presupone que el machismo es la causa de todas las agresiones (por leves que sean) que una mujer sufra de su pareja o expareja. De modo que si hay una agresión (una "coacción leve", por ejemplo), es obvio que ha de haber machismo, ¿no?... Para qué tomarse la molestia de probarlo, ¿verdad? Se aplica ese agravante al varón correspondiente y todos tan contentos. Pues va a ser que no, querida señora...

¿Debo decir que cada minuto que pasa sin que se explique por qué lo "estructural" ha de considerarse "universal" es un minuto más de totalitarismo feminista papanatas? Estoy esperando la explicación que pueda convencer a un ser racional de que la ley de violencia de género no es una ley sexista. Pero, ¿desde cuándo el totalitarismo da explicaciones?

Mujeres asesinas y maltratadoras en el ámbito doméstico en 2011

2012-01-06T00:35:00.001+01:00

En el siguiente enlace hay, recogidas por Adriano Moguel Bedek, 139 noticias de maltrato doméstico protagonizado por mujeres maltratadoras en 2011 (pincha). Puedes encontrar en este otro informe, de la APFS, 246 casos de violencia familiar causada por mujeres en 2011 (pincha).
En España existe un "Observatorio de violencia contra la mujer", dependiente del Ministerio de Igualdad. Obviamente, ese observatorio no se ocupa de la violencia que ejecutan las mujeres. Existe además un "Observatorio contra la violencia doméstica y de género", dependiente del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y vinculado también al Gobierno, al Consejo de Abogados y a la Fiscalía General del Estado. Este segundo observatorio lleva en su nombre la observación de la violencia doméstica, pero ésta la observa desde lejos... pues su trabajo se restringe en la práctica a la llamada "violencia de género", nombre aplicado en España a la violencia sufrida por mujeres por parte de su pareja o expareja masculina. La violencia doméstica sufrida por mujeres a manos de otras personas distintas de su pareja masculina (incluidas otras mujeres) o la sufrida por varones, ancianos o niños de ambos sexos en el ámbito familiar no es objeto real de la atención de ese observatorio. Algo completamente injustificable, si nos atenemos a su nombre. De modo que tenemos dos observatorios ocupándose de la violencia contra las mujeres y ninguno ocupándose de la violencia doméstica. Por eso es necesario echar un vistazo a esa lista de 139 noticias de casos de maltrato doméstico protagonizados por mujeres maltratadoras. No sea que alguien llegue a pensar que las mujeres sólo son víctimas y que los varones sólo pueden ser agresores. Muy en especial hay que tener en cuenta que las mujeres son las principales agresoras de sus propios hijos en el ámbito doméstico.

En cuanto a los casos de maltrato con resultado de muerte en el ámbito doméstico, en 2011 ha habido al menos 18 niños que murieron por causas imputables a su madre, más otros 3 asesinados por su cuidadora en un centro de acogida. En total, al menos 21 niños muertos con mujeres imputadas en el ámbito doméstico.

Al menos 17 hombres has sido maltratados por mujeres con resultado de muerte en el ámbito doméstico en 2011; 15, por su pareja femenina, uno (de 91 años) a manos de su hija (de 70 o de 52 años, pues hay discrepancias en función de la fuente consultada), y otro anciano murió a manos de su asistenta.

Al menos una mujer ha sido asesinada por su pareja femenina en 2011. Otra mujer ha sido hallada culpable de contratar al sicario que había matado a la amante de su marido en 2010.

He escrito "al menos" en todos los recuentos, pues se trata de una contabilidad oficiosa y resultado de la recopilación de noticias por parte de voluntarios sin compromiso alguno. El margen de error es muy alto, por lo que el número de asesinatos es sin duda superior.

HOMBRES

VÍCTIMA 1 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/26/castellon/1298725046.html Detienen a una mujer por envenenar a su pareja con 'pequeñas dosis' de un tóxico

VÍCTIMA 2 http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100036421/Una+mujer+quema+a+su+marido+que+la+compro+en+Marruecos Este caso está teñido a su vez de violencia machista. Una mujer quema a su marido, que la había "comprado" en Marruecos http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/13/castillayleon/1302696560.html

VÍCTIMA 3 http://www.abc.es/20110521/local-canarias/abci-hotel-201105211236.html Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer danesa de 38 años tras el fallecimiento, por una herida en el abdomen, de su pareja

VÍCTIMA 4 http://www.20minutos.es/noticia/1061987/0/detenida/anciana/marido/ Detenida una anciana por matar a su marido en Barcelona

VÍCTIMA 5 http://www.europapress.es/nacional/noticia-anciano-91-anos-muere-recibir-disparo-cabeza-madrid-20110527084740.html Un anciano de 91 años muere al recibir un disparo en la cabeza por parte de su hija en Madrid http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/25135/madrid-detenida-una-mujer-por-la-muerte-de-supadre-en-villaviciosa-de-odon

VÍCTIMA 6 http://www.diariodejerez.es/article/provincia/1000583/detenida/una/mujer/por/matar/una/punalada/hombre/la/isla.html En este caso se ha confirmado que la asesina era amante de la víctima. Detenida una mujer por el asesinato de un hombre en La Isla. http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1001505/la/detenida/por/crimen/la/isla/y/la/victima/eran/amantes/ocasionales.html

VÍCTIMA 7 http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-amp-detenidos-mujer-hijo-empresario-hallado-muerto-febrero-logrosan-caceres-20110627143436.html Detenidos la mujer y el hijo del empresario hallado muerto en febrero en Logrosán (Cáceres)

VÍCTIMA 8 http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/27095408/ Detenida una mujer por la muerte de su pareja en Castelldefels

VÍCTIMA 9 http://www.lasprovincias.es/v/20110727/sucesos/mujer-mata-companero-valencia-20110727.html Una mujer mató a su compañero tras clavarle un cuchillo de cocina en el cuello.

VÍCTIMA 10 http://www.alertadigital.com/2011/08/01/la-cultura-feminazi-del-odio-a-los-hombres-se-impone-en-espana-una-diabetica-mata-a-su-marido-con-una-sobredosis-de-insulina/ Una mujer mata a su marido con una sobredosis de insulina

VÍCTIMA 11 http://www.lasprovincias.es/v/20110812/castellon/acusan-asistenta-asfixiar-anciano-20110812.html El hombre, de 83 años, fue hallado muerto por un vecino el pasado domingo en el portal de su vivienda, situada en la plaza del País Valencià. En principio, los indicios apuntaban a una muerte natural, aunque los exámenes de los forenses determinaron posteriormente que el anciano fue estrangulado. El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para una pareja: la asistenta del anciano y su novio, acusados de homicidio.

VÍCTIMA 12 http://www.abcdesevilla.es/20110827/andalucia/sevp-mata-marido-pasa-noche-20110827.html La autora del presunto homicidio habría permanecido durante toda la noche en el interior del domicilio junto al cadáver de su esposo.

VÍCTIMA 13 http://www.mallorcadiario.com/sociedad/aparece-degollado-un-joven-de-25-anos-en-los-pullman-79919.html Detenida la pareja del joven degollado en los Pullman http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=909167

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/sucesos/ultimas/hallan-restos-de-sangre-en-la-ropa-de-la-acusada-de-matar-a-su-novio-en-cala-major.html

VÍCTIMA 14 http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/detenida_una_mujer_que_paso_cinco_dias_con_cadaver_pareja_casa.html Detenida una mujer que pasó cinco días con el cadáver de su pareja en casa. A raíz de esta declaración, la mujer fue detenida, ya que los investigadores consideraron que no avisó a ningún tipo de servicios sanitarios cuando su pareja agonizaba.

VÍCTIMA 15 http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenida/mujer/hombre/murio/ayer/incendio/Colmenar/Viejo/elpepuesp/20110913elpepunac_1/Tes Detenida la mujer del hombre que murió ayer en un incendio en Colmenar Viejo. La Guardia Civil la acusa de provocar el incendio y le imputa el delito de asesinato

VÍCTIMA 16 http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenidos/mujer/hijo/muerte/hombre/Torre/Capdella/elpepuespcat/20110922elpepunac_6/Tes Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a la compañera sentimental y al hijastro como presuntos autores de la muerte de R.C.M.

VÍCTIMA 17 http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/09/23/00031316769191789705319.htm El juez ha decretado esta madrugada prisión provisional sin fianza para Elisabet Ll.S., pareja sentimental de José Alameda, cuyo cadáver fue encontrado en agosto en Lloret (Mallorca)

MUJERES

VÍCTIMA 1 http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-prision-delito-homicidio-presunta-autora-crimen-pareja-bellavista-20111231124205.html El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha decretado prisión provisional, sin fianza y comunicada por un presunto delito de homicidio para A.M.P., la mujer de 51 años de edad que fue detenida este jueves por agentes del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía como supuesta autora del crimen de su pareja sentimental, una mujer de 53 años

VÍCTIMA 2 http://www.lasprovincias.es/v/20110710/sucesos/detenida-asesinar-amante-marido-20110710.html Este es un asesinato cometido en 2010, aunque esclarecido en julio de 2011. La detenida por asesinar a la amante de su marido había pagado 50.000 euros

NIÑOS

VÍCTIMAS 1, 2 Y 3 http://www.europapress.es/epsocial/noticia-ingresa-prision-cuidadora-infanticida-boecillo-valladolid-abandonar-hospital-20110826124941.html Gabriela L.B, presunta autora de la muerte de tres menores discapacitados registrada el 15 de agosto en un centro de acogida de la ONG Mensajeros de la Paz

VÍCTIMA 4 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Detenida/Badajoz/mujer/asfixio/bebe/Alemania/quemo/Espana/elpepusoc/20110112elpepusoc_7/Tes Detenida en Badajoz una mujer que asfixió a su bebé en Alemania y lo quemó en España

VÍCTIMA 5 http://www.elpais.com/articulo/espana/Hallado/cadaver/recien/nacido/empresa/basuras/Barcelona/elpepuespcat/20110105elpepunac_18/Tes Están por determinar las circunstancias de la muerte del recién nacido. Todo apunta a que el niño fue abandonado en un contendedor nada más nacer

VÍCTIMA 6 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/24/galicia/1298556801.html Están por determinar las circunstancias de la muerte del recién nacido. El cuerpo del recién nacido estaba metido en una bolsa

VÍCTIMA 7 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/andalucia/1300289032.html Detenida una marroquí de 24 años por la muerte de su recién nacido al tirarlo desde un cuarto piso.

VÍCTIMA 8 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/17/andalucia/1305627898.html Detenida tras hallarse el cadáver de un bebé en un armario en su casa

VÍCTIMA 9 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/18/madrid/1308400655.html Un niño muere asfixiado presuntamente por su madre en un piso de Torrejón de Ardoz

VÍCTIMA 10 http://www.elcorreogallego.es/panorama/nacional/ecg/muere-nina-palma-supuestos-malos-tratos-madre-su-companero/idEdicion-2011-06-20/idNoticia-680536/ Muere una niña en Palma por supuestos malos tratos de la madre y su compañero

VÍCTIMAS 11 y 12 http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/07/23/detenida-mujer-cargo-ninos-ahogados/339066.html La detenida por la muerte de los niños de 3 y 7 años, que tiene la tutela de los pequeños, está acusada de imprudencia temeraria

VÍCTIMA 13 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/19/valencia/1313757491.html Una mujer mata a su hija de 3 años en Alicante

http://www.larazon.es/noticia/9228-una-mujer-mata-a-su-hija-de-tres-anos-en-alicante

VÍCTIMA 14 http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Detenida/mujer/matar/hijo/Barcelona/elpepuespcat/20110919elpcat_1/Tes Detenida una mujer por matar a su hijo de tres años en Barcelona

VÍCTIMAS 15 y 16 http://www.lavanguardia.com/sucesos/20110929/54223286933/una-madre-mata-a-sus-dos-hijos-ahogandoles-en-el-domicilio-familiar-en-jaen.html Una madre mata a sus dos hijos de tres y once años ahogándoles en el domicilio familiar en Jaén

VÍCTIMA 17 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/09/castillayleon/1320834142.html Los animales devoraron parte del cuerpo del recién nacido abandonado en un pinar. El bebé nació vivo y la madre lo dejó debajo de un árbol

VÍCTIMA 18 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=999053
La Policía Nacional ha detenido a una mujer tras encontrar en su domicilio, en el barrio madrileño de San Blas, el cuerpo sin vida de un bebé de 24 semanas de gestación envuelto en bolsas de plástico.

VÍCTIMAS 19 y 20 http://www.lne.es/sucesos/2011/12/14/mate-mala-vida-llevaban-dice-madre/1170830.html La madre mata a sus dos hijos: una niña de 11 años de su anterior relación y el hijo de su actual pareja, de 5 años. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/14/espana/1323859521.html

VÍCTIMA 21 http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-mossos-investigan-muerte-bebe-blanes-1276444 Los agentes acudieron al piso donde reside la madre del bebé a petición de la pareja de la mujer, que se había desplazado a comisaría. El hombre explicó en las dependencias policiales que su pareja estaba embarazada de casi nueve meses y que, cuando él llegó a casa horas antes, la barriga le había desaparecido. Sin embargo, les contó a los agentes que la mujer no le quería explicar lo que había ocurrido. Una vez en la vivienda, los mossos hablaron con la mujer, que alegó haber sufrido un aborto espontáneo. La policía investiga lo sucedido.

UNIDAD EN LA MOVILIZACIÓN

NO a la desigualdad ante la LEY. ¡BASTA! (pincha)

DIFUSIÓN SENCILLA, GRATIS Y EFICAZ

HAZTE CON PEGATINAS (PINCHA)

El psiquiatra Carlos Mª Díaz Usandivaras explica cómo romper la alienación parental

2012-01-05T03:48:00.000+01:00

Conferencia: “El Tratamiento Interdisciplinario del Síndrome de Alienación Parental Severo (S.A.P.S.)”

Conferencia del Dr. Carlos Maria Diaz Usandivaras durante el Primer Congreso sobre Alienación Parental en Menores en Monterrey (México), 18 de junio de 2009.

Diapositivas de la Conferencia de Usandivaras:
http://xa.yimg.com/kq/groups/1478669/461468730/name/S.A.P.S.+TERAPIA_Interdiscipli+DrUSANDIVARAS+vers-.pptx

Carlos María Díaz Usandivaras (Argentina)
Medico Psiquiatra - Terapeuta de Familias y Parejas

1 de 7
http://www.youtube.com/watch?v=4_9cNnqwctg&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=0
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http://www.youtube.com/watch?v=D_EPsffzcF0&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=1
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Consecuencias de la Alienación Parental para el niño
http://www.youtube.com/watch?v=DQrtBs7ie8g&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=2
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http://www.youtube.com/watch?v=7GltSuuGXtY&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=3
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http://www.youtube.com/watch?v=bnJFhV73YsQ&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=4
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http://www.youtube.com/watch?v=zqtQbpklHl4&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=5
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http://www.youtube.com/watch?v=dklx4uOyfKA&feature=PlayList&p=40C3EC2B3562A060&index=6

La existencia de alenación parental es ahora INDISCUTIBLE (pincha).

Serrano pide una reunión con Ana Mato para explicarle por qué debe cambiarse la ley de violencia de género

2012-01-05T02:50:00.001+01:00

Juez Francisco Serrano Castro

Reproduzco íntegra la carta enviada por D. Francisco Serrano, presidente la la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI), a la ministra Ana Mato:

Excma. Sra. Dª Ana Mato
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sevilla, 3 de enero de 2012

Excma. Sra. Ministra:

Ante todo, reciba mi sincera y cordial felicitación por su reciente nombramiento en tan alto cargo de responsabilidad política y social, en el que le deseamos desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI) un gran éxito profesional y muchas satisfacciones. Me dirijo a usted en mi calidad de presidente de esta Plataforma Ciudadana por la Igualdad, entidad sin ánimo de lucro constituida en 2009, y como conocedor, después de 21 años de ejercicio profesional de los que casi trece los he desarrollado como Magistrado de Familia, de una materia de indudable sensibilidad social. Las consecuencias de las rupturas matrimoniales y de pareja, la pacífica solución de conflictos en el ámbito de las relaciones familiares, la búsqueda de remedios eficaces para evitar el grave perjuicio que ocasionan en los hijos tales enfrentamientos entre adultos, constituyen una constante fuente de preocupación social a las que, lamentablemente, no se les ha sabido dar respuesta a nivel legislativo y político, conduciendo esos erróneos planteamientos a situaciones de manifiesta injusticia y desigualdad cuando se aplican y ponen en práctica. En la PCI, a través de su Comité de Coordinación Territorial, se integran otras muchas asociaciones no exclusivas ni excluyentes, conformadas por hombres, mujeres, padres, madres, abuelos y abuelas, personas que sin estar subvencionadas por el anterior gobierno socialista, creen, de verdad, en la consecución de la auténtica armonía e igualdad en las relaciones familiares. Se trata de la alternativa al fracaso y caos de los lobbies subvencionados por el anterior Gobierno, integrados en fundaciones y asociaciones, sí exclusivas y excluyentes, inspiradas por la ideología “de género” contraria a la igualdad. Un asociacionismo radical que no representa a la mujer y que tiene por objetivo la desintegración y desigualdad familiar, aunque, con la ya clásica perversión de lenguaje a la que nos tienen acostumbrados, en sus tarjetas de presentación anuncien todo lo contrario. Ello, además a un coste de sacrifico económico y humano aterrador, que está conduciendo a la radicalización y criminalización de esos conflictos en el ámbito doméstico e intrafamiliar, obviando que la mejor forma de ganar las guerras es evitándolas. En el afán de conseguir que las cosas cambien, y aún habiéndome ya expuesto a convertirme en proscrito por ir en contra de lo políticamente correcto, actualmente, al margen de participar en otras iniciativas asociativas de carácter profesional, he promovido la constitución de dicha Plataforma Ciudadana por la Igualdad, cuyos objetivo y fines puede comprobar en nuestra página web www.plataformaporlaigualdad.es.

Le adjunto nuestro Manifiesto por la Igualdad fundacional, que estamos haciendo circular por toda España para remover conciencias y despertar de su aletargamiento o ignorancia a una gran parte de la población, pues ya hay un gran colectivo, gran parte de la sociedad civil, que ha podido ver la realidad por sí misma, sintiendo en su propia experiencia vital el mordisco de la injusticia, la desigualdad y la restricción injustificada de derechos fundamentales. Un estado encubierto de excepción que de forma hipócrita y torticera, se ampara paradójicamente en la defensa de la Justicia, la Igualdad y la protección de esos derechos. Porque hoy ya, la inmensa mayoría de la población, una mayoría silente, reclama unos cambios estructurales, que niega una minoría, eso sí poderosa mediática, política y económicamente, que basa sus ideales en el odio, el resentimiento y el oportunismo. Estamos seguros de su conocimiento y sensibilidad de esta problemática que, hasta hoy, sólo se ha podido abordar de forma oficial desde los planteamientos de pensamiento único. No es cuestión ya de derechas ni de izquierdas, desde mi punto de vista, y del de cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que creen que no debe de existir discriminación por razón de sexo y que se han de abordar de forma muy distinta las políticas sociales en el ámbito de las relaciones familiares. La cuestión es, ya, de decencia, la que ud representa, o de indecencia. Se hace imprescindible, promover reformas legislativas importantes, las que tanto temen aquellos que también temen el mismo cambio que el nuevo gobierno representa; un cambio, que por contra, para nosotros es sinónimo de esperanza. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, solicitándole encarecidamente una entrevista para abordar esta problemática que estoy seguro será un principal referente de trabajo en su Ministerio, pues todos queremos erradicar la violencia y promover la igualdad pero de muy distinta manera a como se ha venido haciendo hasta ahora, en exclusivo beneficio de unos pocos que van a querer mantener la misma dinámica de aprovechamiento propio y de fracaso social. Con respecto a éstos, la animamos, por una cuestión de justicia y transparencia, a solicitar rendición de cuentas sobre las subvenciones y prebendas recibidas en estos años de privilegio exclusivo y excluyente, y a no dejarse embaucar por sus cantos de sirena.

En la confianza de que estas líneas y documentos que se adjuntan, resulten de su interés, reciba un saludo muy cordial.

Francisco Serrano Castro
Presidente
Plataforma Ciudadana por la Igualdad

www.plataformaporlaigualdad.es – mail: manifiesto@plataformaporlaigualdad.es

La prensa se ha hecho eco de esta carta:

EP Social

El juez Serrano pide una reunión a Mato para abordar cambios legislativos ante la problemática de la violencia doméstica

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS)

El magistrado y presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, Francisco Serrano, que ha ejercido durante 21 años como juez y 13 como magistrado de familia, ha solicitado por carta una reunión a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al objeto de plantearle la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas en torno a la "problemática" de la violencia doméstica y los conflictos generados en el ámbito familiar.

En la carta remitida a la ministra, a la que ha tenido acceso Europa Press, Francisco Serrano asevera que las consecuencias de las rupturas matrimoniales y de pareja, la pacífica solución de conflictos en el ámbito de las relaciones familiares, la búsqueda de remedios eficaces para evitar el grave perjuicio que ocasionan en los hijos tales enfrentamientos entre adultos, "constituyen una constante fuente de preocupación social".

Sin embargo, añade Serrano, "no se les ha sabido dar respuesta a nivel legislativo y político, conduciendo esos erróneos planteamientos a situaciones de manifiesta injusticia y desigualdad cuando se aplican y ponen en práctica", punto en el que expresa su apuesta por la consecución de la auténtica armonía e igualdad en las relaciones familiares.

"Se trata de la alternativa al fracaso y caos de los lobbies subvencionados por el anterior Gobierno, integrados en fundaciones y asociaciones, sí exclusivas y excluyentes, inspiradas por la ideología de género contraria a la igualdad, un asociacionismo radical que no representa a la mujer y que tiene por objetivo la desintegración y desigualdad familiar, aunque, con la ya clásica perversión de lenguaje a la que nos tienen acostumbrados, en sus tarjetas de presentación anuncien todo lo contrario", asevera.

"EXPUESTO A CONVERTIRME EN PROSCRITO"

A su juicio, todo ello genera "un coste de sacrifico económico y humano aterrador, que está conduciendo a la radicalización y criminalización de esos conflictos en el ámbito doméstico e intrafamiliar, obviando que la mejor forma de ganar las guerras es evitándolas". El juez, que ha sido condenado a dos años de inhabilitación por cambiar el turno de custodia de un menor, expresa su afán por "conseguir que las cosas cambien, aún habiéndome ya expuesto a convertirme en proscrito por ir en contra de lo políticamente correcto".

Según considera Francisco Serrano, "hay un gran colectivo, gran parte de la sociedad civil, que ha podido ver la realidad por sí misma, sintiendo en su propia experiencia vital el mordisco de la injusticia, la desigualdad y la restricción injustificada de derechos fundamentales, un estado encubierto de excepción que de forma hipócrita y torticera se ampara paradójicamente en la defensa de la Justicia, la igualdad y la protección de esos derechos".

"La inmensa mayoría de la población, una mayoría silente, reclama unos cambios estructurales que niega una minoría, eso sí, poderosa mediática, política y económicamente, que basa sus ideales en el odio, el resentimiento y el oportunismo", asevera, agregando, en relación a la ministra, que "está seguro de su conocimiento y sensibilidad de esta problemática que, hasta hoy, sólo se ha podido abordar de forma oficial desde los planteamientos de pensamiento único".

"NO ES CUESTIÓN DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

"No es cuestión ya de derechas ni de izquierdas, desde mi punto de vista, y del de cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que creen que no debe de existir discriminación por razón de sexo y que se han de abordar de forma muy distinta las políticas sociales en el ámbito de las relaciones familiares; la cuestión es, ya, de decencia o de indecencia", por lo que "se hace imprescindible promover reformas legislativas importantes, las que tanto temen aquellos que también temen el mismo cambio que el nuevo gobierno representa, un cambio, que por contra, para nosotros es sinónimo de esperanza.

Por ello, solicita a la ministra una reunión en la que abordar esta "problemática", subrayando que "todos queremos erradicar la violencia y promover la igualdad, pero de muy distinta manera a como se ha venido haciendo hasta ahora, en exclusivo beneficio de unos pocos que van a querer mantener la misma dinámica de aprovechamiento propio y de fracaso social". "Con respecto a éstos, la animamos, por una cuestión de justicia y transparencia, a solicitar rendición de cuentas sobre las subvenciones y prebendas recibidas en estos años de privilegio exclusivo y excluyente, y a no dejarse embaucar por sus cantos de sirena". concluye.

Fuente:http://www.europapress.es/epsocial/noticia-juez-serrano-pide-reunion-mato-abordar-cambios-legislativos-problematica-violencia-domestica-20120104161515.html

Carta al director de EL PAÍS: No tenemos una ley contra la 'violencia de género'

2012-01-03T03:38:00.000+01:00

Ana Mato, la nueva ministra de Igualdad, declara "prioridad de prioridades" la "violencia de género" (pincha)

Notenemos una ley contra la ‘violencia de género’

Lavigente ley española contra la “violencia de género” no pretende ocuparse detoda la violencia internacionalmente llamada así, sino sólo de la que tienelugar en el ámbito de la pareja. Sin embargo, en realidad la ley española no seocupa de ninguna clase de “violencia de género” (machista), pues no distingue laviolencia que ocasiona a su pareja un varón machista en circunstanciasmachistas de esa otra violencia que una mujer pueda sufrir en circunstanciasajenas al machismo por parte de una pareja masculina sin ánimo machista. Portanto, el criterio para agravar la pena no son, como suele decirse, lascircunstancias machistas que rodean esa violencia (algo que no hay que probar),sino directamente el sexo de las personas.Así lo expresan tanto la literalidad del artículo 1.1 de la ley (oración explicativay no especificativa) como los artículos del Código Penal afectados, así comolas declaraciones habituales de los impulsores de esa ley, que nos transmitensu espíritu. La letra y el espíritu de la ley son sexistas. El 11 de enero de2011 el CGPJ aprobó incluso un informe por el que solicitó hacer explícito enla ley que no hay que probar la intencionalidad machista del acusado, paraevitar así las inoportunas sentencias del Tribunal Supremo en las que éste vieneexigiendo que se prueben las circunstancias machistas en los casos de “violenciade género”. El Tribunal Constitucional es el responsable del desaguisado: haceuna interpretación oscura y contradictoria de la ley afirmando que “no presupone” las circunstancias machistaspero dando por bueno, al validarla, que la ley haga literalmente eso en todoslos casos.

Enviada a CartasDirector@elpais.es

el 3 de enero de 2012

Si un juez, funcionario judicial, fiscal o abogado limita tu derecho a defenderte por ti mismo, denúncialo

2012-01-01T15:05:00.000+01:00

Para jueces, secretarios judiciales, funcionarios de justicia, fiscales, abogados y procuradores que estén interesados en la Justicia pero que aún no se enteran de la fiesta: en un juicio, "el derecho del acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus Abogados, interrogar a los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes". Quien dirige la defensa no es el abogado... Es el acusado. ¿Se han enterado ya? Lo dudo, así que veámoslo.

Lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional que adjunto es de ABSOLUTO sentido común. Lástima que, hasta hoy, los jueces, los fiscales y los propios abogados vengan haciendo de ello un papel ABSOLUTAMENTE mojado... Sólo si el ciudadano conoce esta jurisprudencia y la hace valer con coraje puede abrirse paso en la selva judicial española. O intentarlo, al menos. Cuánta indefensión se evitaría si las cosas fueran como dice esta sentencia y se dejara de vulnerar todos los días y a todas horas lo que es un derecho fundamental "ABSOLUTO". Animo a los ciudadanos españoles a denunciar sin descanso a los jueces, secretarios judiciales, funcionarios de justicia, fiscales, abogados y procuradores que persistan en la vulneración de ese derecho.

STC 91/2000, de 30 de marzo de 2000, FJ13:
<<13. No obstante, nuestra jurisprudencia (SSTC 37/1988, de 3 de marzo, 181/1994, 29/1995, de 6 de febrero y 162/1999, de 27 de septiembre), ha reconocido que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la perspectiva del art. 24 CE y, por lo tanto, que constituye el punto de partida en la fijación del que hemos denominado "contenido absoluto" de los derechos fundamentales que, necesariamente, ha de proyectarse ad extra.
(...) Especialmente significativo resulta al respecto el tenor literal del art. 6.3 c) CEDH, en el que se reconoce el derecho "a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor". Se pone así de manifiesto que el que ha de ejercer el derecho de defensa es el acusado: el Letrado se limita a "asistirle" técnicamente en el ejercicio de su derecho, habiéndose reiterado, tanto por nuestra jurisprudencia (vid. las SSTC antes mencionadas) como por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la opción por la asistencia jurídica gratuita o por la de un Letrado de elección, no puede entenderse como renuncia o impedimento para ejercer la defensa por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo que la defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa.
Merecen destacarse, en tal sentido, las SSTEDH de 16 de diciembre de 1999 (casos T y V contra Reino Unido). En dichas resoluciones el Tribunal Europeo reafirma de modo inequívoco que el derecho del acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus Abogados, interrogar a los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes.>>

(Léase en el punto 13 de los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia del Tribunal Constitucional -STC- 91/2000, de 30 de marzo de 2000, FJ13 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=7265)

Aspectos legales de la Violencia de Género. Enrique Del Castillo Codes

2011-12-27T20:32:00.001+01:00

El abogado y doctor en derecho Enrique Del Castillo Codes hace en este artículo un repaso a la evolución de la legislación que ha derivado en la actual Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG), analizando después los aspectos controvertidos de esta ley que han sido llevados ante el Tribunal Constitucional y exponiendo la jurisprudencia que ha ido asentándose. Finalmente, hace una toma de posición. Un artículo interesante e informativo.

Aspectos penales de la Violencia de Género

Enrique Del Castillo Codes.

Abogado y Doctor en Derecho.

http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=372

1.- Planteamiento.

La promulgación de la Ley Orgánica1/2004, de 28 de diciembre y la consiguiente modificación del Código Penal, enel que se incluyen los específicos tipos de violencia de género, ha provocadouna encendida discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la interpretación quedebe darse a las conductas tipificadas, todas las cuales se caracterizanporque, objetivamente, son constitutivas de simples faltas pero, al existir unavinculación de parentesco o afectiva entre el autor y la víctima, se elevan a lacategoría de delitos. Así, los malos tratos de obra o las lesiones que noprecisan para su curación tratamiento médico o quirúrgico (art. 153), lasamenazas y coacciones leves (arts. 171.4 y 5 y 172.2, respectivamente), se refierena comportamientos que, considerados en abstracto, son faltas, pero que pasan aconstituir delitos en virtud de las aludidas relaciones entre el autor y lavíctima. Del mismo modo, en el art. 148 se introduce, como supuesto agravadodel delito de lesiones, el que la víctima sea o haya sido esposa o mujer queestuviere o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de afectividad,aun sin convivencia.

Con la regulación actualmente vigente,introducida por la mencionada Ley Orgánica 1/2004, se constata un tratodiferenciador en función de que el sujeto activo sea hombre o mujer, que varíasegún los distintos tipos penales. En lo que respecta a los malos tratos deobra o lesiones leves, así como a las amenazas leves, la diferencia reside enla duración de la pena, pues tanto si el sujeto activo es un hombre como si loes una mujer, la conducta constituye delito, si bien, en caso de que el autorsea un hombre el marco penal oscila entre seis meses y un año de prisión otrabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días (arts.153.1 y 171.4), mientras que si el sujeto activo es la mujer, entonces la penade prisión sería de tres meses a un año siendo idéntica la de trabajos enbeneficio de la comunidad (arte 153.2 y171.5). En tales casos, la discriminación que se hace respecto del hombre esciertamente escasa, por cuanto la diferencia radica en el “quantum” de la penaprivativa de libertad, siendo por lo demás mínima y, en todo caso, pudiendo optarsepor la de trabajos en beneficio de la comunidad que, como se ha visto, es por completocoincidente.

Más reparos suscita, en cambio, laregulación de las coacciones leves y el supuesto agravado de las lesionesconstitutivas de delito. En el primer caso, el art. 172.2 sanciona con laspenas antes citadas al varón que, de modo leve, “coaccione a quien sea o hayasido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análogarelación de afectividad, aun sin convivencia”, pero, a diferencia de lo quesucedía para los malos tratos de obra, lesiones y amenazas leves, no secontempla una previsión para el caso de que sea la mujer la que coaccionelivianamente a su pareja masculina, con lo cual dicha conducta seguiráconstituyendo una simple falta del art. 620.2 CP, evidenciándose en este casoun patente trato discriminatorio por cuanto, una misma conducta, será delito sila comete un hombre y falta si la protagoniza una mujer.

Por otro lado y en lo que respecta a laslesiones constitutivas de delito, es decir, las que precisan para su curaciónde tratamiento médico o quirúrgico (art. 147 CP), ya se indicó antes que elapartado 4º del art. 148 agrava considerablemente la pena del tipo básico (2 a5 años de prisión) cuando la víctima de tales lesiones “fuere o hubiere sidoesposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análogarelación de afectividad, aun sin convivencia”, no previéndose tampoco lasituación opuesta, es decir, cuando el autor sea la mujer y la víctima elhombre, en cuyo caso no será apreciable el referido supuesto agravatorio, conlo cual la mujer será sancionada conforme al tipo básico del art. 147 CP, cuyomarco penal es sensiblemente menor aunque, también hay que decirlo, la citadaagravación es facultativa tal y como se desprende del tenor del mencionadoprecepto, que utiliza el verbo “podrá”, y ello en función tanto del riesgocreado como del resultado producido, lo que determina que la aludidaagravación, cuando el autor es el hombre y la víctima su pareja femenina, no seaplicará de forma automática.

Finalmente, el art. 173.2 CP, en el quese sanciona el maltrato habitual, no hace discriminación, por lo que autor delmismo puede ser tanto el hombre como la mujer, no estableciéndose diferenciapenológica alguna, con lo cual tanto uno como otro, en caso de cometer laconducta en el referido tipo sancionada, recibirán la misma respuesta penal.

En definitiva y conforme a lo expuesto,de la regulación global que del fenómeno de la violencia de género se realizaen nuestro ordenamiento penal, se evidencian ciertas diferencias en función delsexo del sujeto activo y víctima, lo que ha planteado dudas deconstitucionalidad sobre ello, en concreto, si dichas previsiones legales soncompatibles con ciertos derechos fundamentales que consagra nuestraConstitución, tales como el de igualdad, culpabilidad o presunción deinocencia. A tratar de clarificar estas dudas se dedica el presente trabajo enel que, asimismo y en íntima relación con ello, se analizarán los supuestos–nada infrecuentes- en que la conducta agresiva es bidireccional, es decir, seproduce una agresión recíproca entre el hombre y la mujer, así como eltratamiento penal que deben merecer tales supuestos. Sin embargo y con el fin delograr una mayor claridad expositiva, conviene ante todo hacer un repasohistórico sobre el tratamiento que en nuestro Derecho Penal codificado hatenido el fenómeno de la violencia familiar.

2.- Evolución legislativa.

La respuesta penal respecto a situacionesen las que los sujetos intervinientes se encuentran ligados por razones deparentesco ha variado en función de las concepciones ético-socialespredominantes a lo largo de la historia, que son las que orientan al legisladorpara seleccionar aquéllas conductas penalmente intolerables. Como acertadamentedeclara CEREZO MIR, “las concepciones ético-sociales son cambiantes a lo largode la historia y ello explica la diversa regulación de algunas figurasdelictivas”[1].

Ello es evidente en nuestra legislaciónpenal. Así, remontándonos al Código Penal de 1944, la situación de la mujer eraclaramente discriminatoria, en sentido negativo, con respecto al hombre, quientenía unos privilegios legales en algunos casos desmedidos. Así, en el caso deladulterio, tipificado como delito en el art. 449 del CP 1944 (como igualmentelo estuvo en los precedentes Códigos de 1822, 1848 y 1870, quedando, en cambio,despenalizado, en el de 1932), el mismo sólo podía cometerlo “la mujer casadaque yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que escasada”. De este modo, la esposa que mantenía relaciones sexualesextramatrimoniales cometía, en todo caso, este delito, mientras que el maridosólo podía ser sujeto activo cuando dichas relaciones las mantuviera con unamujer, también casada, porque si fuese soltera o viuda, entonces la conductasería atípica, pudiendo ser sancionado tan solo por delito de amancebamiento(art. 452), siempre que tal conducta la realizara “en la casa conyugal, o notoriamentefuera de ella”. El trato discriminatorio a favor del hombre era, pues, evidente[2],en tanto la posibilidad de cometer adulterio quedaba limitada a los casos enlos que la mujer con la que mantenía las relaciones sexuales estuviese tambiéncasada, y respecto a la posibilidad de ser condenado por amancebamiento, elloprecisaba que la conducta se realizara, bien en el hogar conyugal, o bien fueradel mismo pero siempre que fuese notorio, por lo que las relacionesextramatrimoniales mantenidas de modo discreto y a extramuros del hogarconyugal eran atípicas.

Por otra parte, mientras el adulterioprecisaba que se hubiera mantenido una sola relación sexual, el amancebamientorequeriría una permanencia en las relaciones sexuales del varón casado conmujer extraña[3], por lo quelos contactos sexuales esporádicos que el esposo mantuviera con diversasmujeres quedaba igualmente fuera de la órbita penal.

Pero mucho más llamativa era la previsióncontenida en el art. 428 del citado CP, en virtud del cual, cuando el maridosorprendiere en adulterio a su mujer y matara en el acto a los adúlteros o aalguno de ellos, o les causara lesiones graves, quedaba sometido a la pena dedestierro, mientras que si las lesiones fuesen de otro tipo quedaba exento depena, lo que era extensible a los padres respecto de sus hijas menores deveintitrés años y sus corruptores, siempre que aquéllas vivieren en la casapaterna. Esta circunstancia, que permitía al hombre matar o lesionar a su esposao hija menor de veintitrés años, así como al varón que con ellas estuviesemanteniendo relaciones sexuales, suponía una auténtica excusa absolutoria osemiabsolutoria[4], en tantoeximía por completo de pena cuando se tratara de lesiones menos graves, yconminaba con pena de destierro el homicidio o asesinato de aquéllas, conductasque, en condiciones normales, estaban sancionadas con penas que oscilaban entrelos doce años de prisión y la muerte.

Si bien el tipo exigía que la respuestaagresiva del marido se produjera en el acto, habiendo cuidado la jurisprudenciade incidir en este aspecto[5],el precepto era totalmente criticable por su objetividad, ya que venía aotorgar una especie de patente de corso al marido que sorprendía a su mujer enadulterio, haciendo abstracción de las concretas circunstancias anímicas ypersonales del esposo ofendido. La referida excusa absolutoria osemiabsolutoria podría justificarse en la obnubilación y alteración mental quepuede sufrir quien sorprende a su esposa yaciendo con otro, pero dichascircunstancias tendrán que ser probadas no pudiéndolas presumir, iuris et deiure, el legislador. Al respecto, QUINTANO RIPOLLÉS escribía que tal y comoestaba redactado el precepto, el mismo venía a establecer "más que una excusauna verdadera potestas necandi inaceptable. El Derecho penal nodebe operar a base de presunciones. Por muy fuerte que sea la de que el padre oel marido que se halle en la trágica situación a que el artículo alude, pierdapor ella su capacidad de discernimiento, esta apreciación debe hacerla el Juezy no la Ley. Habrá casos, la mayoría si se quiere, en que así sea, pero noestán descartados otros, en los que, por las razones que fueren, el agenteejercita fríamente un derecho que la Ley, imprudentemente, le otorga"[6].

Esta regulación que, como ya hemos indicado en varias ocasiones,responde a una concepción ético-social claramente patriarcal, propia de laépoca, que considera a la mujer con menos derechos que el hombre, va evolucionandoprogresivamente en el sentido de superar esta situación. De este modo, elreferido art. 428 desaparece del texto punitivo mediante la reforma operada porDecreto 691/1963, de 28 de marzo, mientras que los delitos de adulterio yamancebamiento quedaron expulsados de la órbita penal por el Código Penal de1973.

En 1978 se promulga la ConstituciónEspañola, en cuyo art. 14 se proclama, como derecho fundamental, el de laigualdad de todos ante la Ley sin que puedan establecerse diferencias por razónde sexo y, por su parte, también con el rango de fundamental, se establecía elderecho a la dignidad humana en el art. 15. De acuerdo con esta orientación, lareforma parcial y urgente del Código Penal introducida por la Ley Orgánica8/1983, de 25 de junio, eliminaba la circunstancia agravante de desprecio desexo, contenida en el art. 10.16º del anterior texto punitivo.

De esto modo y desde la ópticajurídico-penal, se vislumbra una intención de equiparar al hombre y a la mujeren concordancia con el mandato constitucional, si bien, al mismo tiempo, ellegislador no pierde de vista la necesidad de garantizar penalmente laprotección de los miembros de la familia. Dicho con otras palabras, se procedea una eliminación de las desigualdades en el seno de la pareja, con clarosprivilegios para el marido, pero se persiste en el intento de disponer demedios legales que impidan las agresiones en el núcleo familiar sin especialatención a la esposa.

La primera manifestación de estatendencia la encontramos en la reforma del Código Penal que trajo consigo laLey Orgánica 3/1989, de 21 de junio, en virtud de la cual se incluyó comodelito, en el art. 425, la violencia habitual en el ámbito familiar, y en elque se sancionaba al que “habitualmente, y con cualquier fin, ejerza violenciafísica sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga relaciónde afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, opupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho”.

El referido tipo penal venía a sancionar,pues, la violencia física habitual en el ámbito familiar, sin efectuardiscriminación alguna respecto del sujeto activo, que podía ser cualquiera delos esposos o progenitores, y que tenía como finalidad impedir conductasviolentas habituales idóneas para afectar a la paz y armonía familiares. Apesar de que dicho precepto se incluye dentro de los delitos contra laintegridad física, la redacción no exige que, como consecuencia de la conducta,se cause un concreto resultado lesivo, por lo que a pesar de lo que a primeravista pudiera deducirse, el bien jurídico protegido no parece ser la incolumidadfísica de la víctima sino más bien su integridad moral, su dignidad, entendidascomo el derecho a no ser sometida a trato inhumano o degradante[7].El referido tipo penal tuvo una escasa aplicación práctica por parte de lostribunales, lo que es achacado a variadas razones, tales como la omisión a laviolencia psíquica (tan frecuente en este tipo de comportamientos), laexclusión entre el círculo de sujetos protegidos a los no convivientes que, apesar de ello, pueden encontrarse en situación de riesgo como sucede en loscasos de ruptura conyugal o, en fin, por la indeterminación del criterio de lahabitualidad[8].

Con la promulgación del CP 1995 actualmentevigente, el citado tipo de violencia familiar habitual se mantuvo, en losustancial, en el art. 153, también entre los delitos de lesiones. Lasdiferencias con respecto a la anterior regulación residen, por un lado, en lapena, que se agrava considerablemente, por cuanto en la anterior regulación elmarco penal oscilaba entre un mes y un día y seis meses (el antiguo arrestomayor), mientras que en la nueva pasa de seis meses a tres años de prisión. Y,por otra parte, se amplía el ámbito de protección, en tanto se incluyen losactos de violencia ejercidos contra sus hijos por los padres privados de lapatria potestad así como sobre los hijos del cónyuge o conviviente y sobre losascendientes. Se añade, también como novedad, en los casos de relaciones de afectividadanálogas a las maritales el que las mismas sean “estables”, lo que hizo surgirla duda acerca de si es precisa la convivencia. Al respecto y pese a algunasopiniones doctrinales a favor de esta opción[9],estimo que la estabilidad exigida por el precepto no requería, de modonecesario, convivencia, pues una consolidada relación de noviazgo aun sinconvivencia colmaría las exigencias de estabilidad, no debiéndose olvidar quepese a su ubicación sistemática entre los delitos de lesiones, el bien jurídicoprotegido en el mencionado precepto es la integridad moral, la cual puede serplenamente lesionada cuando, aun no existiendo convivencia, se constate unasólida relación afectiva.

El citado precepto fue modificado por laLey Orgánica 14/1999, de 9 de junio, en el sentido de extender el ámbito deprotección no sólo a las personas con las que el autor se encuentre, en elmomento de los hechos, vinculado por relación de parentesco o afectividad, sinotambién cuando dicha relación se haya extinguido. Asimismo, se incluyó, junto ala violencia física, la psíquica, yse establecieron los criterios para determinar cuándo debe apreciarse lahabitualidad, consistentes en el número de actos de violencia que resultenacreditados y la proximidad temporal entre ellos, independientemente de quedicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas y de quelos actos de violencia hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesosanteriores. La eliminación del requisito de la convivencia, llevada a cabo porla citada reforma “pone claramente de manifiesto que el interés protegido eneste delito no podía ser la paz familiar o del hogar, sino que lo que seafectaba era algo ajeno a la lógica de la convivencia y sin embargo presente enlas relaciones de afectividad, aspecto éste que parecía apuntar hacia laintegridad moral o dignidad de determinadas personas próximas al círculo delautor”[10].

Un salto cualitativo en el citadopanorama normativo lo imprimió, sin duda, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 deseptiembre, a través de la cual se introduce una regulación novedosa sobre lamateria. En primer lugar, el tipo de maltrato habitual en el ámbito familiarpasa al art. 173.2, dentro de los delitos contra la integridad moral, siguiendoasí la concepción antes aludida, defendida por amplios sectores de la doctrinay la jurisprudencia, que estiman que el bien jurídico protegido por el referidotipo penal, introducido por vez primera en 1989, no es la integridad física delos miembros de la familia sino la integridad moral, la dignidad, que se venafectadas por comportamientos reiterados de maltrato que perturban la paz ytranquilidad que deben regir en el ámbito familiar, sin perjuicio de que, encaso de que a consecuencia de tales conductas se produzcan concretos resultadoslesivos, éstos se castiguen de forma separada en régimen concursal.

Además, el precepto amplía de modoconsiderable el círculo de sujetos pasivos, abarcando no solo al cónyuge opareja (actuales o pasados) sino también a los hermanos, a las personasamparadas en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en elnúcleo de la convivencia familiar y, finalmente, personas que por su especialvulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicoso privados. Por último, se despejan las dudas antes apuntadas sobre lanecesidad de que existe convivencia, al eliminar expresamente dicho requisito.

El otro aspecto novedoso que introduce lareforma es la inclusión, dentro del art. 153 CP, del maltrato ocasional y losmenoscabos corporales o psíquicos no requirentes de tratamiento médico oquirúrgico, cuando tales conductas se proyecten sobre alguna de las personasenumeradas en el art. 173.2 CP, elevándose con ello a la categoría de delito loque, objetivamente, son conductas constitutivas de falta, cuando existarelación de parentesco o afectiva entre el sujeto activo y pasivo. Sin embargo,el citado precepto no hace distinción sobre los autores, conminando con lamisma pena independientemente del sexo de aquéllos, con lo cual la agresión deun hombre a su pareja femenina venía amenazada con la misma pena que a lainversa.

En consecuencia, se puede afirmar que elespíritu que movió la reforma introducida por la mencionada Ley Orgánica 11/2003,no era otro que ampliar la protección de los miembros del núcleo familiar yprevenir la violencia en el mismo, no vislumbrándose por el contrario intenciónde proteger en mayor medida a la mujer[11],y de hecho, en su Exposición de Motivos justifica la reforma en la necesidad deatajar las conductas violentas que se produzcan en el ámbito doméstico, sinreferencia alguna a los supuestos en los que la víctima sea del sexo femenino[12].

Como puede comprobarse fácilmente, esteperiplo legislativo que se inicia con la reforma de 1989 no contempla elfenómeno de la violencia contra las mujeres como un problema de primer orden,pues las distintas reformas tienden a otorgar especial protección a losintegrantes de la familia, sin especial referencia a las mujeres, de manera quepara el legislador el primordial problema a atajar es la llamada “violenciadoméstica”, es decir, la que se comete en el seno familiar, y en la que lamujer aparece al mismo nivel que otros miembros, como posible sujeto pasivo,evidenciándose de este modo una cierta falta de sensibilidad por parte dellegislador hacia el fenómeno, evidente por otra parte, de la violencia contralas mujeres[13].

3.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 dediciembre

3.1.-Consideraciones generales

La situación descrita experimenta un giro radical con laentrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas deProtección Integral contra la Violencia de Género, a través de la cual seintroducen, entre otros aspectos, modificaciones de cierta relevancia en elCódigo Penal. La referida Ley, al menos en apariencia, hace una decididaapuesta por la protección de la mujer frente a las agresiones provenientes delhombre que sea, o haya sido, su cónyuge o pareja, y así lo declara de forma expresael art. 1.1, en virtud del cual la citada Ley “tiene por objeto actuar contra laviolencia que, como manifestación de la discriminación, la situación dedesigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, seejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o dequienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares deafectividad, aun sin convivencia”. De esta forma, el legislador viene a otorgarrango normativo a la denominada “violencia de género”, con carácter unidireccionaldel hombre hacia la mujer al mismo tiempo que, de forma diferenciada, contemplala “violencia doméstica”, entendida como las restantes agresiones en el núcleofamiliar que ya regulaba el art. 153 CP, según la redacción dada por la antescitada Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, que se mantuvo incólumedentro del apartado segundo del mencionado precepto.

La citada Ley 1/2004, de 28 de diciembre,como integral que se define, regula los diferentes aspectos que conciernen a laviolencia de género, incluyendo previsiones de tutela institucional y socialpara las mujeres víctimas, creación de órganos judiciales específicos paradichas agresiones, denominados Juzgados de Violencia sobre la Mujer, yestableciendo asimismo una tutela penal, a través de la cual se incluyenmodificaciones y aspectos novedosos en el Código Penal respecto a talescomportamientos.

Una contemplación global de la Ley noslleva a poder afirmar que la misma nace con vocación de proteger, exclusivamentea las mujeres, en relación con las agresiones sufridas por los hombres, y comose ha visto así lo proclama de modo explícito el art. 1.1. Sin embargo y en loque concierne a la tutela penal, las novedades no resultan especialmenterelevantes y, frente a lo que a primera vista pudiera parecer, en términosgenerales y con las matizaciones que a continuación se verán, no implican untrato sustancialmente diferenciador con los hombres, hasta el punto de poderafectar al derecho a la igualdad constitucionalmente proclamado.

Como ya se indicó al principio la citadaLey se refiere, por un lado, a los malos tratos de obra y lesiones leves, asícomo a las amenazas, también leves, en los arts. 153 y 171.4 y 5 CP. En ambossupuestos, la realización de tales conductas será, en todo caso, constitutivade delito, con independencia de que el sujeto activo sea hombre o mujer,estribando la diferencia, únicamente, en el aspecto penológico, de manera quecuando el sujeto activo sea un hombre y la víctima una mujer, la pena será deseis meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad detreinta y uno a ochenta días, mientras que si es la mujer la que agrede alhombre, lo único que varía es la pena de prisión, cuyo marco queda establecidoentre tres meses y un año, siendo idéntica la pena de trabajos comunitariosprevista. Aunque, ciertamente, existe un trato diferencial, toda vez que lapena mínima establecida para el hombre es tres meses mayor que para la mujer,este desajuste no me parece suficiente para poder afirmar que se vulnere elprincipio de igualdad pues, tanto en un caso como en otro, la conducta esconstitutiva de delito[14].Distintamente, sí se aprecia un agravio comparativo en lo que toca a la elevacióna delito de las coacciones leves y al supuesto agravado de las lesiones, puesen ambos supuestos solo se aplican al varón y no a la mujer, lo que sí pudieraplantear dudas de constitucionalidad, y a analizar esta cuestión dedicamos elsiguiente epígrafe.

No obstante, antes de entrar a contemplarlos supuestos concretos y su compatibilidad con los mandatos constitucionales,conviene destacar algunos otros aspectos que denotan la insuficiencia de la Leyen cuanto a tutela penal se refiere. Como se ha dicho en varias ocasiones, lasnovedades que se introducen en materia penal se circunscriben a las lesionesleves, malos tratos, amenazas y coacciones, y ya en este aspecto llama la atenciónque no se hayan incluido otros ámbitos en los que, con frecuencia, la mujersufre la violencia de su esposo o compañero como sucede, por ejemplo, en loscasos de agresiones sexuales en el matrimonio o en las relaciones de pareja[15].Esta omisión sorprende porque la propia Ley, en su art. 1,3º, incluyeexpresamente, como contenido de la violencia de género, las agresiones a lalibertad sexual que, sin embargo, no experimentan modificación alguna. En estesentido, el art. 180.4º CP agrava de forma notoria la pena de las agresionessexuales, imponiéndola en su grado superior, cuando el responsable se hayaprevalido de una relación de parentesco, por ser ascendiente, descendiente ohermano –por naturaleza o adopción-, o afines, con la víctima, no incluyéndosela relación marital. Por tanto, a una violación cometida en el matrimonio loúnico que se le podría aplicar sería la circunstancia agravante genérica deparentesco, prevista en el art. 23 CP, con un alcance mucho más limitado que laagravación específica, prevista en el art. 180 para supuestos similares[16].

Tampoco se contemplan otras formas deataque en las que las víctimas son mujeres, como sucede en la provocación de unaborto sin el consentimiento de la embarazada, el acoso sexual en el lugar detrabajo o la explotación y tráfico de mujeres[17].En definitiva, se puede ver cómo pese a la aparente pretensión de la Ley porlograr una tutela integral de la mujer, en lo que respecta a la vertiente penalno resulta aventurado afirmar que se queda corta, porque se ciñe a lossupuestos de menor gravedad[18]y, por el contrario, margina otras formas de ataque de mucha mayor envergaduraque, además, suponen un atentado flagrante contra la dignidad de las víctimas.

En este punto, se ha apuntado que nuestralegislación no ha seguido las pautas establecidas en el ámbito internacionalacerca de la definición de violencia de género, que abarca las agresiones acualquier mujer sin necesidad de que exista vínculo afectivo con el autor, loque podría dar a entender que el legislador patrio ha considerado que sólo laviolencia que se proyecta contra la mujer que es o ha sido pareja del agresormerece especial atención y no, en cambio, otras manifestaciones violentascontra las mujeres en las que está ausente dicho vínculo[19].Esta decisión no resulta suscribible, puesto que las actuaciones violentascontra las mujeres que no forman parte del círculo familiar o afectivo de losagresores son muy frecuentes y, por lo general, revisten una gravedad objetivamayor que las conductas tipificadas en la Ley 1/2004.

3.2.-Posible afectación al derecho a la igualdad

Entrando ya a verificar la compatibilidad de la regulaciónintroducida por la Ley 1/2004 con el concreto derecho a la igualdad convienedestacar que, como con acierto se ha puesto de relieve[20],el Derecho Penal no tiene como finalidad establecer una serie de prestaciones afavor de la comunidad sino, exclusivamente, arbitrar los medios más eficacespara evitar conductas que puedan lesionar o poner en peligro bienes jurídicoslo que determina que, en ocasiones, la protección tenga que intensificarserespecto de ciertas víctimas especialmente vulnerables, y ello, agravandodeterminados comportamientos cuando los mismos se proyectan sobre aquéllas, sinque en virtud de tal proceder se resienta el derecho fundamental a la igualdadconstitucionalmente proclamado. En consecuencia no parece que, a priori, ladiferencia de penalidad prevista para los hombres y las mujeres pueda implicaruna lesión al citado derecho, sin perjuicio de que pueda violentar otros.

Sin embargo, entrando ya a valorar las concretasprevisiones típicas introducidas y su compatibilidad con la Constitución, laentrada en vigor de la Ley 1/2004 provocó un auténtico aluvión de cuestiones deinconstitucionalidad, planteadas por diversos juzgados de lo penal respecto delos preceptos del Código Penal introducidos en virtud de la citada normativa,en concreto, los malos tratos ocasionales (art. 153), las amenazas leves (art.171.4), las coacciones (art. 172.2) y, por último, el tipo agravado de laslesiones (art. 148.4).

La primera de las cuestiones resueltas serefería al art. 153 CP en el que, ya se ha visto, se tipifican como delitoconductas consistentes en maltrato ocasional o lesiones que no precisan para susanidad tratamiento médico o quirúrgico, con independencia de que las mismaslas protagonice un hombre o una mujer, pero para el primero se prevé una pena deprisión ligeramente superior, siendo, en cambio, la misma, la pena de trabajosen beneficio de la comunidad prevista como alternativa a la primera. Todas lasreferidas cuestiones fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional que, ensu Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, que será analizada a continuación, declarócompatible el citado precepto con los derechos fundamentales reconocidos en laCarta Magna y a la que siguieron otras[21]en las que se volvió a confirmar la constitucionalidad del precepto reiterandolos argumentos contenidos en ella.

En la aludida Sentencia 59/2008, de 14 demayo, dictada en Pleno, que viene a resolver por vez primera la cuestión de inconstitucionalidad,planteada por el Juzgado de lo Penal nº4 de Murcia, la mayoría del Tribunalestimó compatible la previsión contenida en el art. 153 con los derechos a laigualdad y a la presunción de inocencia, así como a la dignidad. La línea discursivagira, de forma reiterada y un tanto redundante, en la consideración de que lasconductas agresivas del hombre sobre la mujer que es, o ha sido, su esposa opareja ligada por análoga relación de afectividad, merecen un reproche mayor entanto se insertan dentro de una pauta cultural arraigada de desigualdad. Así loanticipa en el Fundamento Jurídico 7º, cuando declara que el sexo de lossujetos activo y pasivo no es el factor determinante de ese trato diferenciado,sino que los citados comportamientos llevados a cabo por el varón “no son otracosa, como a continuación se razonará, que el trasunto de una desigualdad en elámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de unmodo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada”.

De este modo, la mayoría del Pleno partede una premisa claramente generalizadora, como es que las conductas agresivasque un hombre puede tener con respecto a su pareja o ex–pareja femenina seinsertan, de modo necesario, en un contexto culturalmente arraigado dedominación lo cual, por sí solo, justificaría ese trato punitivo diferenciador.Esta idea se expresa, con nitidez, en el Fundamento Jurídico 9º, cuando afirmaque “las agresiones del varón hacia la mujer que es o fue su pareja afectivatienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacionalporque corresponden a un arraigado tipo de violencia que es manifestaciónde la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder delos hombres sobre las mujeres”, y por tanto –agrega-, “no es el sexo ensí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideracióncon efectos agravatorios sino –una vez más importa resaltarlo- el carácterespecialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el quese producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de unagrave y arraigada desigualdad”, argumentos que vuelve a reiterar más adelante[22].

Las precedentes premisas en los que sebasa la decisión de la mayoría parecen abocar a una conclusión segura, y es quela superior gravedad de la conducta del varón con respecto a la de la mujer,prevista en el precepto cuestionado, se justifica en que tales comportamientosse insertan en una concepción secular de dominio de los hombres sobre lasmujeres, por lo que la agravación tendrá que ser aplicada en todos los casoscon independencia de las concretas circunstancias que, en el supuestoparticular enjuiciado, hayan concurrido. Sin embargo, no es esa la interpretaciónque de la sentencia se hace por algunos de los magistrados disidentes.

En efecto, fueron cuatro los votosparticulares que se formularon contra la decisión de la mayoría, y de sulectura se pone de manifiesto cierta discrepancia en torno a la interpretaciónque deba darse. Así, el Magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, estima que lasentencia parte de que las conductas previstas en el apartado 1º del art. 153(es decir, las agresiones del varón sobre la mujer) tienen un mayor desvalorque las del apartado 2º, y rechaza los fundamentos que sirven de base a dichaafirmación, entendiendo que a través de ellos “late en el fondo una superadaconcepción de la mujer como sexo débil (…) que no considero adecuada a lasconcepciones hoy vigentes sobre la posición de la mujer ante el Derecho y antela sociedad. El factor de la muy desigual frecuencia de las agresionesproducidas por individuos de uno y otro sexo es simplemente de índole numérica,y no cabe, a mi juicio, convertir un factor numérico en categoría axiológica”.Abundando sobre tal razonamiento, más adelante advierte de que tomando comocriterio de agravación objetiva la mencionada pauta cultural, ello “supone elriesgo de caer en una culpabilización colectiva de los varones, pues en rigor,si la conducta individual no se valora en los elementos de su propiaindividualidad en el plano de la culpa, sino en cuanto trasunto de un fenómenocolectivo, la sombra de la culpa colectiva aparece bastante próxima”.

En parecidos términos se pronuncia elMagistrado, también discrepante, Jorge Rodríguez Zapata, quien pese a admitirque la Sentencia pudiera estar dando cabida a la posibilidad de interpretar elcitado precepto en cada caso particular, sin embargo su impresión es que dichaconclusión no se corresponde con la realidad, cuando afirma que para la mayoría“no es el Juez quien en cada caso debe apreciar el desvalor o constatar lalesividad de la conducta, sino que es el legislador quien lo ha hecho ya”, demanera que “para la Sentencia, aunque formalmente lo niegue, el autor delreferido delito debe ser sancionado con arreglo al plus de culpa derivado de lasituación discriminatoria creada por las generaciones de varones que leprecedieron, como si portara consigo un pecado original del queno pudiera desprenderse, aun cuando la agresión que cometió obedezca a motivosdistintos o aunque su concreta relación de pareja no se ajuste al patrónsexista que se trata de erradicar”.

Culmina su razonamiento el citadoMagistrado, afirmando que esta concepción “resulta contraria al art. 10.1 de laConstitución, que consagra la dignidad de la persona como uno de losfundamentos de nuestro sistema constitucional (…) No en vano todas las reformaspenales realizadas desde la década de los años ochenta han procurado laapertura de los tipos penales a modalidades de comisión en las que el sexo delos sujetos no fuera relevante. Así, desde la reforma penal de la Ley Orgánica8/1983, de 25 de junio, no existe la agravante de desprecio de sexo , justificándose su eliminacióndurante los debates parlamentarios de abril de 1983 en la necesidad de acabar con el mito de la debilidad de la mujer porque hombres ymujeres nacen y viven radicalmente iguales en derechos, como proclama el art.14 de nuestra Constitución y, como creo, es norma esencial –diría que de orden público- encualquier ámbito de nuestro ordenamiento jurídico”[23].

Como puede verse, las citadas opinionesdiscrepantes reprochan a la Sentencia de la mayoría el que admita, sin objeciónalguna, una respuesta penal más severa al varón por el solo hecho de serlo, yello en base a que tal conducta se insertaría en unos parámetros culturales dedominación. Sin embargo, no parece ser ésta la interpretación que los otros dosmagistrados disidentes hacen de la sentencia, pues de sus votos particulares sededuce que, en su opinión, la mayoría rechaza la aplicación automática del art.153.1 CP a los varones, debiendo por el contrario valorarse en cada caso si laagresión ha sido la manifestación de una situación de dominio.

De este modo, el Magistrado JavierDelgado Barrio considera que la Sentencia realiza una interpretación“sistemática y finalista del art. 153.1 CP”, declarando que el mayor desvalorde las agresiones que provienen de los varones y se proyectan sobre sus parejasfemeninas se justificaría en que las mismas “corresponden a un arraigado tipode violencia que es manifestación de la discriminación, de la situación dedesigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”(Fundamento Jurídico 9º a, de la Sentencia). De tal aserto, el citadoMagistrado disidente deduce que “cuando no concurra esa situación dediscriminación, desigualdad o relación de poder, que es la justificaciónconstitucional del precepto, éste devendrá inaplicable” y que, en consecuencia,“la Sentencia implícitamente está declarando la inconstitucionalidad delprecepto cuestionado en la interpretación que se atiene a la pura literalidadde su texto sin más”. Sentando lo anterior, el reproche que el citadoMagistrado lanza a la decisión de la mayoría de sus compañeros es que laSentencia, como interpretativa que es, debió especificar en el Fallo que elprecepto cuestionado sólo sería aplicable cuando la conducta violenta se haya ejecutadoen virtud de una situación de dominación. Prácticamente en los mismos términosse expresó el Magistrado Ramón Rodríguez Arribas, que coincidiendo con elanterior en los términos expuestos, declaró que debió hacerse una Sentenciainterpretativa que expresara en el fallo los supuestos en que sería de aplicaciónel precepto examinado[24].

En suma, estos dos últimos Magistradosestiman que la Sentencia de la mayoría, aun de modo implícito, reconoce lainconstitucionalidad del precepto tal y como se encuentra redactado, es decir,abarcando de forma automática dentro de su ámbito todas las agresiones delvarón contra su pareja femenina, con independencia de los motivos y concretascircunstancias concurrentes. Sin embargo, le objetan el que no haya incorporadoexpresamente los criterios de interpretación adecuados.

3.3.-Toma de posición

Unavez expuesto el parecer de la mayoría y de los votos discrepantes, es elmomento de ofrecer mi particular apreciación, y al respecto considero que, en relacióncon los dos últimos votos particulares analizados, no es ésa la lectura quedebe hacerse de la Sentencia de la mayoría, pues como antes se ha indicado, lamisma viene a justificar la mayor gravedad de las conductas del varón por suinserción en una pauta cultural de dominación sobre las mujeres, con lo cual seestá aludiendo a un criterio generalizador que, haciendo total abstracción delas concretas circunstancias concurrentes, determina que en todos los casos enque un hombre agrede a quien es o fue su pareja femenina, debe sufrir unarespuesta penal de mayor contundencia. A diferencia de lo que se declara en los dos votos particularesexaminados, no se atisba en la decisión de la mayoría intención de efectuar unainterpretación del art. 153 CP en función de las peculiares circunstancias sinoque, como se afirma en los otros dos votos discrepantes, también analizados, laSentencia se decanta más bien por una aplicación automática del citado precepto.

Por ello, se puede concluir en que el art.153 CP y, por extensión, todos los demás que regulan los diversos supuestos deviolencia de género (lesiones agravadas, amenazas y coacciones) debeninterpretarse de forma automática, tal y como lo decidió la mayoría del Plenodel Tribunal Constitucional en la sentencia comentada. Las cuestiones deinconstitucionalidad, elevadas en relación con las amenazas leves (art. 171.4),las coacciones leves (art. 172.2) y el supuesto agravado de las lesiones (art.148.4), fueron resueltas, también en sentido negativo, respectivamente, por lasSentencias del Tribunal Constitucional 45/2009, de 19 de febrero, 127/2009, de26 de mayo y 41/2010, de 22 de julio, en las que se reiteraron los mismosargumentos ya expuestos, y a las que se dirigieron los mismos votos particularescon idéntico contenido.

4.- Jurisprudencia ordinaria sobre lamateria.

Como puede verse, la doctrina constitucional expuesta no haarrojado mucha luz sobre las cuestiones planteadas, constituyendo una pruebaevidente de ello las soluciones discrepantes que la jurisprudencia ordinariaviene ofreciendo en relación a esta materia en el sentido de que, mientras unsector considera que los preceptos relativos a violencia de género debenaplicarse, de forma automática, cuando el sujeto activo sea el hombre y lavíctima su pareja femenina, otros vienen a exigir la acreditación del elementofinalístico de que la actuación violenta sea manifestación del ánimo de dominaro someter a la víctima.

Comenzando con el Tribunal Supremo,encontramos una primera sentencia de fecha 25 de enero de 2008, anterior, portanto, a las decisiones de inconstitucionalidad resueltas por el Constitucionalla primera de las cuales, recordemos, es de mayo de ese mismo año. En aquéllasentencia, el alto Tribunal parece decantarse –aunque no de modo contundente-por la necesidad de que concurra el citado elemento subjetivo, cuando declaraque para la aplicación de los preceptos reguladores de violencia de género debeconcurrir “una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, quese puede condensar en la expresión actuar en posición de dominio del hombrefrente a la mujer para que el hecho merezca la consideración de violencia degénero, y en consecuencia, la atribución competencial de los Juzgados de Violenciasobre la Mujer”.

Mucho más expresiva es la sentencia,también del Tribunal Supremo, de 24 de noviembre de 2009, ya posterior a lospronunciamientos sobre las cuestiones de inconstitucionalidad, en la que seconsolida la línea tímidamente marcada por la de enero de 2008, en el sentidode exigir de modo expreso la concurrencia del elemento subjetivo de dominaciónen el autor del hecho para que la conducta pueda tener encaje en los preceptosreguladores de la violencia de género, aludiendo a las sentencias del TribunalConstitucional antes mencionadas.

En base a ello, se declara que “no todaacción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión levepara la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violenciade género que castiga el nuevo art. 153 CP, modificado por la ya tantas vecescitada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia deGénero, sino sólo y exclusivamente –y ello por imperativo legal establecido enel art. 1.1 de esa Ley –cuando el hecho sea manifestación de ladiscriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder delhombre sobre la mujer…”. Correlativamente a ello, se admite lanecesidad de que el citado elemento finalístico quede acreditado y de que elacusado pueda aportar las pruebas de descargo tendentes a poner de manifiestoque la agresión no estuvo motivada por un ánimo de dominación, con lo cual“habrá de ser el Tribunal sentenciador el que, a la vista de las pruebaspracticadas a su presencia, oyendo con inmediación y contradicción adenunciante y denunciado y los testimonios de otros posibles testigos, el queestablezca el contexto en el que tuvieron lugar los hechos, analizando loscomponentes sociológicos y caracteriológicos concurrentes a fin de establecer,mediante la valoración razonada de los elementos probatorios si el hechoimputado es manifestación de la discriminación, desigualdad y relaciones depoder del hombre sobre la mujer, u obedece a otros motivos o impulsos diferentes”[25].

Las Audiencias Provinciales mantienenposiciones discrepantes al respecto, pues mientras un sector declara que lostipos de violencia de género deberán aplicarse de modo automático, otras exigenpara ello la acreditación de que el varón ha actuado con la finalidad dedominar o subyugar a su pareja femenina.

Dentro del primer grupo merece seranalizada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 4ª), de29 de noviembre de 2010, la cual, refiriéndose a las resoluciones del TribunalSupremo antes reseñadas, favorables a la inclusión del citado elementosubjetivo, entiende sin embargo que las mismas no son suficientes para “queexista en este momento una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo enla materia que obligue (…) a dar por definitivamente resuelta la controversiaque al respecto divide a la praxis judicial”, y por ello considera que talinterpretación no puede resultar vinculante.

Entrando en el fondo de la cuestión, elcitado Tribunal Provincial declara, en primer lugar, que la interpretación(gramatical, sistemática y teleológica) de los tipos de violencia de géneroestablecidos por la Ley Orgánica 1/2004 no pone de manifiesto la existencia deun componente subjetivo (de dominación o discriminación) que sea preciso añadira la descripción típica. Por otra parte y respecto al argumento aludido decontrario, relativo a la referencia que el art. 1.1 de la Ley hace de laviolencia de género “como manifestación de la discriminación, la situación dedesigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, aclaraque se trata de una cláusula “explicativa y no especificativa; es decir, noindica qué clase de violencia en la pareja, entre otras posibles, se pretendecombatir con la Ley, sino por qué se produce esa violencia, en el entendimientodel legislador”. De este modo, la sentencia viene a establecer que la situaciónde dominio es la “causa” de la violencia que se quiere atajar, pero no el “fin”al que aspira el agresor. En apoyo de tales interpretaciones, hace expresareferencia a la varias veces citada Sentencia del Tribunal Constitucional59/2008, de 14 de mayo, que, según se dice, viene a declarar laconstitucionalidad del art. 153 sin necesidad de completarlo con elementosfinalísticos.

Concluye su argumentación la citadasentencia refiriéndose a las insatisfactorias consecuencias a que abocaría lainterpretación contraria, por cuanto acreditada la ausencia del ánimo dedominación en el varón, la conducta de éste tendría que ser calificada comofalta, mientras que, en caso de que fuese la mujer quien agrediera a su parejamasculina, aquélla debería ser forzosamente condenada por el delito del art.153.2 CP, con lo que “habría de acabarse castigando más gravemente el maltratono lesivo de la mujer contra su pareja (que siempre sería subsumible en eldelito del art. 153.2) que la misma conducta realizada por el varón contra supareja mujer, que se degradaría a falta”. Y si bien admite que esta situaciónparadójica podría evitarse exigiendo, también en la violencia doméstica, unespecial ánimo de dominación, ello “sería completamente ajeno a lasagravaciones introducidas por la Ley integral que dan origen a la misma yresultaría por completo contradictorio con la evolución histórica de lospreceptos, y en concreto con su configuración por la Ley Orgánica 11/2003, bajocuya vigencia, hasta donde llega el conocimiento del Tribunal, a nadie se leocurrió exigir un ánimo o situación discriminatoria específica, porque talexigencia no tendría ninguna base ni en el tenor de los preceptos por ellaintroducidos ni en la finalidad de la ley, tal como se expresa en el apartadoIII de su exposición de motivos, en el que brilla por su ausencia cualquierreferencia a la desigualdad, el dominio o las relaciones de poder entre lossujetos de lo que la propia ley denomina violencia doméstica”.

En el otro extremo se encuentran aquellosórganos jurisdiccionales que estiman que los tipos de violencia de género ydoméstica precisan para su concurrencia, aparte de la conducta y relaciónparental objetivamente descritas, un específico ánimo de dominar a la víctima,de manera que cuando la actuación agresiva ejecutada con tales condicionantesobjetivos obedezca a otras motivaciones, no serán de aplicación los referidostipos sino los generales. La Audiencia Provincial de Castellón ha sido una delas más acérrimas defensoras de esta postura que desarrolla ampliamente en laSentencia de 20 de septiembre de 2007, y que reproduce en otras muchasposteriores.

El citado pronunciamiento, referido alart. 153 CP –pero que podría extenderse a todos los demás tipos de violencia degénero y doméstica-, declara que una interpretación lógica, teleológica,sistemática, histórica y sociológica del citado precepto debe llevar, de modoinevitable, a una aplicación restrictiva del mismo, en tanto que su contenidoviene diseñado en función de los conceptos de “violencia doméstica” y“violencia de género”, considerando que “no se puede prescindir de dichosconceptos, piedra angular de toda la normativa sobre la materia, parainterpretar e integrar el tipo penal sobre los malos tratos contenido en elart. 153 del CP. Por ello, en nuestra opinión habrá de ser necesario que laconducta descrita en el tipo penal constituya una concreta manifestación deesos dos fenómenos conocidos como violencia doméstica y violencia de género”.

En relación con la “violenciadoméstica”, aunque no viene legalmente definida, el citado Tribunal Provincialdeclara que la misma concurrirá cuando la actuación agresiva se lleve a cabo“como manifestación de una situación de abuso, dominación o subyugación de unfamiliar sobre otro familiar (o también, por expresa asimilación o inclusiónlegal, en el marco de la situación en que se encuentran las personas que por suespecial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centrospúblicos o privados)”. Y, en cuanto a la “violencia de género”, suconceptuación viene recogida en el art. 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 como “manifestaciónde la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder delos hombres sobre las mujeres”.

Configurados así ambos conceptos,alrededor de los mismos debe girar la interpretación del art. 153 CP –y, porende, los restantes tipos introducidos por la Ley Orgánica 1/2004-, de maneraque en lo que concierne al apartado 1º del citado precepto, su aplicaciónprecisa que la conducta violenta del varón con respecto a su pareja femenina“sea una manifestación de la discriminación, la situación dedesigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,que caracteriza o es propia de la violencia de género. O sea, ni la violenciade género aparece por el mero hecho de que la víctima del maltrato sea una mujer;ni tampoco resulta automáticamente aplicable el art. 153.1 del CP, siempre y entodo caso, cuando la víctima del maltrato sea una mujer. La aplicación del art.153.1 del CP exige un plus, un elemento adicional, cual es que esa conductaviolenta o de maltrato pueda catalogarse como una manifestación de ladiscriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de loshombres sobre las mujeres”. Y, del mismo modo, en lo que concierne a lasconductas previstas en el art. 153.2 CP, su aplicación requiere que las mismasse hayan producido en una situación de violencia doméstica.

Como consecuencia necesaria de loexpuesto, la citada sentencia concluye en que la aplicación del art. 153 CPdependerá de que la conducta ejecutada haya venido motivada “como unamanifestación de una situación de poder, sometimiento o dominación en la que elmiembro más fuerte de la relación familiar (o análoga o asimilada) despliega laviolencia física o psíquica sobre el miembro más débil de la relación, o que, porel contrario, se produzcan al margen de tal contexto o situación de abuso,sometimiento o dominación”, en cuyo caso será de aplicación la falta del art.617 CP.

La necesidad de que tanto en los casos deviolencia de género como en los de violencia doméstica concurra el específicoánimo de dominar, someter o subyugar a la víctima, apuntada en esta últimaresolución, permite obtener consecuencias más justas e impide que se lleguen alas situaciones insostenibles a las que aludía la Audiencia de Sevilla, pues deacuerdo con la interpretación sostenida en la última sentencia analizada, en elcaso de agresión recíproca entre marido y esposa, la ausencia de ánimo dedominación en ambos deberá determinar que los dos, y no sólo aquél, deban serabsueltos del delito del art. 153 CP.

5.- Toma de posición.

Visto el panorama legislativo sobre lamateria y la variopinta interpretación que la jurisprudencia ha realizado delmismo, es el momento de decantarse por la solución que se considera másapropiada. Comenzaremos, en primer lugar, con los diversos pronunciamientos delTribunal Constitucional, respecto de los cuales, a mi parecer, la solución quese contiene en ellos no resulta satisfactoria.

Ante todo, es preciso destacar unaobservación, antes apuntada, en el sentido de que las distintas sentenciasdictadas por la mayoría del referido Tribunal no contienen una doctrina, claray concluyente, sobre la cuestión planteada, pues de su lectura no se deduce, demodo inequívoco, si se está descartando la necesidad de que los tipos deviolencia de género deban contener un específico ánimo de dominación o, encambio, su aplicación deberá ser automática con independencia de las concretascircunstancias en las que la agresión se haya perpetrado. Esta ambigüedad quedaclaramente reflejada en los votos particulares, dos de los cuales parecenentender que la mayoría se inclina por una interpretación restrictiva de loscitados tipos, mientras que los otros dos estiman que se acepta la aplicaciónautomática del precepto. Por su parte, el Tribunal Supremo y las distintasAudiencias Provinciales, apoyándose en las referidas sentencias de la mayoríadel Tribunal Constitucional, hacen interpretaciones divergentes, lo queconstituye una muestra de la escasa claridad con la que dicho Tribunal ha resueltolas cuestiones planteadas.

No obstante, en mi opinión y tras unesfuerzo interpretativo considero que el Tribunal Constitucional acepta laaplicación de los preceptos reguladores de la violencia de género, haciendototal abstracción de las circunstancias concurrentes. Así parece desprendersede algunos de los pasajes, antes parafraseados, en los que se justifica laagravación para el hombre en parámetros generalistas, tales como la inserciónde su conducta en una pauta cultural de desigualdad y dominación lo que, unidoa la circunstancia de que en la sentencia no se propone una interpretación delprecepto en atención a la específica situación en la que se produjo el hecho,nos lleva a concluir que se está admitiendo la aplicación automática de loscitados preceptos, cuando el sujeto activo sea el hombre y la víctima unamujer que sea, o haya sido, su esposa opareja sentimental.

Dicho esto, es necesario referirse a laposible vulneración del derecho fundamental a la igualdad, que ha sido elmotivo principal denunciado en las múltiples cuestiones de inconstitucionalidadformuladas, basado en la diferente respuesta penal articulada respecto de unamisma conducta objetiva, según que la misma la cometa un varón o una mujer. Enmi opinión, no es éste el derecho fundamental que la citada regulación podríalesionar[26], pues comoya se adelantó con anterioridad, el Derecho Penal tiene como objetivoprimordial tipificar determinadas conductas que puedan lesionar o poner enpeligro ciertos bienes jurídicos. Y en dicha labor preventiva, es preciso tomaren consideración que no todos los miembros de la sociedad se encuentran en lamisma situación, sino que existen grupos que, en razón a determinados factoresde identidad, tales como sexo, religión o ideología, se encuentran desvaloradospor la cultura dominante y, por ello, en una situación de subordinación,colocando a los miembros de esos colectivos en situación desventajosa conrespecto a quienes se encuentran en posición de poder, por lo que ante tal desajustees preciso establecer los mecanismos que tiendan a garantizar que los gruposdesfavorecidos no resulten discriminados, y ello sólo puede hacerse en sentidounidireccional, es decir, protegiendo de manera específica a los referidoscolectivos y no a quienes ocupan las posiciones de dominio, pues los interesesde éstos ya se encuentran salvaguardados por las disposiciones generales[27].

Partiendo de lo expuesto, en el caso delas mujeres se puede considerar que se trata de un grupo desfavorecido porcuanto la realidad nos muestra cómo son objeto frecuente de agresiones porparte de sus parejas masculinas y todo ello fomentado, en muchas ocasiones, porla propia estructura de patente desigualdad todavía existente, por lo que desdeeste punto de vista resulta legítimo establecer una especial protección a favorde ellas, bien entendido que las específicas agravaciones no se establecen enrazón del “autor” de los hechos, sino de la “víctima” de los mismos[28].Por lo demás, no constituye ésta una novedad en el ámbito penal por cuantodesde hace tiempo se contemplan agravaciones de conductas dirigidas frente agrupos especialmente vulnerables, como los menores, extranjeros o trabajadores[29].

Sentado lo anterior, se considera sinembargo inadecuada la tipificación de los delitos de violencia de género delmodo establecido por la Ley Orgánica 1/2004 y que ha sido bendecida, de formaun tanto equívoca, por el Tribunal Constitucional. En efecto, es perfectamentelegítima la previsión de consecuencias penales agravadas cuando las conductasse proyectan sobre determinados grupos especialmente vulnerables sin que porello se resienta el derecho a la igualdad. Ahora bien, a diferencia de lo quesucede con ciertos colectivos, como los menores, en los que la situación deinferioridad se presume en todo caso, en lo que respecta a las mujeres dichapresunción no puede generalizarse en tanto que no todas las mujeres seencuentran en una situación de inferioridad sino que, por el contrario, en laactualidad las relaciones de pareja se establecen en su mayoría sobreparámetros de igualdad. Esto determina, que no se pueda aplicar la agravaciónen todos los casos en que se haya producido una agresión del varón sobre supareja femenina y, por tanto, no resulta acertado considerar que los preceptosespecíficos sobre violencia de género deberán aplicarse de modo automático, sintomar en consideración las concretas circunstancias concurrentes así como elmóvil que impulsó al sujeto activo[30],pues ello supone una flagrante lesión del principio de culpabilidad[31],lo que lleva de forma inevitable a un “derecho penal de autor”.

Por otro lado, tal concepción resultacontradictoria con el propio espíritu de la Ley Orgánica 1/2004, que en su art.1.1 establece, expresamente, que la violencia de género en ella prevista esaquélla que se caracteriza por una relación de dominio del hombre sobre lamujer, lo que implica que los distintos tipos diseñados deberán contener unelemento intencional, como es que el hombre realice la conducta violenta sobresu pareja femenina con la finalidad de someterla a su voluntad y como expresiónde superioridad. No debe olvidarse que, en el seno de la pareja, la violenciapuede adoptar diversas modalidades que, en síntesis, pueden reconducirse a tres[32]:la llamada violencia de dominio, quees la que se ejercita por un miembro de la pareja con la finalidad de someteral otro; la violencia coyuntural, quees la aplicada por un miembro sobre el otro con motivo de un conflicto puntual;y la violencia cruzada o recíproca,cuando ambos miembros de la pareja utilizan la agresión para resolver susdiferencias. Sólo la primera de ellas es, propiamente, violencia de género, porajustarse a los parámetros establecidos en la Ley 1/2004 y sólo las mujeresafectadas por dicha clase de violencia pueden incluirse en el colectivoespecialmente vulnerable que la agravación penal pretende proteger de modo másintenso.

Por otra parte se ha destacado que, aligual que en la agravante 4ª del art. 22 CP se exige la acreditación de que elautor haya actuado por motivos racistas, antisemitas o discriminatorios conrespecto a la víctima, del mismo modo en los tipos de violencia de género tieneque quedar suficientemente probado que el hombre agredió a su esposa o parejasentimental femenina movido por un móvil de dominio[33].Por consiguiente, lo que caracteriza a los distintos delitos relativos a laviolencia de género es que la conducta objetivamente prevista (lesionar,maltratar, amenazar o coaccionar), al llevarse a cabo en un contexto desuperioridad por parte del sujeto activo, ello determina que dichas actuacionesafecten, asimismo, a la integridad moral de la víctima, que ha sido atacada porser considerada inferior, por lo que el delito de violencia de género presenta“un doble desvalor: a la lesión del bien inmediatamente afectado por elcomportamiento violento se suma la de la integridad moral”[34].

Desde otra perspectiva y en contra de lasprecedentes consideraciones, se ha afirmado sin tapujos que la violenciaejercitada por el hombre contra la mujer reviste mayor gravedad objetiva que laperpetrada en sentido inverso, pues en el primer caso es más frecuente, seproduce por estímulos de menor importancia e, incluso, gratuitos, tiende a reiterarsey resulta más susceptible de generar en la mujer sentimientos de miedo ysubordinación, mientras que, por el contrario, la violencia ejercitada por lamujer contra el varón, aparte de menos frecuente, se produce de forma mucho másaislada y reviste una intensidad menor sin tendencia a perpetuarse[35].Conforme a ello, se afirma que ninguna de las posibles interpretaciones de lospreceptos reguladores de la violencia de género obliga a integrar en ellos unespecífico elemento subjetivo de dominación o discriminación[36].

Y en una posición más matizada, se aduceque una misma conducta objetiva puede tener diversa significación, poniéndoseel ejemplo de que no es lo mismo que un grupo de hombres siga de noche a unamujer que a la inversa, como tampoco tiene el mismo significado tocar el pechoa un hombre que a una mujer, por lo que la incorporación de la variable degénero puede determinar que, ante conductas objetivamente idénticas, se preveanconsecuencias distintas[37].Con arreglo a ello, se aduce que la agresión del varón hacia la mujer reviste,por lo general, un plus de gravedad por el mayor temor que la misma infunde yla más elevada probabilidad de que se produzca un resultado lesivo, en base alo cual se estima equivocada la práctica judicial que, en caso de agresionesrecíprocas entre ambos miembros de la pareja, estima que los doscomportamientos poseen el mismo desvalor pues, por las razones expuestas, laque procede del hombre tendría una mayor potencialidad lesiva, ello aparte deque la mujer es más vulnerable[38].No obstante lo expuesto, se admite que no siempre la conducta del varón tieneque ser objetivamente más lesiva, razón por la cual debe entenderse que el tipoincluye un elemento implícito, consistente en un contexto de dominación, el cualdeberá ser acreditado por la acusación en el proceso, no debiendo configurarse,en cambio, como una presunción “iuris tanum”, pues ello supondría atribuir lacarga de la prueba al imputado trastocando así el principio de presunción deinocencia[39].

Esta última interpretación no me parece admisible. Estimar que,desde el punto de vista objetivo, la agresión de un hombre hacia una mujerreviste más gravedad que la inversa, haciendo abstracción de las particularescircunstancias concurrentes, resulta aventurado. El que los actos de violenciamasculina tiendan, desde el punto de vista estadístico, a reiterarse, noconstituye un argumento de suficiente entidad como para considerar que todaacción violenta de un hombre contra una mujer tenga que ser, forzosamente, másgrave, que la de una mujer contra el varón. Esta argumentación supone atribuiral hombre un “pecado original” –en palabras de uno de los votos particulares ala Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008- del que no pudiera desprenderse.

Porconsiguiente, se considera que la interpretación más correcta es que todaactuación agresiva que se ejerza por el hombre contra quien es o ha sido suesposa o pareja sentimental no deberá integrar, de modo automático, un delitode violencia de género, sino que será necesario además probar laintencionalidad de subyugar o discriminar. Por tanto, la solución que seconsidera más correcta es estimar que para la aplicación de los tipos deviolencia de género deberá concurrir el citado elemento subjetivo, debiendoacreditar su existencia la acusación, no pareciendo admisible, por elcontrario, establecer una presunción “iuris tantum”[40],pues ello implicaría invertir la carga de la prueba en el proceso penal.

Esta es la solución que, como se havisto, han asumido algunas Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo en lassentencias antes citadas, pero al respecto conviene hacer unas matizaciones afin de que no se produzcan resultados injustos, tal y como apuntaba, con sumoacierto, la Audiencia Provincial de Sevilla. Se puede admitir, como aquí sepropone, que los tipos de violencia de género precisan, aparte de larealización de la correspondiente conducta y la relación parental y afectiva deautor y víctima, un específico ánimo de dominación en aquél, que deberá seracreditado en el proceso. Si dicho elemento no logra ser probado, la mayoría dela jurisprudencia opta por degradar el hecho a la falta prevista en el art. 617CP.

Ahora bien, en el caso de una agresiónmutua entre hombre y mujer, desprovista del citado ánimo, si el hombre debe sercastigado por una falta, ¿cómo deberá tipificarse la conducta de la mujer? Anteeste dilema se abren dos posibilidades: la primera, con arreglo al art. 153.2CP, solución que debe ser descartada por la injusticia que supondría en tantola mujer, ante una misma conducta, resultaría sancionada más severamente que elhombre; la segunda, sancionarla por la citada falta del art. 617 CP, pero estoprecisa una justificación dogmática, que podría encontrarse en los argumentosque ofrece la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, antes citada,en el sentido de considerar que también en los casos de violencia doméstica es necesariala concurrencia de un ánimo de dominio o subyugación, por lo que, en el caso dela agresión recíproca entre el hombre y la mujer, estando ausente también enésta dicho elemento la conducta de la mujer también quedaría degradada a falta.

Esta solución no me parece, sin embargo,convincente, pues a diferencia de lo que sucede con la violencia de género, enla que legalmente se exige un móvil de dominación, en lo que concierne a laviolencia doméstica dicho elemento carece de fundamento alguno. La Ley Orgánica11/2003, de 29 de septiembre, que en el art. 153 CP reguló la violenciadoméstica así como sus precedentes, que arrancan del art. 425 introducido porla reforma de 1989, no hacían referencia alguna al mencionado ánimo, lo quetiene su lógica si tenemos en cuenta que el círculo de sujetos a los que serefiere esta clase de violencia es muy amplio, lo que unido a la circunstanciade que no se exige convivencia parece muy forzado requerir que la actuaciónagresiva se haya perpetrado abusando de una posición de dominio, difícil deimaginar en muchos de los casos (por ejemplo, entre cuñados que apenas tienenrelación).

En consecuencia, estimo que en los casosde violencia doméstica no es preciso que la conducta violenta sea manifestaciónde una situación de dominación. Partiendo de ello, cuando se produzca unaagresión mutua entre hombre y mujer, no existiendo en aquél la finalidad desometer a ésta, al no ser de aplicación el art. 153.1 (único que exige eseespecial ánimo de dominio), el varón deberá ser sancionado con arreglo al art.153.2, al igual que la mujer[41],con lo cual se llega a un solución justa y dogmáticamente inobjetable.

[1]Curso de Derecho Penal Español, ParteGeneral, Tecnos, Madrid 2004, p. 17.

[2]CUELLO CALÓN, Derecho Penal, Tomo II(Parte Especial), Barcelona 1955, pp. 630-631.

[3]Sentencias del Tribunal Supremo (en adelante STS) 3-3-1952 y 10-7-1952.

[4]QUINTANO RIPOLLÉS, Comentarios al CódigoPenal II, Revista de Derecho Privado, Madrid 1946, p. 261; PUIG PEÑA, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo IV, Madrid1955,p. 22

[5]SSTS 4-2-1902, 23-4-1904.

[6]Comentarios, op.cit, p. 262.

[7]TAMARIT SUMALLA, Comentarios al NuevoCódigo Penal (Quintero Olivares, Dir, Valle Muñiz, Coord), Aranzadi,Pamplona 1996, pp. 744-745.

[8]MAQUEDA ABREU, <>, en La Violencia de Género en laLey. Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España (coord. LaurenzoCopello), Dykinson, Madrid 2010, pp. 114-115.

[9]TAMARIT SUMALLA, Comentarios, op.cit,p. 745.

[10]BOLEA BARDÓN, “En los límites del DerechoPenal frente a la violencia doméstica o de género”, Revista Española deCiencia Penal y Criminología (en adelante RECPC) 9 (2007), p. 7.

[11]MAQUEDA ABREU, Veinte años, op.cit,p. 119: “No puede decirse, sin embargo, que esa decisión expansiva dellegislador de 2003 siguiera una línea continuista –más o menos cómplice- conlas campañas institucionales abiertamente combativas frente al maltrato en lapareja o, más genéricamente, frente a la violencia contra las mujeres. Más bienparece que las utilizó como pretexto para hacer llegar su reconocida vocaciónpunitivista a un amplio ámbito de relaciones –domésticas o cuasi-domésticas-marcadas por el común denominador de la vulnerabilidad de sus víctimas”.

[12]Posteriormente, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, modificó el art.57.2 del CP en el sentido de establecer, con carácter obligatorio, la pena deprohibición de acercamiento y comunicación entre autor y víctima en los casosde violencia de género y doméstica, lo que ha traído consigo numerososproblemas en los casos, muy frecuentes, de reconciliación, así como cuando elhecho ha sido aislado.

[13]LAURENZO COPELLO, “La violencia de géneroen la Ley Integral: valoración político-criminal”, RECPC 7 (2005), pp. 3-5.

[14]DE PAÚL VELASCO, “Aspectos penales de laL.O. 1/2004: Experiencias de su aplicación”, La Violencia de Género,op,cit, pp. 217-218: “La extraordinaria ventolera polémica sobre laconstitucionalidad de los tipos penales diferenciados, que supera la queoriginó, hace ya más de quince años, la desdichada Ley Orgánica de Protecciónde la Seguridad Ciudadana, se ha motivado simplemente a partir de la exclusivadiferencia de tres meses en el límite mínimo de la pena privativa de libertadasignada al tipo básico de los distintos delitos; olvidando que la penaalternativa de trabajos en beneficio de la comunidad es de igual duración entodos los casos para los hombres y mujeres, que el juego del subtipo atenuadopermite una individualización penológica que reduzca o haga desaparecer en la prácticala desigualdad de trato punitivo y que las penas cortas de prisión, en el casomás frecuente de delincuentes primarios, obtienen de forma sistemática enEspaña la suspensión de su ejecución, como demuestran los estudios efectuados,de modo que la diferencia, para colmo, es las más de las veces más simbólicaque real”.

[15]Por parte de la doctrina se ha justificado tal proceder en una razón de ordeneminentemente práctico, como es la posibilidad de poder adoptar medidas penalesde orden procesal respecto de conductas que, objetivamente, solo eranconstitutivas de falta, Vid. RAMÓN RIBAS, Laprotección frente a la violencia de género: Tutela penal y procesal,Dykinson, Madrid 2009, pp. 44-45.

[16]En esta línea se pronunciaba durante los debates parlamentarios el GrupoParlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes, solicitando seincluyera como circunstancia agravante en el art. 180.1 CP, que la víctima seao haya sido esposa del autor, Vid. BoletínOficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 24-9-2004, p.95.

[17]En el debate parlamentario, el Grupo de Ezquerra Republicana propuso lainclusión de los mencionados supuestos, BoletínOficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 24-9-2004, p.154.

[18]MAQUEDA ABREU, Veinte años, op.cit,p. 122, en relación con este aspecto, afirma que “no es la perspectiva degénero –tan polémica- la que hace criticable la ley sino, precisamente, laausencia de la misma”.

[19] SANZ-DÍEZDE ULZURRUN ESCORIAZA/MOYA CASTILLA, Violenciade Género. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violenciade Género. Una visión práctica, Ed. Experiencia, Barcelona 2005, p. 39.

[20]SUBIJANA ZUNZUNEGUI, “La igualdad y laviolencia de género en el orden jurisdiccional penal. Hacia una estrategiaactuarial en el tratamiento punitivo de la violencia del hombre sobre la mujeren la relación de pareja”, RECPC 12-05 (2010), p. 2.

[21]SSTC 76/2008, de 3 de julio; 80/2008, de 17 de julio; 81/2008, de 17 de julio;82/2008, de 17 de julio; 83/2008, de 17 de julio; 95/2008, de 24 de julio;96/2008, de 24 de julio; 97/2008, de 24 de julio; 98/2008, de 24 de julio;99/2008, de 24 de julio; 100/2008, de 24 de julio.

[22]Fundamento Jurídico 11º: “No se trata de una presunción normativa de lesividad,sino de la constatación razonable de tal lesividad a partir de lascaracterísticas de la conducta descrita y, entre ellas, la de su significadoobjetivo como reproducción de un arraigado modelo agresivo de conducta contrala mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja. Tampoco se trata de queuna especial vulnerabilidad, entendida como una particular susceptibilidad deser agredido o de padecer un daño, se presuma en las mujeres o de que seatribuya a las mismas por el hecho de serlo, en consideración que podría sercontraria a la idea de dignidad igual de las personas (art. 10.1 CE), comoapunta el Auto de planteamiento. Se trata de que, como ya se ha dicho antes yde un modo no reprochable constitucionalmente, el legislador aprecia unagravedad o un reproche peculiar en ciertas agresiones concretas que se producenen el seno de la pareja o entre quienes lo fueron, al entender el legislador,como fundamento de su intervención penal, que las mismas se insertan en ciertosparámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de gravesconsecuencias, con lo que aumenta la inseguridad, la intimidación y elmenosprecio que sufre la víctima”.

[23]Subrayados en el texto original.

[24]LARRAURI PIJOAN, “Igualdad y violencia degénero. Comentario a la STC 59/2008”, InDret Penal 1/2009, p. 15, opina igualmente que el TribunalConstitucional debió hacer una sentencia interpretativa, concretando lossupuestos en que debe ser aplicado el precepto cuestionado. Así lo hizo dichoTribunal en la Sentencia 24/2004, de 24 de febrero, en relación con el art. 563CP en el que se tipifica la tenencia ilícita de armas, declarando que si bienel tipo penal no lo exige de formaexpresa, para que concurra la conducta tipificada en el referido precepto elarma debe poseer una potencialidad lesiva y su tenencia llevarse a cabo encondiciones susceptibles de poner en peligro la seguridad ciudadana.

[25]Esta sentencia contó con el voto particular del Magistrado Julián SánchezMelgar, que precisamente fue el Ponente de la de 25 de enero de 2008, y el cualestima en su voto discrepante que no es precisa la prueba del elementofinalístico de dominio. Dice, al respecto, que “el legislador ha tratado deobjetivar la violencia de género a la ejercida por el varón sobre la mujer, enel ámbito de la pareja, y ello, al parecer, por razones estadísticas ohistóricas. No nos corresponde a nosotros el enjuiciamiento sobre el acierto deese componente sociológico, y es más, a pesar de las razonables dudas deconstitucionalidad de una medida de discriminación positiva en el ámbito penal,el Tribunal Constitucional las despejó en sentido negativo, no sin posturasdiscrepantes en el seno del mismo. Así las cosas, la interpretación delprecepto, cuya aplicación se reclama por el Ministerio Fiscal, no admite, a mijuicio, y con todo el respeto a la decisión mayoritaria, internarse por esoscaminos de una inexistente desigualdad cuando la agresión es mutua, como ocurreen este caso”.

[26]En sentido contrario, BOLEA BARDÓN, RECPC9 (2007), op.cit, pp. 24-25, estima que la regulación de los tipos deviolencia de género no respeta el derecho a la igualdad en tanto una mismaconducta objetiva es caracterizada como delito o falta en función de quien laprotagonice.

[27]LAURENZO COPELLO, RECPC 7 (2005),op.cit, pp. 11-12. De otra opinión, BOLEA BARDÓN, RECPC 9 (2007), op.cit, p. 24, considera que en el ámbito delDerecho Penal no es lícito establecer desequilibrios, por lo que toda medidaque tienda a favorecer a un grupo supone, de modo necesario, un perjuicio a losque quedan fuera de dicha protección.

[28]LAURENZO COPELLO, RECPC 7 (2005),op.cit, pp. 16-17.

[29]LAURENZO COPELLO, RECPC 7 (2005),op.cit, p. 18.

[30]BOLEA BARDÓN, RECPC 9 (2007), op.cit,pp. 22-23.

[31]SUBIJANA ZUNZUNEGUI, RECPC 12-05 (2010),op.cit, pp. 9-10; BOLEA BARDÓN, RECPCP 9(2007), op.cit, p. 25: “El principio de culpabilidad resulta infringidocuando se agrava la pena del autor (hombre) partiendo de que estadísticamentela mayoría de casos de violencia ejecutada sobre la mujer se basan ensituaciones de desigualdad y de dominación del hombre hacia la mujer, sin teneren cuenta otras posibles causas de dicha violencia y, lo que es más grave, sinnecesidad de probar en el caso concreto que se ha actuado abusando de esasituación de dominación y por móviles discriminatorios”.

[32]SUBIJANA ZUNZUNEGUI, RECPC 12-05 (2010),op.cit, p. 5.

[33]RAMÓN RIBAS, La protección, op.cit,p. 21.

[34]RAMON RIBAS, La protección, op.cit,p. 22.

[35]DE PAÚL VELASCO, Aspectos penales,op.cit, pp. 216-217.

[36]DE PAÚL VELASCO, Aspectos penales,op.cit, p. 236.

[37] LARRAURI PIJOAN, InDret 1/2009, op.cit, p. 10.

[38] LARRAURI PIJOAN, InDret 1/2009, op.cit, pp. 11-12.

[39] LARRAURI PIJOAN, InDret 1/2009, op.cit, p. 14.

[40]SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN ESCORIAZA/MOYA CASTILLA, Violencia de Género, op.cit, p. 83.

[41] LARRAURI PIJOAN InDret 1/2009, op.cit, p.15.

Fuente: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=372

El abogado y presunto maltratador Moreno Lara pide defenderse a sí mismo y se aplaza el juicio

2011-12-25T18:02:00.000+01:00

Íñigo Moreno Lara. Abogado

El juicio por la acusación de presunto maltrato machista habitual a su exmujer contra el abogado Íñigo Moreno Lara ha sido aplazado. Estaba previsto que comenzase el 9 de enero próximo (pincha), pero una vez más el abogado ha recurrido a un ardid jurídico, cuya consecuencia en esta ocasión es que su exmujer verá demorarse aún más la acción de la justicia. Mientras tanto, el juez ha impuesto a Moreno Lara una fianza de 16.000 euros.

El abogado Moreno Lara ha solicitado defenderse a sí mismo, lo cual implica que sería él quien interrogaría a su exmujer y a su hija. Eso no puede habérsele pasado por alto al peticionario... La ley protege a las presuntas víctimas de tener que verse las caras con su presunto agresor; sin embargo, la ley española también dice que un abogado en ejercicio puede defenderse a sí mismo (los demás debemos contratar un abogado, aunque no perdemos por ello nuestro derecho a la autodefensa), un derecho que recoge incluso la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta aparente contradicción legal ha llevado al juez a pedir consejo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo (en la noticia que adjunto debajo se sitúa, por error, en Estrasburgo, donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Por su parte, el fiscal del caso recuerda que la ley española prevé que "el juez adoptará las medidas para evitar la confrontación entre el presunto agresor y la víctima". Pero no menciona la reiterada jurisprudencia dictada en la materia que permite a todo acusado defenderse a sí mismo e interrogar a los testigos a través del juez (STC 91/2000 de 30 de marzo en su FJ13, con cita en las STC 37/1988, de 3 de marzo, STC 181/1994, de 20 de junio, STC 29/1995, de 6 de febrero y STC 162/1999, de 27 de septiembre). Al poder hacer preguntas a través del juez, nada impide que Moreno Lara sea su propio abogado, pues no tiene por qué someterse a las presuntas víctimas a un enfrentamiento con el acusado. Pero el juez no ha tenido en cuenta esa jurisprudencia y, al pedir consejo al Tribunal de la UE, pone de relieve la falta de capacitación de los jueces españoles.

Los ciudadanos españoles somos constantemente maltratados por la justicia, que nos niega nuestro derecho a la autodefensa con la mayor impunidad, convirtiéndonos en rehenes de un abogado, única autoridad reconocida en nuestra defensa... Es imprescindible que los españoles sepamos cuáles son nuestros derechos y los exijamos. En los juicios por delitos es obligado tener abogado, pero el acusado, por serlo, puede defenderse por sí mismo y preguntar a los testigos a través del juez. Los acusados pueden intervenir en el juicio y pedir al juez que pregunte a los testigos o a la persona denunciante, si bien el juez puede considerar en algún caso que la pregunta es impertinente. Finalmente, en el derecho a la última palabra el acusado puede exponerse más alegaciones y denunciar todas las irregularidades del juicio. Esto último debería convertirse no ya en una exigencia irrenunciable, sino en un deber ciudadano, pues parece el único modo de que los jueces españoles empiecen a respetar nuestros derechos.

Como me transmite Gabriel Araújo al darme a conocer la jurisprudencia, "hay que terminar con la errónea idea de que el abogado es el titular de la defensa, pues no lo es. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) y también nuestro Tribunal Constitucional (TC)."

STC 91/2000, de 30 de marzo de 2000, FJ13 (pincha aquí y lee el punto 13 de los Fundamentos Jurídicos de la sentencia):

"13. No obstante, nuestra jurisprudencia (SSTC 37/1988, de 3 de marzo, 181/1994, 29/1995, de 6 de febrero y 162/1999, de 27 de septiembre), ha reconocido que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la perspectiva del art. 24 CE y, por lo tanto, que constituye el punto de partida en la fijación del que hemos denominado "contenido absoluto" de los derechos fundamentales que, necesariamente, ha de proyectarse ad extra.
(...) Especialmente significativo resulta al respecto el tenor literal del art. 6.3 c) CEDH, en el que se reconoce el derecho "a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor". Se pone así de manifiesto que el que ha de ejercer el derecho de defensa es el acusado: el Letrado se limita a "asistirle" técnicamente en el ejercicio de su derecho, habiéndose reiterado, tanto por nuestra jurisprudencia (vid. las SSTC antes mencionadas) como por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la opción por la asistencia jurídica gratuita o por la de un Letrado de elección, no puede entenderse como renuncia o impedimento para ejercer la defensa por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo que la defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa.
Merecen destacarse, en tal sentido, las SSTEDH de 16 de diciembre de 1999 (casos T y V contra Reino Unido). En dichas resoluciones el Tribunal Europeo reafirma de modo inequívoco que el derecho del acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus Abogados, interrogar a los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes."

Lo que dice esa sentencia es de absoluto sentido común. Lástima que los jueces (y los propios abogados) hagan de eso un papel mojado... Sólo si uno conoce esa jurisprudencia y la hace valer con coraje puede abrirse paso en la selva judicial española. O intentarlo, al menos. Cuánta indefensión se evitaría si las cosas fueran como dice esa sentencia.

En resumen: tanto si el abogado Moreno Lara es finalmente su propio abogado como si se le obliga a contratar los servicios de otro, él es el titular de su defensa y siempre podrá hacer preguntas a través del juez. Sin embargo, la actitud de la que hace gala habitualmente el señor Moreno Lara puede darle muchos disgustos si finalmente es su propio abogado (pincha). Tal vez ha cometido un error al solicitar tal cosa, pues podría ocurrir que se lo concedieran y fuera él solo quien llevase las riendas de su defensa... Y entonces, desbocado como anda, estaría perdido.

Sevilla / PIDE SER SU PROPIA DEFENSA

Posponen el juicio por malos tratos contra el abogado que acusó a Serrano

M. B. / SEVILLA ABC

Día 24/12/2011

El juez de lo penal número 1 de Sevilla, Antonio Jesús Jiménez, ha decidido posponer el juicio que iba a celebrarse a partir del 10 de enero por malos tratos contra el abogado que acusó de prevaricación al juez Serrano, Íñigo Moreno Lara. Según un auto dictado el pasado 21 de diciembre, el magistrado indica que ha decidido plantear «una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea» porque Moreno Lara ha solicitado defenderse a sí mismo en este proceso. El juez aprecia en esta circunstancia que «la cuestión es de extrema complejidad, existiendo razones jurídicas tanto a favor como en contra de cada una de las alegaciones expuestas». Por una parte, la acusación particular considera que «debe darse prioridad a los derechos de las víctimas, la exesposa y la hija del acusado, derechos que se verían vulnerados de manera grave si se permitiera que el acusado pudiera interrogarlas como letrado directamente en el acto del juicio, lo que daría lugar a una segunda victimización». Por otro lado, Moreno Lara alega que tiene derecho, como letrado en ejercicio, «para defenderse a sí mismo en el procedimiento», según recogen los artículos 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007 y el 24 de la Constitución Española. Finalmente, la Fiscalía sostiene que debe ponderarse el derecho a defenderse frente al de la integridad moral de la víctima, que está amparada por la ley que indica que el juez «adoptará las medidas para evitar la confrontación entre el presunto agresor y la víctima».

Ante estos argumentos, el juez ha decidido pedir consejo a Estrasburgo y retrasar la vista.

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20111224/sevilla/sevp-posponen-juicio-malos-tratos-20111224.html

Pide defenderse a sí mismo en el juicio

Imponen 16.000 euros de fianza al abogado que denunció a juez Serrano, al que juzgarán por maltrato

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ha impuesto una fianza de 16.000 euros al abogado que denunció al magistrado Francisco Serrano por modificar el turno de custodia de un niño de 11 años de edad para garantizar su salida como paje en una cofradía de la 'Madrugá' sevillana, letrado que será juzgado en los próximo meses por un presunto delito de violencia habitual contra su entonces esposa, hechos por los que la Fiscalía le pide tres años de cárcel.

En un auto dictado el pasado día 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio Jesús Jiménez Álvarez rechaza el recurso de reforma interpuesto por el letrado acusado, Iñigo Moreno Lara, contra el auto en el que el juez acordaba imponerle una fianza de 16.000 euros, recordando que "la obligación de abono de la fianza y el importe de la misma venía acordada por el auto de apertura de juicio oral".

El abogado recurrió la imposición de esta fianza al entender que "se basa en afirmaciones gratuitas, estando pendientes de resolver ante el Tribunal Supremo recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal contra los pronunciamientos judiciales de los procesos matrimoniales civiles relativos a la situación patrimonial" del acusado. El juez rechaza el recurso y lo obliga a pagar una fianza de 16.000 euros, ya que los recursos "a los que se refiere el acusado en nada afectan al auto de apertura de juicio oral".

Hay que destacar, igualmente, que el acusado ha solicitado al Juzgado defenderse a sí mismo en el juicio inicialmente fijado para los día 9, 10 y 13 de enero de 2012, lo cual considera "un derecho fundamental consagrado por el artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, así como por la Constitución Española", un derecho "que le permite interrogar personal y directamente a los testigos que declaren contra él".

Según defiende el abogado que denunció al juez Serrano, "el hecho de que se obligue al acusado a nombrar otro letrado que le asista y defienda en el acto de la vista oral vulneraría dichos derechos fundamentales, sin que pueda acudirse a un juicio de ponderación para limitar dichos derechos alegando el que la denunciante pudiera verse afectada por las preguntas que hipotéticamente pudiera realizar el acusado al actuar como su propio letrado".

Tras ello, la Fiscalía se opuso a tal petición, ya que "el interrogatorio al que el acusado pudiera someter a las testigos, a su exesposa y a su hija podría generar una tensión en nada favorable a ninguna de las partes implicadas y al correcto desarrollo de la vista".

"SEGUNDA VICTIMIZACIÓN"

Según el Ministerio Público, "aún cuando es cierto que existe un conflicto entre la facultad conferida al acusado de asistirse a sí mismo como letrado en ejercicio y el derecho de la denunciante a no soportar una segunda victimización, debe atenderse a que el derecho de libre designación de letrado no es un derecho absoluto, sino que puede resultar limitado por otros derechos en conflicto, en este caso la integridad moral de la denunciante".

De su lado, la acusación particular argumentó que "mediante un juicio de ponderación debe darse prioridad a los derechos de las víctimas, la exesposa y la hija del acusado, derechos que se verían vulnerados de manera grave si se permitiera que pudiera interrogarlas como letrado directamente en el juicio, lo que daría lugar a una segunda victimización".

"Aunque admitiendo que sí existiría una limitación del derecho del acusado a designarse a sí mismo como letrado si se le impidiera dicha actuación, ello sólo afectaría de manera leve a su derecho de defensa, ya que podría preparar la vista con otro letrado designado, y siempre tendría el derecho a la última palabra como acusado para intervenir directamente en el pleito", alegó la acusación particular.

EL JUEZ ELEVA LA CUESTIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

En un auto contra el que cabe recurso, el juez ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), suspendiendo de este modo la vista oral contra el acusado, cuya celebración estaba prevista para los próximos día 9, 10, y 13 de enero de 2012. Así, entiende que la cuestión "es de extrema complejidad, existiendo razones jurídicas tanto a favor como en contra de cada una de las alegaciones expuestas".

Así, considera que "es cierto que el derecho del acusado a designarse a sí mismo como letrado es un derecho fundamental, pero surge la duda si es un derecho absoluto, ejercitable siempre y en todo tipo de proceso, o si el mismo puede ser limitado por otros derechos en conflicto". No obstante, señala que "no existe ningún derecho fundamental proclamado como tal de un testigo-denunciante-supuesta víctima de un delito a no ser sometido a interrogatorio directo por parte del acusado designado a sí mismo como letrado".

"Si existiera, bastaría realizar el juicio de ponderación al que se refieren las partes para apreciar cuál de dichos derechos fundamentales debiera prevalecer", agrega el magistrado, quien abunda en que "sí existen en el ordenamiento jurídico diversos preceptos legales que se dirigen a la protección de la víctima, pero ninguno de ellos contempla una limitación expresa y concreta del derecho fundamental del acusado a designarse a sí mismo como letrado, por lo que el derecho fundamental siempre prevalecería".

Por ello, "y ante la falta de regulación en nuestro derecho interno, debe acudirse al derecho de la UE, que sí regula el estatuto de la víctima en el proceso penal", decidiendo el juez elevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-imponen-16000-euros-fianza-abogado-denuncio-juez-serrano-juzgaran-maltrato-20111229143332.html

A la "Defensora del Lector" de EL PAÍS: No confunda a los 'trolls' con los críticos. EL PAÍS censura y manipula

2011-12-25T00:09:00.001+01:00

Milagros Pérez Oliva. Defensora del Lector en EL PAÍS

La Defensora del Lector de EL PAÍS, Milagros Pérez Oliva (pincha), escribe esto en un artículo de opinión titulado Los 'trolls' se apoderan del debate, publicado el 18 de diciembre y siguientes (pincha): "El diario no debe dejarse amedrentar por quienes lo acusan de censura". "Creo que ya habrán podido comprobar que soy una firme defensora del debate plural y de la libertad de crítica, incluida, por supuesto, la crítica al trabajo de los periodistas. Pero una cosa es la crítica y otra el insulto y la difamación. Una cosa es el debate, y otra el griterío".

La última afirmación es cierta, señora. Pero yo creo que ustedes son los responsables de que, como Gabilondo dice, "mucha gente que tiene cosas interesantes que decir haya renunciado a participar en los foros porque, si lo hace, tiene la desagradable impresión de que se mete en un cuadrilátero". Es a ustedes a quienes no les interesa un debate racional. Por eso vienen permitiendo la existencia de 'trolls'. Y ahora ustedes (usted) pretenden utilizar eso para hacerse las víctimas (qué manía), de una forma manipuladora, y para negar así la evidencia: su censura habitual a la crítica y su manipulación de la información.

Aparte de que en el artículo que ha escrito ha omitido ejemplos de 'trolls' que defienden con insultos inadmisibles posiciones muy afines a las de su periódico y a lo impuesto desde el poder como políticamente correcto (a ver si es que sólo hay 'trolls' que opinan algo diferente a ustedes...), resulta como mínimo gracioso que se presente al periódico como una víctima de los 'trolls', cuando dispone de los medios para dar paso o no darlo a los comentarios que sean inaceptables por sus formas. Repito: si los 'trolls' existen en los comentarios es porque de ese modo la crítica racional queda diluida entre el ruido de los 'trolls' de un lado y del otro... Y eso es lo que a su periódico le interesa. Claro que puede ser muy útil identificar al crítico con los 'trolls', ¿verdad? Se ponen unos cuantos ejemplos de insultos proferidos por los 'trolls' de enfrente, dirigidos además a divinidades como Gabilondo o destilando un machismo inmundo... y así ya tenemos demonizado no ya a ese 'troll' en particular, sino al crítico, que es el objetivo real... Ese individuo ('troll', desde ya) que cuando denuncia la censura y la manipulación por parte de EL PAÍS lo que hace en realidad es tratar de "amedrentar" al periódico, ¿no? Pobrecitos, qué penita más grande... Gritemos todos juntos: "los críticos son 'trolls'", "la censura es necesaria", "no es censura, es limpieza", "no nos amedrentarán"...

Pero lo que más me ha llamado la atención y más me ha indignado es que esta señora se presente a sí misma diciendo esto: "Creo que ya habrán podido comprobar que soy una firme defensora del debate plural y de la libertad de crítica, incluida, por supuesto, la crítica al trabajo de los periodistas". Pues no, señora, no... Lo que yo he comprobado es que usted no defiende el debate plural, ni la libertad de crítica ni, por supuesto, la crítica al trabajo de los periodistas. En todo caso, eso es lo que debería hacer usted, pues son las funciones de su cargo. Pero nada de eso es lo que hace. Un ejemplo clamoroso, que merecería un monográfico, es el tratamiento informativo de su periódico a todo lo concerniente con el juez Francisco Serrano. Baste un botón como muestra (pincha). La persecución a este juez por parte de su periódico mediante informaciones sesgadas y los insultos que este ciudadano ha recibido sistemáticamente, proferidos por 'trolls' pero también por gente supuestamente correcta y prestigiosa, en foros y redes sociales, tanto dentro de su periódico como fuera de él, es paradigmática de lo que es el "talante" ideológico que destila EL PAÍS. Pero le pondré cuatro ejemplos de casos en los que usted debería haber intervenido y no lo ha hecho, todos ellos del mes de septiembre de este año (ya ve que no he de volverme loco para encontrarlos). Para que tome nota:

1. En este reportaje, al que usted no ha puesto un solo pero, los profesionales (por llamarlos de alguna manera) de EL PAÍS falsean las causas del suicidio en España y ocultan... sí, sí, ocultan que el 80% de los suicidios en España son protagonizados por varones: http://www.misrizos.blogspot.com/2011/09/el-pais-falsea-las-causas-del-suicidio.html

2. En esta noticia (sobre una resolución del Tribunal Europeo acerca de la legislación española para las órdenes de alejamiento por malos tratos) se cometen tal cúmulo de contradicciones, inexactitudes y tergiversaciones ideológicamente interesadas por parte de los profesionales de su periódico que, a mi juicio, es un caso modélico de malas prácticas periodísticas. Un ejemplo para la posteridad: http://www.misrizos.blogspot.com/2011/09/el-pais-y-montalban-cierran-en-falso-el.html

3. En este reportaje, EL PAÍS llama "asesinato" al aborto de fetos femeninos. Una cosa realmente curiosa, habida cuenta la posición de ese periódico respecto al aborto, en la que no entro ni salgo: http://www.misrizos.blogspot.com/2011/09/el-pais-sirve-al-banco-mundial-y-al.html

4. En esta ocasión se trata de una noticia con un titular obviamente inadecuado. Se llama "padrastro" al asesino de un niño sin que ese apelativo esté justificado en absoluto. Pero es que, además, yo mismo se lo he hecho saber a usted... Y su respuesta resultó francamente patética... Puede leer su respuesta a mi carta, así como mi respuesta (nunca contestada) a la suya en los comentarios de este post, donde las he copiado: http://www.misrizos.blogspot.com/2011/09/el-pais-llama-padrastro-al-asesino-de.html

De manera que su artículo de opinión puede que resulte interesante para algún despistado, al que darán ustedes mucha penita por la presencia de 'trolls' insultantes... Pero quienes les conocemos bien a usted y a su periódico no vemos en su escrito más que un indignante intento de manipulación más. Espero que el control que anuncia respecto a los 'trolls' (ya era hora) sea para los 'trolls' de ambos lados, y que en ningún caso sigan dando cabida, como si tal cosa, a comentarios insultantes contra los varones en general o contra alguna persona en particular por parte de 'trolls' afines ideológicamente a ustedes, ni sirva ese control anunciado como excusa para censurar lo que no tiene nada que ver con los 'trolls', sino con la sana crítica... No estoy seguro de que ustedes tengan del todo clara la diferencia.

MILAGROS PÉREZ OLIVA (Defensora del Lector de EL PAÍS)

Los 'trolls' se apoderan del debate

La participación de provocadores degrada la conversación en determinados espacios de la web. El blog de Iñaki Gabilondo es uno de los más afectados

MILAGROS PÉREZ OLIVA 18/12/2011

"Iñaki, hijo puta", "Iñaki apesta". "Me voy a hacer una paja, ahora vengo". Eran entradas cortas, ni siquiera las más virulentas, y podían leerse el jueves entre los comentarios que seguía al vídeo de Iñaki Gabilondo en elpais.com. ¿Puede permitir este diario que uno de los periodistas más respetados de este país sea tratado de este modo en sus páginas? Creo que no. "Me meo en vuestras igualdades, ahora mismo me voy a que me dé un masaje una amiga que está como un tren y a la que después pondré a cuatro patas, mientras vosotras seguís amargadas hablando de tonterías. Y si hoy con suerte matan a alguna lagarta que se quería quedar con el piso del exmarido, me abriré una cervecita para celebrarlo". Este comentario, sobre el que me advirtió Gema Solanas, se publicó en el blog colectivo de Mujeres y es solo una muestra del tono que tratan de imponer los muchos trolls (provocadores) que frecuentan ese espacio.

El diario no debe dejarse amedrentar por quienes lo acusan de censura

Lamento, queridos lectores, haber tenido que comenzar este artículo de manera tan soez. Pero quería que supieran de qué estoy hablando. Lo he preguntado ya dos veces en esta misma tribuna: ¿Es este el tipo de conversación que quiere propiciar EL PAÍS? ¿Qué creen los responsables del diario que piensan nuestros lectores cuando tropiezan con frases como esas? Gumersindo Lafuente y Borja Echevarría, responsables del desarrollo digital, insisten en que el objetivo es lograr una conversación respetuosa y de calidad. "Es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa, porque cuando es a gritos, ya no es conversación", sostiene Echevarría. "Hemos tomado medidas, pero convencer al lector lleva tiempo", añade Lafuente. Aprecio los esfuerzos hechos, pero muchos lectores siguen quejándose del tono lamentable de algunos comentarios. Me temo que la velocidad y envergadura del desafío excede en mucho la capacidad de los medios habilitados.

Comparto el criterio de que el diario debe abrirse lo máximo posible a la participación. Celebro tambien la nueva iniciativa de la sección de Sociedad de abrir su agenda a los lectores y les invito encarecidamente a participar en ella. Creo que ya habrán podido comprobar que soy una firme defensora del debate plural y de la libertad de crítica, incluida, por supuesto, la crítica al trabajo de los periodistas. Pero una cosa es la crítica y otra el insulto y la difamación. Una cosa es el debate, y otra el griterío.

Al disgusto de los lectores se suma ahora el de algunos periodistas y corresponsales del propio diario. Elvira Lindo tuvo la valentía el domingo pasado de exponer una preocupación que comparten otros colaboradores y periodistas. Los comentarios al videoblog de Iñaki Gabilondo son uno de los exponentes más claros del problema. Gabilondo me ha confesado que ha pensado seriamente en dejar de hacerlo. Que cada vez que entra en el foro y ve el tono del debate, se pregunta si merece la pena continuar. Varios lectores me han escrito en su defensa, entre ellos Jon Guergué, quien el 23 de noviembre me escribió para que interviniera, alarmado tal vez porque, entre los muchos insultos y groserías que reproducía, había una entrada que invitaba abiertamente a agredirle. Este lector considera que lo que ocurre en este espacio no tiene parangón "en ningún otro foro o publicación de calidad", lo cual "deja en muy mal lugar tanto a EL PAÍS como a España".

Más allá del sentimiento que le provoca, Iñaki Gabilondo lamenta la velocidad a la que se está malogrando "una oportunidad tan extraordinaria como la que brinda Internet". "Lo que debía ser una maravillosa plaza pública, un lugar de encuentro y de debate de puntos de vista diferentes, se está perdiendo por el asalto de unos cuantos que, apelando a la libertad de expresión, la están convirtiendo en un gigantesco botellón. Eso me irrita todavía más que el insulto", añade. Gabilondo cree que para que haya debate debe garantizarse que los que quieren debatir tengan oportunidad de hacerlo, cosa que ahora no ocurre. "Mucha gente que tiene cosas interesantes que decir ha renunciado a participar porque si lo hace, tiene la desagradable impresión de que se mete en un cuadrilátero".

Otros periodistas comparten la misma sensación. Juan Cruz, autor del libro Contra el insulto, afirma: "El anonimato ha entrado casi jugando en las redes sociales y en los comentarios abiertos en los medios digitales. Ha degradado la conversación y ha sometido a las personas y a las instituciones al chantaje del insulto, pues no se puede responder a anónimos. Ese es, a mi parecer, el problema más grave".

Timothy Campbell escribió hace ya años un esclarecedor artículo titulado ¿Qué es un troll de Internet?, en el que aborda cómo tratarlos. Algunos los combaten ignorándolos. Otros tratando de atraerlos a su terreno, como hacía el jueves Gonzalo Fanjul en su blog. Pero yo creo que la degradación de la conversación se ha convertido en un problema grave de control de calidad. Si el diario permite que los energúmenos se apoderen del espacio que brinda para la participación, esta será cada vez de peor calidad, porque como ya dije en otro artículo, quienes están interesados en un debate respetuoso, huyen despavoridos.

El ejemplo más claro es el blog Mujeres. Su impulsora, la subdirectora Berna González-Harbour, explica que fue creado para propiciar un debate sobre los problemas de la igualdad. Pero ha sido colonizado por un reducido grupo de machistas recalcitrantes que están degradando el debate. Si otros diarios de calidad han conseguido que eso no ocurra, ¿qué debe hacer EL PAÍS para evitarlo? "Mi experiencia me dice que se ensucia sobre lo que está sucio, y no se ensucia sobre lo que está limpio", sostiene Iñaki Gabilondo. Creo que ahí está la clave de la cuestión.

El primer paso ha de ser, pues, limpiar. Hemos de conseguir que la conversación sea en todo el diario como la que pudimos ver en la entrada ¿Hay un éxodo a Estados Unidos? Es una prueba de que es posible. Pero, para ello, habrá que dedicar más esfuerzo. Los lectores habrán podido apreciar la mejora que ha supuesto el nuevo sistema de control de comentarios a través de Eskup, que exige registro previo para poder participar y que expulsa, previa advertencia, a quien no respete las normas. La herramienta que permite a los lectores señalar como insulto un comentario es muy útil, pues facilita la tarea de los editores. Pero el control es aún deficiente, sobre todo porque las secciones no pueden asumir la carga de trabajo que representa supervisar todos los comentarios.

Hasta ahora, en el sistema controlado por Eskup se ha vetado a 74 participantes. Algunos de ellos se han dirigido a la Defensora para quejarse de que el diario "ejerce una intolerable censura e impide la libertad de expresión". Pero la Defensora lo tiene muy claro: eso no es censura. Simplemente, se aplican las normas de educación y calidad que exige nuestro Libro de Estilo. Creo que el diario no debe dejarse amedrentar por estos argumentos. Ha de dejar claro que no quiere insultos ni descalificaciones, y la forma de hacerlo es no permitiéndolos. Porque por muchas proclamas que hagan sus responsables, si los lectores comprueban que de la noticia para abajo, en muchas ocasiones todo vale, nunca se romperá la espiral de la degradación.

Propongo, pues, que se destinen más medios y se establezcan criterios claros también en el caso de los blogs. En estos momentos hay 104 operativos. Los blogs pueden estar o no abiertos a comentarios. Los abiertos tienen dos posibilidades, el control previo de los comentarios o el posterior. Cuando el administrador no pueda garantizar una vigilancia permanente, sugiero que se adopte el control previo. Y en el caso del videoblog de Iñaki Gabilondo, dada la degradación alcanzada, si la redacción no es capaz de garantizar una supervisión que permita un debate respetuoso y de calidad, como merece su autor, creo que será mejor cerrarlo a comentarios.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/opinion/trolls/apoderan/debate/elpepiopi/20111218elpepiopi_5/Tes

22 años de cárcel para la asesina que ordenó la muerte de Salgado Pimentel tras perder la custodia de su hija por alienarla

2011-12-22T16:29:00.000+01:00

El juicio contra la asesina que ordenó la muerte de Miguel Ángel Salgado Pimentel (pincha) ha concluido con la condena de la acusada a 22 años de cárcel.

Condenan a 22 años a la abogada que mandó matar a su exmarido por la custodia de su hija

EFE Madrid 22/12/2011

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años y medio de cárcel a María Dolores M.P., la abogada que encargó matar a su exmarido en Ciempozuelos (Madrid) por miedo a perder la custodia de la hija que habían tenido en común.

En la sentencia también se ha impuesto una condena de 12 años y medio a Eloy S.B., el dueño de una empresa de seguridad al que la acusada encargó el crimen, mientras que se ha absuelto a Charles Michael G.C., juzgado como presunto asesino de la víctima, Miguel Ángel S.P.

María Dolores, cuya defensa ha anunciado a Efe que recurrirá el fallo, ha sido condenada por los delitos de asesinato con el agravante de parentesco, homicidio intentado y amenazas, mientras que a Eloy se le ha considerado culpable de un delito de asesinato y otro de homicidio intentado.

El tribunal se la sección quince ha declarado probado que la abogada, ante "el temor de perder la custodia" de su hija, concibió "la idea de terminar con la vida del padre".

"No ha quedado acreditado que el procesado Charles Michael G.C. interviniera en los hechos y que fuera la persona que, contratada por encargo de María Dolores" disparara a la víctima el 14 de marzo de 2007, cuando accedía al garaje de su casa, según el escrito.

Los magistrados también han condenado a María Dolores y a Eloy a indemnizar con 300.000 euros a la hija que la víctima tuvo con la condenada; con 100.000 euros, a la pareja sentimental del fallecido en el momento de los hechos, María José S.M., y con 150.000 euros a los padres del fallecido.

La sentencia del juicio, concluido el pasado día 1, recuerda que María Dolores M.P., española igual que el otro condenado, contrajo matrimonio en 1998 con Miguel Ángel S.P. y tuvieron una hija en 2001.

Tras separarse en 2003, María Dolores "trató de apartar a Miguel Ángel de la vida de la hija común", especialmente cuando inició una relación con otro hombre, quien "suplantó la figura del padre", y con quien incluso llegó a proyectar la adopción una vez su exmarido hubiera desaparecido.

Dado que María Dolores "se sentía víctima de una suerte de control judicial en su contra orquestado" por su exmarido, concibió la idea de terminar con la vida del padre de su hija.

Para ello, -sigue el relato de los hechos probados en la sentencia-, María Dolores contactó con Eloy S.B., con quien tenía una relación de amistad y profesional, y le pidió que le buscara una persona para matar a Miguel Ángel.

Si bien en un primer momento Eloy se negó, conforme aumentaban los temores de María Dolores de perder la guarda de su hija y ante la insistencia de ésta, acabó cediendo, especialmente tras notificarse que un informe psicosocial recomendaba que la custodia se encomendara al padre.

Además, dado que la ahora condenada "estaba convencida de que el pleito lo tenía perdido por considerar que el juez era un prevaricador", resalta el escrito, esperó a Miguel Angel a la salida de los Juzgados y con ánimo de atemorizarle le dijo: "te tengo que matar, te tengo que ver muerto".

El 31 enero 2007, Eloy se apostó frente al trabajo de Miguel Ángel en Rivas Vaciamadrid y avisó de su salida a una persona que conducía un coche, contratada por el primero, e intentó sacar de la vía a la víctima.

Finalmente, poco antes de las 19 horas del día 14 marzo 2007, Eloy, en compañía del ejecutor material de los disparos que acabaron con la vida de Miguel Ángel, acudieron al domicilio de éste en Ciempozuelos.

El ejecutor se introdujo en el portal del edificio, Eloy le avisó de la llegada de Miguel Ángel por teléfono y, de forma súbita y sorpresiva, a una distancia inferior un metro y medio la persona que no ha podido ser identificada le disparó tres tiros, el último de ellos en la cabeza.

Fuente: http://www.publico.es/agencias/efe/413565/condenan-a-22-anos-a-la-abogada-que-mando-matar-a-su-exmarido-por-la-custodia-de-su-hija

22 años y medio de cárcel para la abogada María Dolores por el asesinato de su exmarido

La Sala absuelve a Charles Michael G., quien había sido acusado de ser el autor material de los disparos | La Sala absuelve a Charles Michael G., quien había sido acusado de ser el autor material de los disparos

Sucesos | 22/12/2011

Madrid. (EUROPA PRESS).

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años y medio de prisión a la abogada María Dolores M.Pozo como autora de un delito de asesinato cometido contra su exmarido Miguel Ángel S.P., quien murió de tres tiros descerrajados por un supuesto sicario por encargo de la letrada.

En una sentencia notificada hoy, la Sala impone a la acusada 17 años y medio por un delito de asesinato; tres años y nueve meses de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa; y un año y tres meses por amenazas. Asimismo, los magistrados condenan a Eloy S.B. a doce años y medio por un delito de asesinato, con la atenuante de confesión y reparación del daño, y como un intento de homicidio.

Además, la Sala acuerda absolver a Charles Michael G., a quien se acusaba de forma inicial de ser el presunto pistolero a sueldo que disparó los tres tiros. Así, se le exonera de un delito de asesinato, otro en grado de tentativa y extorsión al no dar credibilidad a la inculpación que hizo Eloy, quien le acusó de ser la persona contratada para acabar con la vida de Miguel Ángel.

El pasado 12 de diciembre, Charles Michael G. quedó en libertad tras permanecer tres años en prisión preventiva. Ingresó en la prisión de Alcalá Meco en mayo de 2008 acusado de ser el autor material de los tres disparos que acabaron con la vida de la expareja de la abogada María Dolores M.P., un crimen que se llevó a cabo en mayo de 2007 en su domicilio de la localidad de Ciempozuelos.

La puesta en libertad se produjo a raíz de la deliberación del tribunal que enjuició el pasado mes de noviembre a la abogada María Dolores M.P., a Eloy S.B. y a Charles Michael G. El fiscal pidió que se condenara al supuesto pistolero a 45 años de cárcel.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20111222/54241559333/carcel-abogada-asesinato-exmarido.html

Desde el 9 de enero se juzgará como presunto machista maltratador al abogado que persigue a Serrano

2011-12-21T22:11:00.001+01:00

Íñigo Moreno Lara está negro... el hombre. Aún tenía hinchada la testa de los cabezazos que se dio, autolesionándose, mientras era detenido el pasado lunes día 19 (pincha), cuando al día siguiente, ayer, se publicaba en prensa que va a ser juzgado desde el 9 de enero de 2012 por presunta violencia de género habitual contra su expareja. En la noticia se menciona que durante alguna de sus presuntas agresiones a su exmujer llegó a darse un cabezazo contra la pared. Qué manía, oye...

El fiscal pide para él tres años de cárcel. Más de lo que pide su propia exmujer (21 meses). El juez le ha impuesto 16.000 euros de fianza para cubrir la posible responsabilidad civil. "El letrado presuntamente mantuvo una conducta autoritaria durante la convivencia con la que fuera su esposa, que se vio incrementada cuando ella le planteó la posibilidad de separarse". No me lo puedo de creer...

El abogado que ha perseguido al juez Serrano hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, consiguiendo una inhabilitación de dos años como juez para el enemigo público número uno de la sexista Ley Integral de Violencia de Género; el abogado que ha recurrido al Tribunal Supremo pidiendo 20 años de inhabilitación porque el lobby que le azuza quiere ensañarse con su presa, resulta que se sentará el 9 de enero en la silla de los acusados. Tal vez no considera que la ley que se le va a aplicar sea injusta. Hágase justicia entonces a su gusto. Hasta es posible que en su caso se den los requisitos que definen en rigor (al margen de la sexista ley española) la violencia de género... ¿Quién sabe? El juez es quien determinará los hechos probados y dictará sentencia.

Pero después de ese juicio tiene otros varios pendientes. Lean la noticia que adjunto debajo. Lean, lean...

Me viene a la cabeza ese vídeo tan bello que circula por la red: "Usa protector solar"...

Un letrado del caso Serrano será juzgado en enero por maltrato

I. Comesaña / R. Velis, Sevilla Actualizado 20/12/2011

La Fiscalía le reclama tres años de prisión por un delito de violencia habitual contra su exmujer

Íñigo Moreno Lara, el abogado que representó a la madre que denunció al juez de Familia Francisco Serrano por cambiar la custodia de un menor para que saliera en una cofradía , será juzgado en enero por supuestos malos tratos a su mujer. Una causa por la que se enfrenta a tres años de prisión que le reclama la Fiscalía. La acusación particular solicita 21 meses y él su libre absolución.

El juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 1 los días 9, 10 y 13 de enero por un presunto delito de violencia habitual contra su exmujer. Según explicaron fuentes del caso, el letrado presuntamente "mantuvo una conducta autoritaria durante la convivencia" con la que fuera su esposa, que se "vio incrementada" cuando ella le planteó la posibilidad de separarse.

Ante esta situación, supuestamente le planteó a su esposa que aunque a partir de ese momento hicieran vidas separadas, "mantuvieran una apariencia familiar de unión". Una opción a la que ella se negó, lo que hizo que él "incrementara su agresividad verbal, insultándola con frecuencia" y dirigiéndole frases como "tú no sabes quien soy yo, tú no tienes ni idea de nada, aquí el que tiene dos carreras soy yo".

La situación, siempre según las mismas fuentes, "empeoró día a día", pues el procesado "le daba golpes a las puertas, paredes e incluso llegó a golpearse la cabeza contra la pared en una ocasión". De hecho, el temor que la esposa sufría hacia su marido "hizo que adquiriese una cuña de madera que colocaba cada noche en la puerta de su dormitorio con el fin de que el acusado no pudiera entrar". Unos hechos que tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado como un delito de violencia habitual. El fiscal reclama por el mismo tres años de prisión, además de dos faltas; mientras que la exmujer le solicita 21 meses. El juez le ha impuesto 16.000 euros de fianza para cubrir la posible responsabilidad civil.

Esta no es la única causa que el letrado tiene pendiente, pues el Juzgado de Instrucción 17 tiene abierta otras diligencias, según fuentes judiciales, a raíz de una denuncia que la Fiscalía interpuso contra él por su actuación en el procedimiento de divorcio de su mujer. La Fiscalía le denunció por calumnias y perturbación del orden público ante las acusaciones que vertió el abogado contra el fiscal del caso.

A esta se une la investigación abierta después de un altercado con la Policía Nacional ocurrido el pasado 15 de diciembre, que acabó con la detención del abogado y su posterior puesta a disposición judicial. Fuentes policiales explicaron que el letrado se enfrentó a los agentes, e incluso empleó la fuerza contra uno de ellos, al acudir a asistir a una cliente.

El letrado también intentó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigara a la jueza de Violencia contra la Mujer que llevaba la instrucción de los supuestos malos tratos por los que será juzgado en enero. Moreno interpuso una querella por detención ilegal y por prevaricación, que el TSJA archivó. El propio TSJA acordó en la sentencia contra el juez Serrano incoar expediente contra el letrado por su comportamiento durante el juicio, del que incluso fue expulsado por "proferir gritos" y frases "vejatorias".

Fuente: http://www.elcorreoweb.es/sevilla/sucesos/137271/letrado/caso/serrano/juzgado/enero/maltrato

Detenido el abogado Íñigo Moreno Lara por enfrentarse a funcionarios de policía

2011-12-19T19:34:00.001+01:00

Íñigo Moreno Lara. Abogado de la acusación contra el juez Serrano

El abogado Íñigo Moreno Lara ha sido detenido hoy por la policía en Sevilla. Moreno Lara había sido avisado por una cliente para que se personase en el lugar donde los hijos menores de esta mujer se encontraban, en circunstancias que habían requerido la presencia policial. Parece ser que el abogado acudió acompañado de una mujer que, si bien según la prensa era "su médico particular", en realidad era nada menos que Isabel Hinojosa, la mujer que denunció al juez Serrano y amiga de esta otra cliente del abogado.

Fotografía tomada en la red social facebook

Moreno Lara mostró su estilo prepotente ante los funcionarios policiales, que habían sido alertados por el padre de los menores (de los que tiene la custodia) ante el presunto acoso que sufría por parte de la madre de los niños y de un familiar de ésta... Y claro, una cosa es faltarle al respeto al juez Serrano o a los padres separados españoles (pincha) con el beneplácito del Gobierno, y otra muy distinta es hacer eso con la autoridad policial. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía dependen del Ministerio del Interior, del Gobierno...
Durante el jaleo, al parecer el señor Moreno llegó a autolesionarse mientras gritaba que querían matarle. Una cosa bastante rocambolesca, histriónica y desagradable, como nos tiene acostumbrados. Los delirios de grandeza tienen estas cosas. Le habían hecho creer que era inmune. Pero no era eso, Moreno. No era eso...

Como curiosidad, queda anotado que la médico que acompañaba al abogado (su médico "particular") en este suceso es a su vez no ya "la médico de la madre que denunció al juez Serrano y cuyo caso lleva este abogado", sino la propia madre que denunció al juez Serrano. Cuyo abogado que se ve que está dispuesto a todo cuando sus clientes son madres que pelean con sus exmaridos en los tribunales. Todo un caballero, ¿verdad? Si no fuera porque rema a favor de la corriente, y no en contra (la parte débil está en el otro lado), y porque más que valiente parece desbocado. De modo que le veo más bien como un trincón demelenado al que se le ha ido la olla, no sé si definitivamente. Qué imagen está dando, ¡dios mío!... Con lo orgullosas de él que estaban algunas...

Sucesos

Detenido por un altercado con la Policía el abogado de la madre que denunció al juez Serrano

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Íñigo Moreno Lara, el abogado de la madre que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por un delito de prevaricación tras modificar el turno de custodia de su hijo de once años de edad, ha sido detenido este lunes por miembros del Cuerpo Nacional de Policía después de que el letrado, presuntamente, se enfrentase a unos agentes de dicho cuerpo de seguridad e incluso emplease supuestamente la fuerza contra uno de ellos, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

En concreto, y según tales fuentes, un equipo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habría protagonizado este lunes una intervención en materia de menores de edad cuando la madre de los niños en cuestión habría requerido la presencia del abogado. Personado este abogado en el lugar de actos, y siempre según las citadas fuentes policiales, el letrado se habría "enfrentado" a los funcionarios e incluso habría empleado supuestamente "la fuerza" contra uno de los agentes, extremo que desencadenó su detención y posterior puesta a disposición judicial.

Íñigo Moreno, como es sabido, es el abogado de la madre que denunció al conocido juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por un delito de prevaricación, tras modificar dicho juez el turno de custodia de su hijo de once años de edad para garantizar su salida como paje en una cofradía de la 'Madrugá' sevillana. El juez Serrano, por tales hechos, fue condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación culposa.

Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-detenido-altercado-policia-abogado-madre-denuncio-juez-serrano-20111219172801.html

Sevilla

La Policía detiene al abogado que acusó de prevaricar al juez Serrano

El letrado tuvo un supuesto enfrentamiento con agentes de la autoridad el pasado día 15

A. G. R. / SEVILLA

Día 20/12/2011

La Policía detuvo el pasado 15 de diciembre a Íñigo Moreno Lara, el abogado de la madre que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por un delito de prevaricación tras modificar el turno de custodia de su hijo para que pudiera salir en una cofradía. Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía consultadas por este periódico, el letrado se enfrentó, presuntamente, a varios agentes e incluso habría llegado a recurrir a la violencia con uno de ellos.

Todo ocurrió el día 15 tras una llamada efectuada por un padre que tiene la custodia de sus hijos a la Policía denunciando que estaba siendo acosado por su exmujer y su exsuegro. Al personarse en el lugar de los hechos, concretamente en la zona de Sevilla Este, los agentes detectaron un coche de la marca Ford en el que estaban las dos personas denunciadas por el citado padre. Inmediatamente la madre de los niños llamó a su abogado, Moreno Lara, que se trasladó hasta ese lugar en un taxi procedente de Los Remedios en compañía de una mujer que, según el atestado, sería su médico particular. Según las fuentes policiales, el letrado se habría colocando delante del patrullero acusando a los agentes de quererle atropellar. Además, Moreno habría empleado «la fuerza» contra uno de ellos, que habría presentado un parte de lesiones de la clínica de Fátima, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

El asunto ha recaído en el juzgado de instrucción número 11, que decretó libertad para el abogado con los cargos de resistencia a la autoridad, desobediencia y atentado a agente de la autoridad. Tras los hechos, Moreno Lara solicitó un «habeas corpus» que fue denegado por el juez.

En el atestado policial también se recoge la identidad de la médico que le acompañaba, que casualmente coincide con la de la madre que acusó al juez Serrano. Asimismo, se aclara que el letrado fue atendido en el Hospital Virgen del Rocío y que participaron tres patrullas de Policía para reducirlo. Por su parte, Moreno aseguró a Efe que va a denunciar a los policías por «detención ilegal».

Íñigo Moreno, como es sabido, es el abogado de la madre que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por un delito de prevaricación. No en vano, el magistrado fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a dos años de inhabilitación por prevaricación culposa.

Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20111220/sevilla/sevp-policia-detiene-abogado-acuso-20111220.html

Detenido por agredir a un policía el abogado que denunció al juez Serrano

El letrado insultó y golpeó a un agente y se encuentra en libertad con cargos

R. S. | Actualizado 20.12.2011

La Policía Nacional ha detenido al abogado que denunció al juez Francisco Serrano como presunto autor de delitos de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia, después de que protagonizara un altercado en el que llegó a agredir a uno de los funcionarios policiales, según informaron a este periódico en fuentes judiciales.

El suceso se produjo el pasado jueves, día 15, cuando el letrado I. M. L. acudió con una clienta -distinta a la que denunció al juez Serrano- hasta el domicilio de su ex marido y avisó a la Policía porque, según la mujer, no le dejaban ver a sus hijos. Un patrullero de la Policía Nacional se presentó de inmediato. A la llegada de los agentes, el abogado comenzó a "darles órdenes" y a insultarles. Los funcionarios hablaron con el padre de los menores, quien comentó a los agentes que la madre podría ver a sus hijos cuando finalizara el tiempo de visita establecido en el convenio de separación. Con estas explicaciones, la Policía dio por solucionado el problema y se marchó del lugar, no sin antes producirse un nuevo incidente con el abogado, quien se habría llegado a tirar delante del vehículo policial para evitar su marcha, además de negarse a identificarse ante el requerimiento policial.

Tan sólo unos minutos después de marcharse de la zona, el mismo patrullero recibió un aviso de la Sala de guardia de la Policía informando de que había un abogado que requería la presencia policial en el mismo domicilio, por lo que los funcionarios regresaron. Al llegar estos agentes fueron recibidos con nuevos insultos por el letrado I. M. L., quien llegó a agredir a uno de los funcionarios, momento en que fue reducido y detenido. El letrado, según precisaron las fuentes consultadas, llegó a autolesionarse, dándose un cabezazo, y no paraba de proferir gritos de "asesinos" y afirman que "querían matarle". Ante las lesiones que se había provocado él mismo, el abogado fue conducido al hospital, donde continuaron unos incidentes de los que hay varios testigos presenciales y que han sido grabados por las cámaras de seguridad del centro.

Tras su detención, el letrado solicitó un habeas corpus -procedimiento por el que un detenido solicita que un juez examine la legalidad de su arresto-, que fue rechazado. Al final, I. M. L. quedó en libertad con cargos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió en octubre pasado un expediente de corrección disciplinaria a este abogado con motivo del juicio al juez Serrano, después de que el abogado insultara a otro letrado y por dar voces y puñetazos en la mesa durante las sesiones de la vista oral.
Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1143021/detenido/abogado/denuncio/juez/serrano.html

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid previene de nuevo contra las interferencias parentales

2011-12-17T13:45:00.002+01:00

Jose Manuel Aguilar Cuenca. Psicólogo

En la web del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, cargo actualmente ocupado por Arturo Canalda -pincha-, podemos encontrar (diciembre de 2011) una guía para evitar daños en los menores tras las rupturas en la pareja. No se menciona la expresión "Síndrome de Alienación Parental" (SAP), que sí aparecía en la guía que esa institución madrileña publicó en 2006 bajo el mandato de Pedro Núñez Morgades (pincha), pero esta concesión al feminismo superficial y totalitario no evita que sí se aluda directamente en esta nueva guía a las interferencias parentales, a sus responsables y a los daños que esa clase de "maltrato psicológico" produce.

Guía del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ante las rupturas de pareja (pincha):

"Los dos grandes problemas que debemos evitar, si queremos que nuestros hijos se vean afectados en la menor medida posible por la ruptura, son: implicarles en el conflicto adulto e INTERFERIR sus relaciones con cualquiera de sus figuras de cuidado y afecto". (...) "El segundo problema se produce cuando uno de los padres, habitualmente el que es el titular de la custodia de los niños, entorpece la comunicación y el tiempo de estancia del otro con sus hijos comunes. (...) Todo lo anterior no son sino muestras de falta de respeto hacia la necesidad que sus hijos tienen de mantener el vínculo con ambos progenitores. Todas esas estrategias generan sentimientos negativos a los niños, conflicto de lealtades y, en los casos más extremos, pueden llevarles a rechazar estar con el otro progenitor, con tal de no verse en esa situación y satisfacer así los deseos del padre que a esto les obliga. Presionar a los hijos emocionalmente para que elijan o lleven a cabo estas conductas no es sino un tipo de maltrato psicológico que no podemos aceptar." (Jose Manuel Aguilar Cuenca. Psicólogo).

La existencia de alienación parental es actualmente indiscutible (pincha).

Negar la existencia de alienación parental, como vienen haciendo el Gobierno del PSOE, el Consejo General del Poder Judicial (controlado por el dedo de ese partido) y el lobby del feminismo superficial (que les dicta a ambos sus dogmas) es intolerable y roza el delito, si es que no pasa esa línea con claridad.

Para los negacionistas, y para quienes deseen saber quién es quién en este debate, recomiendo la lectura detenida de los comentarios que se hacen en el post que añado inmediatamente como enlace. Repito: no me refiero al post, sino a los COMENTARIOS que se incluyen al finalizar el mismo. En esos comentarios se desarrolla un debate muy clarificador, donde se aprecia quiénes se ocultan en la ideología o el prejuicio y quiénes despliegan información empírica y argumentación racional en busca de la verdad y la justicia (pincha). No dejen de leerlo, porque es verdaderamente sobresaliente. Extraigo de entre los comentarios de ese enlace uno de ellos, por dos razones: 1. porque en el post donde aparece como comentario fue cortado (hummm...) por el administrador "debido a su extensión", y sólo tenemos acceso al mismo tras ser reenviado en un enlace por su autor (Roberto); y 2. porque es una joya en sí mismo que conviene guardar aparte (pincha).

La Plataforma Ciudadana por la Igualdad llama a TODAS las asociaciones a unirse al CCT

2011-12-14T22:57:00.000+01:00

Correo e-mail difundido desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI):

Para: Junta Directiva, Comité de Notables,Delegados, Oficinas de Madrid, Valenciay Sevilla, secretarías jurídica, de comunicación, de universidades, internacional y de financiación,y asociaciones de afectados.

Queridos todos,

Después de varias rondas de conversaciones con muchos representantes deasociaciones de afectados, se adjunta el SEGUNDO INFORME DE AVANCES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CCT, así como susreglas de funcionamiento modificadas,intentando que se hayan recogido las orientaciones y sugerencias recibidas.

Segundo informe de avances para la constitución del CCT (pincha)

Normas de funcionamiento del CCT, modificadas (pincha)

Estimamos que todo será mejorable, pero que esta es la fórmula actual, más adecuada, para constituir esta Coordinadorapara avanzar en la deseada unidad deplanteamientos y estrategias. Animamos por tanto, de nuevo, a toda entidad de afectados a que sesume al proyecto, en el que llevamostrabajando los últimos meses.

Se introduce un plazo, hasta final del presente año 2011, para recibir nuevas adhesiones, transcurrido el cual iniciaremoslas conversaciones para la constituciónde la mesa representativa (vicepresidencias, vocalías...), otros trámites constituyentes, la definición de las prioridades para 2012, y el inicio de lostrabajos de consenso.

Recibe un saludo muy cordial, y te rogamos que difundas e invites a sumarse al proyecto a las asociaciones de lasque tengas conocimiento.

Atentamente,

Fernando Otero Alvarado
Secretario-PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD
http://plataformaporlaigualdad.es
Mail: manifiesto@plataformaporlaigualdad.es

Código Penal. Para la secta que promueve la censura y para quienes la practican o piensen hacerlo

2011-12-12T20:23:00.003+01:00

Habida cuenta las constantes campañas que promueven la censura y los continuos ataques a la libertad de expresión e información que tienen lugar en España, especialmente contra cualquier crítica que se intente hacer a las leyes de "género" (en particular a la Ley de Violencia de Género) o contra cualquier intento de difusión de la impunidad con que hoy se producen las alienaciones parentales en España, es necesario recordar que el Código Penal español dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

TÍTULO XXI.DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN.

CAPÍTULO IV.
DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS.

SECCIÓN 1. DE LOS DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN.

Artículo 510.

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.

Artículo 511.

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Artículo 512.

Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

Artículo 513.

Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:

Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

Artículo 514.

1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1 del artículo anterior y los que, en relación con el número 2 del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada.

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

Artículo 515.

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.
Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
Las organizaciones de carácter paramilitar.
Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.

Artículo 516.

Artículo 517.

En los casos previstos en los números 1 y 3 al 6 del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:

A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.
A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 518.

Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1 y 3 al 6 del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Artículo 519.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.

Artículo 520.

Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código.

Artículo 521.

En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años.

Artículo 521 bis.

SECCIÓN 2. DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS Y EL RESPETO A LOS DIFUNTOS.

Artículo 522.

Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses:

Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos.
Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar la que profesen.

Artículo 523.

El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar.

Artículo 524.

El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 525.

1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

Artículo 526.

El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

SECCIÓN 3. DE LOS DELITOS CONTRA EL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.

Artículo 527.

Artículo 528.

CAPÍTULO V.
DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

SECCIÓN 1. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL.

Artículo 529.

1. El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado.

Artículo 530.

La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

Artículo 531.

La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 532.

Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 533.

El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

SECCIÓN 2. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA Y DEMÁS GARANTÍAS DE LA INTIMIDAD.

Artículo 534.

1. Será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales:

Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.
Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.
Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.

2. La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 535.

La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

Artículo 536.

La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

SECCIÓN 3. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA OTROS DERECHOS INDIVIDUALES.

Artículo 537.

La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Artículo 538.

La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años.

Artículo 539.

La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho a doce años y multa de seis a doce meses.

Artículo 540.

La autoridad o funcionario público que prohiba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.

Artículo 541.

La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Artículo 542.

Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html

Defensores de la Ley de Violencia de Género. ¿Desmemoriados, tontos o tiranos?

2011-12-09T20:22:00.001+01:00

Felipe Pérez del Valle, junto a Azucena González. Ambos, abogados del ICAL aceptados en la CPI

Felipe Pérez del Valle, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de León (ICAL) y abogado (consejero) de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), desde 2005 (pincha), ha publicado hoy, 9 de diciembre de 2011, un artículo de opinión en El DIARIO DE LEÓN titulado ¿El Olvido de la Ley de Violencia de Género? El artículo trata sobre algunas, sólo algunas, de esas cosas que "se olvidan" constantemente cuando se habla de esa ley...y que hay que "recordar" (más bien, explicar, ante un interlocutor siempre sorprendido, ignorante y reacio a razonar) una y otra vez como si el interlocutor fuera no ya desmemoriado, sino tonto o simplemente un tirano...

Lo explicaremos las veces que haga falta. Lo haremos con métodos alternativos, mientras el interlocutor lo requiera, (pincha), dada su contumacia, incompetencia, negligencia y/o mala fe. Y exigiremos responsabilidades a todos y cada uno de los implicados en esta silenciada vulneración de los derechos humanos individuales de los varones por razón de su sexo.

TRIBUNA

¿El olvido de la ley de violencia de género?

FELIPE PÉREZ DEL VALLE. Abogado del I.C.A. de León 09/12/2011

Han pasado más de seis años desde la entrada en vigor el 29 de junio del 2005 de los efectos penales de la Ley de Violencia de Género. Ya puede analizarse con detalle la eficacia práctica de la ley y comprobar las consecuencias para los hombres que en algún momento de su vida tuvieron una relación de afectividad con una mujer.

Un primer dato que asusta es que en estos seis años de datos estadísticos se han registrado 1.095.753 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género; significa que un 6% de los hombres mayores de 18 años ha sido imputado.

Este elevadísimo número de acusados deriva de una ley que pasó a considerar delito conductas realizadas por hombres contra sus parejas o exparejas que con anterioridad eran simples faltas, y que se promulgó a pesar de que España estaba por debajo de la media europea y mundial en muertes por violencia de género. En una noticia de 3 de mayo del 2010, publicada en la página web del Observatorio de Violencia se decía que «España es uno de los países del mundo donde menos mujeres son asesinadas por sus parejas».

También se olvida que una parte considerable de los delitos que trata de prevenir se producen en la población extranjera (víctimas y agresores), respecto de la cual las medidas educativas no han tenido ninguna influencia, al haber venido a España en edad no escolar. De hecho, del total de asuntos incoados por violencia de género en el periodo 29 de junio del 2005 a 31 de diciembre del 2009, el 69,4% de las víctimas tenía nacionalidad española, y el 30,6% nacionalidad extranjera. Según datos del Instituto Centro Reina Sofía «el 71,91% de los feminicidas de pareja son españoles y el 28,09% restante extranjeros, procedentes, principalmente, de países iberoamericanos y de la UE». Se refiere a datos del año 2000 al 2009. A partir del 2008 supera el 36%.

De ambas circunstancias olvidadas se deriva una sanción severa para el español por hechos encuadrados en violencia de género causada de manera importante en el ámbito de otras culturas, y sin tener en cuenta que en las culturas que se dice más avanzadas, el feminicidio es más alto (países nórdicos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido). A pesar de ello, la Ley española es la más perjudicial para el hombre.

Otro olvido importante de la aplicación de la Ley de Violencia de Género es que más de la mitad de ese millón noventa y cinco mil hombres han pasado por una dependencia policial como detenidos; de esta mitad, la mayor parte de ellos una noche en un calabozo. Curiosamente no existen datos estadísticos publicados a este respecto, quizás porque asustaría el comprobar un número tan elevado y en buena parte desproporcionado para la entidad del delito objeto de acusación: más del 60% de los delitos instruidos tiene su causa en la supuesta comisión del delito de lesiones del artículo 153 del Código Penal, es decir, causar menoscabo psíquico o lesión no constitutiva de delito, o maltrato sin lesión, que antes de la Ley de Violencia de Género era falta.

El dato más olvidado en los medios de información y en los innumerables organismos públicos que se han creado ex profeso para luchar contra una parte de la violencia, la que afecta a la mujer, es que cerca de ¡la tercera parte de los hombres no son condenados!, y a los cuales, en materia penal, no se les compensa, indemniza o se les pide perdón por sus padecimientos derivados de la detención policial, estancia en un calabozo policial, sometimiento a un procedimiento penal e incluso prisión; en el ámbito civil, no pueden recuperar el tiempo que les privaron de estar con sus hijos, con sus amigos, en su domicilio, y por supuesto no se hace la misma publicidad de su absolución que de su detención, ni siquiera se procede a la cancelación automática de sus antecedentes policiales y reseña policial tras el sobreseimiento o sentencia absolutoria.

Se olvida, pues, que el número de sobreseimientos y sentencias absolutorias en los 6 años comprendidos entre la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género y el 30 de junio del 2011 asciende a la cifra de 359.583 casos, el 32,81% de los procedimientos.

Debe destacarse el número tan elevado de sobreseimientos o supuestos en los que ni siquiera el hombre llega a juicio (241.834), de los cuales 4.384 en el año 2009, 5.251 en el año 2010 y 2.781 en el primer semestre del 2011 fueron sobreseimientos libres, es decir, no hubo delito —lo que puede equivaler a denuncias falsas—. Un olvido imperdonable que merece destacarse es que la mitad de los hombres que celebraron juicio en los Juzgados de lo Penal, donde se enjuician el mayor número de casos por delitos, fueron absueltos, exactamente en estos 6 años de datos estadísticos judiciales, el 47,71% de los hombres que sufrieron un juicio en el Juzgado de lo Penal fueron absueltos.

Se olvida finalmente que cuando se interpone una denuncia por una mujer contra su pareja o expareja entran en funcionamiento de manera mecánica los protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el hombre: se produce su detención de forma inmediata, sin realizar una mínima investigación acerca de si el hecho denunciado tuvo lugar de verdad o sobre la participación del denunciado. Se detiene al hombre y punto, sin comprobar las justificaciones que pueda dar sobre su inocencia. Consecuencia de ello es el elevado número de sobreseimientos judiciales.

Nunca en la historia judicial española se ha producido un número tan elevado de procedimientos penales y, ni mucho menos, un número tan elevado de no condenados, de inocentes que no son compensados. Ante estos datos oficiales solamente cabe la modificación de la ley.

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/el-olvido-de-ley-de-violencia-de-genero-_652274.html